El SIDA supuso un enorme retroceso para la liberación sexual iniciada en los años 70 con el feminismo, la generalización de los anticonceptivos y el nacimiento de las primeras organizaciones LGTB. Poco duraría la alegría por los nuevos derechos conquistados. Una década después de que el incipiente “movimiento de liberación homosexual” lograra sacar del código penal de muchos países de todo el mundo las relaciones entre personas del mismo sexo, la pandemia del VIH golpeaba con fuerza a la comunidad gay. Mientras las muertes se sucedían y el miedo se expandía de forma más veloz que el virus, los enemigos de la liberación sexual establecerían una relación malévola, interesada y altamente homóbofa entre el derecho al disfrute del cuerpo, el contagio y la muerte. Recordemos que los primeros textos sobre el SIDA llegarían a referirse a la enfermedad, aún muy desconocida, como el “cáncer gay”. El coraje y la inteligencia de los activistas gays permitiría al movimiento a sacar fuerzas de flaqueza, reorganizarse y lanzar entre finales de los 80 y la década de los 90 una exitosa contraofensiva por los derechos de las personas enfermas de VIH, marginadas por los gobiernos y los sistemas sanitarios, y en defensa de la comunidad LGTB , estigmatizada como peligro para la salud pública. Si en 1904 Lenin escribía aquello de “un paso adelante, dos pasos atrás”, en este caso sería al revés: “un paso atrás, dos pasos adelante”. El movimiento saldría de la pandemia reforzado y dispuesto a alcanzar nuevos objetivos.

Tino Brugos, historiador y uno de los fundadores en 1992 de XEGA, señala que en los “años negros” de la pandemia los enfermos de VIH se morían sin ningún tipo asistencia legal para sus parejas. Personas que habían convivido juntas durante mucho tiempo se encontraban con que “no pintaban nada” ante médicos, familiares, administración, caseros o bancos, en muchos casos a la intemperie y directamente en la calle, expulsados de sus casos. En ese contexto, “Jordi Petit y la gente de Barcelona propusieron levantar un acta notarial de que esas personas convivían juntas para que así pudieran tener algún derecho” señala Brugos. De esa propuesta se daría el paso a otra más abiertamente política: reivindicar un registro de “parejas de hecho”, tanto homosexuales como heterosexuales. Vitoria-Gasteiz, gobernada por José Ángel Cuerda, un político del PNV muy heterodoxo, sería la primera ciudad española en abrir ese registro. Posteriormente seguirían el ejemplo otras ciudades y finalmente comunidades autónomas. Algunas de estas leyes, como la asturiana, ya se abrirían a la posibilidad de que estas parejas pudieran acoger, que no adoptar, a menores.

En 1996, Xente Gai Astur, un colectivo muy joven, fundado solo cuatro años antes, introduciría en el movimiento LGTB del conjunto de España una propuesta rompedora: ir más allá de la reclamación de las parejas hechas y hablar sin tapujos de matrimonio igualitario. Brugos apunta que en aquel momento cada asociación iba por su cuenta y no existía demasiada coordinación territorial entre las distintas propuestas. Construir un consenso en torno a la reivindicación del matrimonio igualitario llevaría tiempo y esfuerzo por parte de los activistas más convencidos de que ese era el camino. En Asturies se daría un primer paso en ese sentido. En los encuentros federales del movimiento LGTB, celebrados en 1997 en Xixón, la asociación asturiana haría campaña dentro del movimiento por el matrimonio igualitario, una propuesta que por aquel entonces parecía demasiado utópica e irreal, ya que XEGA hablaba incluso de exigir el derecho a la adopción de parejas gays y lesbianas con las mismas condiciones que las heterosexuales. Brugos señala que en aquel encuentro estuvo alguien que luego sería importante para esta historia, el abogado Pedro Zerolo, posteriormente presidente de COGAM, el colectivo LGTB de Madrid, más tarde concejal socialista madrileño y un importante dirigente del PSOE. Ambas entidades, XEGA y COGAM, serían claves en orientar a la nueva Federación Estatal de Gais y Lesbianas de la lucha por una ley estatal de parejas de hecho, a una ley de matrimonio igualitario. Para Boti García, actual directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTB, y destacada activista del colectivo madrileño, apostar por el matrimonio suponía apostar por una igualdad plena, en lugar de mantener a las personas LGTB en una legislación especial.

Para Brugos aquella reivindicación inicialmente marginal se terminaría convirtiendo en uno de los ejes centrales de una nueva generación de activistas LGTB que llevarían al movimiento a ganar visibilidad y espacio público, así como a buscar alianzas parlamentarias con una izquierda en la que se estaba produciendo una renovación generacional de la mano de políticos como José Luis Rodríguez Zapatero y Gaspar Llamazares, más sensibles a asumir las reivindicaciones de las minorías sexuales y apostar decididamente por el matrimonio igualitario. En opinión de este activista, hoy retirado de la primera fila del movimiento, “el matrimonio permitió acumular fuerzas a los colectivos LGTB y encontrar un elemento en común”. Tan solo algunos grupos queer muy minoritarios se mantendrían al margen de esta reivindicación por considerar que suponía una legitimación de la institución matrimonial y una asimilación del mundo LGTB a las convenciones heterosexuales. Según Brugos la negativa del PP a ofrecer una alternativa “light” al matrimonio igualitario, como pudo ser la Ley de uniones civiles de Francia, o el matrimonio sin adopción portugués, mantuvo al movimiento cohesionado y unido en torno a la reivindicación del matrimonio, finalmente aprobado, hace ahora 15 años, en la primera legislatura de Zapatero. El 3 de julio de 2005 España se convertía tras Holanda y Bélgica en el tercer país del mundo en reconocer el derecho al matrimonio de gays y lesbianas.

Preguntado por los políticos de derechas que hoy viven con naturalidad su orientación sexual y que hacen uso del matrimonio igualitario rechazado en su día por el PP, Brugos confiesa que no puede reprimir “cierta indignación”, tanto por aquellos que se callaron, mientras los activistas luchaban por sus derechos, como sobre todo por los que siendo gays o lesbianas llegaron a poner su firma en el recurso de inconstitucionalidad. Para Brugos “es verdad que hubo homofobia en la izquierda, pero también es cierto que se ha redimido con creces peleando por los derechos LGTB. De la derecha que primero se opuso y luego terminó celebrando con mucha hipocresía la boda de Maroto, con un sarao por todo lo alto, no se puede decir lo mismo”.