La industria siderúrgica española lleva más de 20 años privatizada, pero no por ello ha dejado de recibir fondos públicos. Arcelor-Mittal, empresa heredera de ENSIDESA, Altos Hornos de Vizcaya y Altos Hornos del Mediterráneo, propietaria de factorías en Asturies, País Vasco y País Valenciá, y propiedad del millonario anglohindú Lakshai Mittal, recibió el pasado año más de 15 millones de euros del Estado como parte de las llamadas ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2. ¿Qué son estas ayudas? Se trata de un tipo de subvención autorizada por la UE para proteger a las industrias implantadas en Europa de la competición con sus homólogas en otros países menos exigentes en materia medioambiental. De este modo los países europeos subvencionan los precios de la energía de la industria más contaminante para evitar una fuga de empresas hacia estados con legislaciones medioambientales más permisivas. El año pasado España gastó 171 millones de euros en estas subvenciones al sector industrial.
No es la única vía por la que el gigante del metal recibe fondos de la administración española. Entre 2016 y 2019 Arcerlor-Mittal Investigación y Desarrollo S.L, la división del grupo dedicada al I + D, recibió 46.285.474 euros para sus centros de investigación. Los centros de I+D de Arcelor-Mittal se encuentran ubicados en Avilés y Sestao. La mayor parte de esas ayudas públicas procedieron del Principado, que mima el centro avilesino de I+D, un valor en alza dentro del grupo, y que ha pasado en una década de ocupar a 24 personas a emplear a 282 trabajadores. Asturies también ha apoyado la actividad de Mittal a través de otras ayudas y préstamos del Instituto para el Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA). Mittal emplea a más de 5.500 personas en Asturies y supone una de las locomotoras de la economía regional. Una deslocalización supondría un golpe casi mortal para la región. La empresa lo sabe y juega velada o abiertamente con esta posibilidad cuando surge algún conflicto, como el que ahora le enfrenta con los trabajadores, que rechazan el ERTE impuesto por la empresa después de alegar importantes pérdidas en el primer trimestre de 2020.
La entrada de capital público en el accionariado de Arcelor-Mittal daría un mayor control sobre las decisiones estratégicas de la empresa
Desde PODEMOS Asturies se ha reclamado al Gobierno autonómico un cambio en las relaciones con la empresa. El partido propone que las ayudas económicas dejen de ser a fondo perdido y se transformen en acciones en manos del Estado central o la autonomía, como sucede en Baja Sajonia, estado regional de Alemania, propietario del 20% de las acciones de Volkswagen. Para la formación morada, la entrada de capital público en el accionariado de Arcelor-Mittal daría un mayor control sobre las decisiones estratégicas de la empresa, y contribuiría a reducir incertidumbre sobre su futuro. Esta fue la propuesta planteada la pasada semana en el parlamento autonómico por su portavoz, Lorena Gil. Desde el PSOE, Adrián Barbón no quiere por ahora hablar de nada que suene a nacionalizaciones, si bien ha alegado que es una cuestión que excede la capacidad del Principado, y que correspondería en todo caso al Gobierno nacional tomar esta decisión.
El laberinto fiscal de Mittal
El importante apoyo público que recibe Arcelor-Mittal de España no se corresponde con la contribución fiscal de la empresa. El Grupo ArcelorMittal está compuesto por varios centenares de sociedades repartidas por todo el mundo. La principal o matriz de toda ellas, Arcelor-Mittal S.A, tiene su sede en Luxemburgo, país miembro de la UE, y que no figura en su listado de paraísos fiscales, pero que a efectos prácticos funciona como uno de ellos, según la ONG Intermon Oxfam. Adentrarse en el laberinto fiscal de empresas filiales que componen el grupo internacional, líder en la producción de acero, no es tarea fácil. La fundación Compromiso y Transparencia suspende a la empresa a la hora de aportar información sobre las ayudas públicas que recibe y los países en los que tributa. La revista La Marea en un reportaje sobre las finanzas del magnate informaba que en 2016 el grupo tenía 128 sociedades ubicadas en nichos o paraísos fiscales como Barbardos, Islas Vírgenes Británicas, Bermudas o Delaware.
El acuerdo alcanzado por el Gobierno, los sindicatos y la patronal la pasada semana establece que las empresas que tengan su domicilio en paraísos fiscales no podrán acceder a la prolongación pactada para los ERTE por fuerza mayor. El Ministerio de Yolanda Díaz ya ha rechazado el anterior ERTE, de fuerza mayor presentado por la empresa. Ahora la empresa plantea un nuevo Expediente, pero por causas objetivas: alega 1.035 millones de pérdidas entre enero y marzo. Los sindicatos rechazan el recorte salarial que supondrá la medida de ajuste, y ya han anunciado paros.
No meter mucho la gambita con Arcelor, tienen unos sueldos buenísimos, y van a acabar con la gallina de Oro, entre Podemos y los sindicatos.
Hay que documentar más las noticias para hacer esas afirmaciones. 40 de los 46 millones ni los ha dado el Principado, sino CDTI; ni son a fondo perdido, sino un préstamo a devolver en 10 años.
Menudas chorradas dices. Tu has visto lo que paga en impuestos Arcelor en este país? Además de sus trabajadores, y de la riqueza que genera de manera directa e indirecta. Por ideas como las tuyas se estará destruyendo empleo y no llega inversión. Vais a conseguir la mísera en este país, seguid así.