Asturies tiene un problema de vivienda, no de “okupación”

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y forma parte del consejo de redacción de Nortes.

Una supuesta ola de “okupación” recorre España, a tenor de la prensa y los medios conservadores, que alertan de un fenómeno que estaría en crecimiento y para el que reclaman “mano dura”. El pasado día 23 ABC titulaba su editorial “Frenar la impunidad de los okupas”, cargaba tintas contra los populistas, que jalean la “okupación”, “travistiéndola de conquista social”, y advertía que “en determinados barrios de España, donde la okupación se ha convertido en norma, muchos vecinos pueden decidir tomarse la justicia por su mano ante la ceguera dogmática de las instituciones”

También algunos medios asturianos se han apuntado en los últimos días a la moda de las noticias truculentas sobre “okupas” que se quedan impunemente con viviendas y locales de pequeños propietarios. Si vamos sin embargo a las cifras oficiales del Ministerio de Interior la región no destaca en “okupación”: 129 casos en cinco años. Si bien en 2019 este delito ha aumentado, se mantiene en unos umbrales muy bajos para una comunidad con 83.000 viviendas vacías. En lo que vamos de año solo se han producido 20 ocupaciones ilegales en toda Asturies. La insistencia de los medios en hablar del problema de los llamados “okupas”, contrasta con el perfil bajo de las informaciones sobre los problemas habitacionales de una comunidad en la en la que, según el Conseyu de la Mocedá del Principau d´Asturies, un 81% de los jóvenes menores de 30 años viven con sus padres, y 111.000 familias asturianas tienen problemas de vivienda: el 24,4% de la población asturiana según datos de Caritas.

Edificio en venta en La Felguera. Foto: Iván G. Fernández.

Asturies no se ha librado de la subida del precio del alquiler que ha afectado a toda España en los últimos años, y que solo la reciente crisis parece haber frenado tímidamente. En 2019 se produjeron 1.000 desahucios, en su mayoría por impago de alquiler. El precio medio de un alquiler en la comunidad es de 580 euros y la oferta, tanto pública como privada es escasa: únicamente el 13,8% del mercado inmobiliario asturiano se destina al alquiler. Aunque las ayudas del Principado al alquiler pidan como requisito rentas que no superen los 500 euros, en la práctica resulta cada vez más difícil para una familia alquilar una vivienda en las principales ciudades asturianas por menos de 600. En Xixón, la ciudad con la vivienda más cara de todo Asturies, el precio del alquiler subió en 2019 un 10 %. Casi 7 puntos más que en el conjunto de España. Esta subida del precio de los alquileres contrasta con la escasa acción del Principado en materia de vivienda. El Gobierno de Asturias ha concedido este mes 1.152 ayudas extraordinarias al alquiler para tratar de paliar los efectos de la pandemia. Había recibido 7.420 solicitudes.

¿Qué hace el Principado?

El problema de la vivienda parece haber desaparecido de la agenda política asturiana. Si a principios del siglo XXI, durante los años anteriores a la crisis, con los gobiernos del PSOE e IU, el Principado llegó a construir más de 400 viviendas públicas al año, desde 2010 el presupuesto autonómico para nueva vivienda pública se ha venido recortando hasta llegar al extremo de que en 2020 el gobierno autonómico no licitará nuevas promociones. Una vez finalizadas las obras pendientes en Uviéu, Muros del Nalón y Siero, no están previstas nuevas edificaciones públicas, tal y como se refleja en los últimos presupuestos autonómicos. Tampoco está presupuestado el arreglo de las más de 300 viviendas públicas vacías que permanecen cerradas por no estar en condiciones para ser habitadas. A esto se suman las recientes denuncias de los vecinos de una de esas promociones, la de Pumarabule, en Siero. La Asociación de Vecinos La Malpica denuncia el mal estado de unas viviendas que gestiona VIPASA, la empresa pública del Principado, así como los precios desorbitados de la nueva promoción pública, de 36 viviendas, aún pendiente de finalización tras sucesivos retrasos en las obras.

Los vecinos de Pumarabule, Siero, se manifiestan junto al edil de Somos Siero y el diputado de Podemos, Rafa Palacios.

Hoy por hoy la subvención al alquiler se ha convertido en la única política de vivienda del Gobierno asturiano. Aún así, en 2018, fecha de la última convocatoria pública, se rechazaron 4.385 solicitudes de personas que cumplían todos los requisitos para disfrutar de una ayuda al alquiler. Casi tantas como se beneficiaron de las subvenciones. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Uviéu denuncia que el Proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales Básicas no reconoce la vivienda como un derecho garantizado, sino como una simple prestación. Eso significa que su acceso está condicionado a la existencia de dinero suficiente en los presupuestos autonómicos. Tanto IU como Podemos han propuesto que el acceso a la vivienda se convierta en un derecho subjetivo reconocido por Ley, como sucede con el salario social.

Desde la PAH de Uviéu se reclama que Asturies elabore una Ley autonómica que “consagre la vivienda como un derecho subjetivo y exigible ante los tribunales”. Desde este colectivo se denuncia que el parque de vivienda pública asturiana, que no llega al 2% del total, se encuentra “muy lejos de la media europea (15%), y en todo caso absolutamente insuficiente para dar respuesta a las necesidades de los hogares en riesgo de exclusión, como demuestran las listas de espera para acceder a una vivienda social”.

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