A través de un comunicado, los Comités de Empresa de las factorías asturianas de ArcelorMittal han informado del calendario de movilizaciones. Desde el 20 de mayo hasta el 30 de junio, se harán paros a distintas horas y repartiendolos entre los diversos turnos. Con esta movilización distribuída, los sindicatos tienen por objetivo mantener en el tiempo su capacidad de presión a la empresa para la retirada del ERTE por causas económicas y productivas, que la multinacional siderúrgica quiere imponer unilateralmente.
ArcelorMittal ya tenía activado un ERTE desde el 2009 con condiciones relativamente ventajosas para la plantilla que se viese afectada. Pero desde que empezó el confinamiento la empresa ha intentado por todos los medios aprovechar la coyuntura para abaratar y flexibilizar a la plantilla.
El 18 de marzo AM intentó activar un ERTE de fuerza mayor en línea con la legislación de emergencia puesta en marcha por el Gobierno, pero la Dirección General de Trabajo rechazó este expediente por considerar que no había justificación suficiente para el mismo.
Tras este tirón de orejas del Gobierno, la Dirección de ArcelorMittal en España decide volver a la carga, anunciando su intención de pasar a un ERTE por causas económicas y productivas más duro, acompañado de medidas de presión empresarial como la paralización de las inversiones, entre 50 y 100 despidos en una primera oleada y la ya tradicional campaña del miedo entre la plantilla.
Los sindicatos consideran que estas medidas, que suponen un recorte salarial del 35%, son excesivas. Según CCOO podría hacer perder a cada trabajador una media equivalente a 1000 euros brutos mensuales, sin contar con la merma en pagas extraordinarias y vacaciones. Desde la CSI se critica que la solicitud del ERTE forma parte de la permanente petición de fondos públicos por parte de la multinacional. Para UGT la propuesta de la empresa es “una auténtica tomadura de pelo”.
Como alternativa, las organizaciones sindicales consideran que se puede negociar y trabajar sobre la base del ERTE de 2009, en caso de que la situación económica lo requiera.
