El 31 de diciembre de 2018 toda la minería de carbón deficitaria debería haber cerrado en España. Ecoloxistes n’Aición d’Asturies denuncia sin embargo que varias empresas mineras beneficiarias de las ayudas públicas aprobadas para el cierre de las minas en 2018 mantienen abiertas las explotaciones en lugar de haber usado los fondos recibidos para aquello que habían sido asignados: financiar el cierre de los pozos mineros. Paco Ramos, de Ecoloxistes n´Aición, considera que a la vista de que varias explotaciones continúan activas, estas empresas se han gastado las ayudas públicas recibidas en mantener las minas abiertas, por lo que deben devolver las subvenciones que obtuvieron en el Plan de Cierre de la Minería de Carbón No Competitiva. “Si querían mantener las minas abiertas, como ha pasado en Alemania, podían hacerlo, pero no acogiéndose a ayudas públicas cuyo destino era el cierre”, señala Ramos, uno de los responsables de energía en Ecologistas en Acción.
La organización ecologista pone cuatro ejemplos de este fraude a costa del dinero reservado en los Presupuestos Generales del Estado para el cierre de explotaciones mineras deficitarias: el Pozu Nicolasa, de HUNOSA, la mina de Miura, en Tormaleo, Ibias, propiedad de Coto Minero Cantábrico, y la de Pola de Gordón, que su propietaria, Hullera Vasco Leonesa, pretende alquilar a la multinacional NMR, con instalaciones en el puerto de El Musel, en Xixón. Según Ecoloxistes n’Aición las autoridades autonómicas son conocedoras de este fraude, y en algunos casos incluso lo han alentado. Es por ello que los ecologistas ha puesto en conocimiento de la Comisión Europea y del Ministerio de Hacienda sus dudas acerca del cumplimiento de la Decisión del Consejo 2010/787/EU sobre ayudas estatales para facilitar el cierre de las minas no competitivas, “exponiendo hechos y datos que ponen en cuestión el cumplimiento con las condiciones del Plan de Cierre por determinadas empresas”. De confirmarse las denuncias de Ecoloxistes las empresas deberían devolver las ayudas públicas entregadas por el Estado español al haberlas usado para fines que no se están cumpliendo.
