“En la sanidad privada trabajamos con platillas mínimas y nuestras condiciones no tienen nada que ver con las de la sanidad pública”. Habla Samuel Mosquera, técnico especialista en medicina nuclear en una clínica privada de Madrid, delegado sindical de CCOO y presidente del comité de empresa. “Decimos que nuestra sanidad es una potencia mundial, pero llevamos una década recortando la sanidad pública y construyendo hospitales que entregamos a la gestión privada. Por eso la epidemia nos ha golpeado con tanta fuerza” apunta Mosquera.
La pasada semana se hizo público que este año el Premio Princesa de Asturias de la Concordia recaerá en “los sanitarios españoles en primera línea contra el Covid-19”. “Expuestos a una alta y agresiva carga viral, su entrega incondicional, haciendo frente a largas jornadas de trabajo sin contar, en ocasiones, con el equipamiento y los medios materiales adecuados, según quejas de organizaciones profesionales y sindicales del sector, representa un ejercicio de vocación de servicio y de ejemplaridad ciudadana”, se lee en el acta de la Fundación.
El jurado del premio está formado por una retahíla de apellidos célebres, títulos nobiliarios y grandes fortunas: Alicia Koplowitz, Ignacio Ybarra Aznar, Luis Fernández-Vega Sanz, José Manuel Entrecanales Domecq o Juan Miguel Villar-Mir, marqués de Villar-Mir desde hace una década por obra y gracia de su buen amigo Juan Carlos I. Como indicaba hace unos días un artículo en estas mismas páginas, el empresario es “un viejo conocido de los movimientos en defensa de la sanidad pública” y uno de los “grandes beneficiados del proceso de privatización de la sanidad”.
La constructora OHL ha levantado más de 150 hospitales de nueva planta en todo el mundo (Estados Unidos, Canadá, Chile, República Checa o Irlanda) que suman unas 60.000 camas. El negocio hospitalario de OHL en nuestro país ha sido especialmente próspero en la Comunidad de Madrid, donde la empresa se hizo con la gestión de varios hospitales al calor de la privatización impulsada por Esperanza Aguirre. Madrid es a día de hoy la comunidad con menor ratio de camas-2,7 por cada mil habitantes- y ha perdido más de 3000 trabajadores sanitarios desde 2001.
Los periodistas Gorka Castillo y Miguel Mora, en un reportaje publicado en CTXT con el título “¿Quién manda en la privatizada sanidad madrileña?”, explican el funcionamiento de la “fórmula de la colaboración público-privada (CPP), fuertemente impulsada en tiempos de Aguirre para abrir en canal el sector sanitario al mercado libre” que tantos beneficios le ha reportado a Villar Mir. “Los servicios son gestionados por empresas privadas con contratos de explotación de 30 años, lo que supone un sobrecoste anual para las arcas públicas cercano al 15%”, escriben los periodistas.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública detalla en un comunicado que “en todas las concesiones de nuevos hospitales se han repetido los mismos problemas: se multiplica entre cuatro y siete veces su coste, irregularidades en la adjudicación de las concesiones, recortes en edificios y equipamiento, deterioro en la calidad de los materiales, sobrecostes no contemplados en los contratos, retrasos en la entrega de los centros, contrataciones de personal amañadas, trampas y sobreprecios en la publicitación e información al público, etc”.
Adjudicaciones sospechosas
No han faltado las polémicas en las adjudicaciones a OHL de la construcción de hospitales. Tal vez la más sonada fue la del Hospital de Son Espases, en Mallorca, licitada en 2006 por 778,4 millones de euros. Se trata de la mayor obra pública ejecutada durante el mandato del expresidente balear Jaume Matas, actualmente en prisión. Aunque en un principio la empresa de Villar Mir iba a hacerse con la construcción del hospital y su gestión durante treinta años, finalmente fue ACS, de Florentino Pérez, quien se llevó la adjudicación después de que saltasen las sospechas de un amaño en el proceso.
La por entonces consejera de Salud balear, Aina Castillo, confesó que Matas le había dado indicaciones para que OHL, empresa donante del PP, se llevara la obra. La propia Castillo, así como el exdirector el Servicio de Salud y el mismo Matas, fueron condenados por la operación. Sin embargo, Villar Mir ni siquiera fue llamado a declarar. Como escribió el periodista Felipe Armendáriz en Diario de Mallorca, “no se ha conseguido aclarar por qué el president Matas delinquió en favor de Villar Mir. Faltan capítulos en la historia (…) Pero se ha notado la ausencia, estrepitosa, de la multinacional OHL que estuvo a punto de beneficiarse con la mayor obra pública de Baleares, la construcción del hospital de referencia y su mantenimiento y explotación durante 30 años, un proyecto por el que el Govern ha pagado más de mil millones de euros”. La concesión de la obra a ACS tampoco alteró demasiado el resultado. La empresa de Pérez también figura en los apuntes del ex tesorero del PP.
Algo parecido a lo sucedido en Baleares ocurrió en 2014 con el Hospital de Toledo, cuando María Dolores de Cospedal sacó a concurso la obra, por valor de 1700 millones de euros, y la única oferta presentada fue una UTE integrada por OHL, Acciona y las empresas Melchor Mascaró y Llabres Feliú, ambas implicadas también en el hospital mallorquín.
“OHL ha sido la constructora que levantó varios hospitales en la Comunidad de Madrid, pero ya no gestiona ninguno”, explica Samuel Mosquera, portavoz de CCOO Sanidad Privada en Madrid, “ganaron mucho dinero con la construcción del hospital de Villalba, de Valdemoro y de Torrejón de Ardoz, pero luego le traspasó la gestión a otras empresas: Acciona, Sanitas, Quirón o Ribera Salud”. OHL hoy se concentra en la limpieza de un buen número de hospitales y centros de salud, y en los llamados “servicios de atención a las personas”: servicio de atención a domicilio, gestión de residencias de mayores y pisos tutelados. ¿Qué pinta un constructor gestionando esos servicios públicos? El médico Javier Padilla lo tiene claro: “la gestión de servicios públicos ofrece un negocio seguro y estable para las empresas de la construcción, sin los altibajos del sector”. Según Padilla, autor del libro sobre la privatización sanitaria “¿A quién vamos a dejar morir?” , el Premio Princesa a los sanitarios insiste en la tendencia abierta durante el confinamiento de hablar de “héroes”, en lugar de trabajadores con derechos, y sobre todo de ocultar bajo una capa de reconocimiento superficial “la necesidad de una mejor redistribución de los recursos en beneficio del sistema público de salud”.
Otro patrono de la Fundación Princesa, Florentino Pérez, ha tenido también bastante que ver con la privatización de la sanidad madrileña. Como Villar Mir Pérez construyó hospitales públicos a cambio de su gestión. En 2014 el empresario, principal accionista de ACS vendía el hospital público Puerta de Hierro-Majadahonda a un fondo de inversión. Cuenta Samuel Mosquera que estas empresas “se han ido pasando los hospitales de unas a otras. El de Torrejón, por ejemplo, estuvo gestionado hasta hace dos años por Sanitas, que se lo pasó a Ribera Salud. Los únicos que se mantienen desde el principio con sus hospitales son los de Quirón Salud”. CCOO, sindicato de Mosquera denunció la semana pasada que la Comunidad de Madrid ha sacado a licitación la limpieza de más de 30.000 metros cuadrados del Hospital Gregorio Marañón cuando el centro tiene cerca de 600 profesionales en plantilla que se ocupan de la limpieza.
La frontera entre sanidad pública y privada se ha ido borrando en los últimos años, y algunos de los que en la entrega de los Premios Princesa aplaudirán a los sanitarios, han participado activamente en difuminar esa línea divisoria.
