El curso escolar más extraño desde 1986-87 y sus masivas huelgas estudiantiles está a punto de concluir, y aún no se sabe mucho sobre cómo será el próximo. La “nueva normalidad” obliga a retomar la actividad laboral en los centros de trabajo, y ahora más que nunca los centros educativos desvelan su función de espacios de cuidados mientras las familias trabajan. Una función tan o más importante que la puramente educativa. Y es que si las aulas no abren, muchos padres y madres no pueden volver a sus lugares de trabajo y la economía por lo tanto se paraliza. El Gobierno ha dado indicaciones a las comunidades autónomas para que faciliten a partir del 25 de mayo el retorno del alumnado a las clases presenciales, pero con unos centros de enseñanza a medio gas, para guardar las distancias y evitar aglomeraciones. El retorno será voluntario, tal y como ha pasado en otros países europeos. Se priorizarán a aquellas familias que no pueden acompañar en casa a sus hijos menores, así como a los estudiantes de segundo de Bachillerato, que deben realizar la EBAU a finales de junio.
En un escenario de total incertidumbre y para el que no existen precedentes, la consejera de educación, Carmen Suárez, ha adelantado dos posibles opciones para prevenir un nuevo brote de contagios en colegios e institutos: turnos rotativos en unas aulas desinfectadas, y más enseñanza online. La pregunta ahora es cómo se va a implementar este plan
Los sindicatos reclaman más medios para afrontar una situación imprevista, pero que está poniendo al descubierto las debilidades del sistema educativo y de cuidados. Borja Llorente, secretario general del sindicato de enseñanza de CCOO de Asturies, considera que la administración quiere solucionar el problema a coste cero: “piensan que esto se resuelve poniendo una cámara que te grabe mientras das las clases desde el aula”. En su opinión garantizar una buena calidad educativa es incompatible con soluciones “low cost” así, que se alejan de la atención especializada, y que podrían llevar en el futuro a un retorno a las aulas masificadas, pero en versión online. Para Llorente es por lo tanto fundamental reforzar la contratación de profesoras y profesores.
6.000 estudiantes de la escuela pública no cuentan con conexiones o equipos informáticos en sus domicilios
Desde SUATEA se ha criticado el regreso a las aulas antes de septiembre, una medida que según el sindicato podría abrir la posibilidad a un nuevo brote de contagios. Desde este mismo sindicato se rechaza “combinar los planes de trabajo elaborados para desarrollar las labores docentes por ordenador con el posible retorno de parte del alumnado a los centros”. SUATEA también critica que este retorno a las aulas no sea uniforme y obligatorio, sino que tenga un carácter voluntario. “Con todas las consecuencias, se retorna o no se retorna, pero no caben posiciones intermedias en esta cuestión. Y nos reafirmamos en no retorno”, afirman desde el sindicato. SUATEA también señala que el profesorado asturiano, “además de teletrabajar, tiene que afrontar su propia conciliación familiar”.
CCOO no se opone frontalmente a la reapertura de los centros, pero considera que cuando se retorne debe hacerse con las máximas condiciones de seguridad. Según su secretario general de enseñanza, de cara al 25 de Mayo va a ser imposible elaborar protocolos de seguridad e higiene adaptados a las particularidades de todos y cada uno de los colegios e institutos de Asturies. Por ello piden más tiempo para que el retorno se haga con las medidas de seguridad imprescindibles.
Tanto SUATEA como CCOO han reclamado al Principado que se movilicen todos los interinos necesarios para afrontar una situación que por su complejidad requiere incrementar las plantillas de profesores y profesoras, y critican que en lugar de tirar de las bolsas de interinos se esté sobrecargando de trabajo a los docentes, y dejando así desatendidos a muchos alumnos. El sindicato de enseñanza de CCOO de Asturies considera prioritario “que se realicen todas las sustituciones necesarias para asegurar que el conjunto del alumnado sea atendido adecuadamente, y mucho más, teniendo en cuenta la brecha digital existente entre el alumnado: la propia Consejería estima que 6.000 estudiantes de la escuela pública no cuentan con conexiones o equipos informáticos en sus domicilios”. En opinión de la federación de enseñanza: “no cubrir las vacantes existentes supone incrementar, de modo injustificado, el número de alumnos/as que no pueden seguir las clases en la actualidad, dado que deja a multitud de grupos de estudiantes sin docentes que se encarguen de la su formación a distancia”.
