Las organizaciones sociales saludan unos presupuestos expansivos, pero piden ir más allá en justicia fiscal

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

La música de los próximos PGE, los primeros del Gobierno de coalición PSOE-UP, gusta a las organizaciones sociales asturianas, per en cuanto a la letra hay matices. José Manuel Zapico, secretario general de CCOO de Asturies, destaca que sean unos “presupuestos expansivos que apuesten por reforzar la sanidad , mejorar la enseñanza y la I+D+i”. En opinión del líder del principal sindicato asturiano “las cuentas estatales, que acaban de presentar hoy desde el Gobierno central, son una buena base presupuestaria para lo urgente que es ganar la batalla al virus, y para lo importante que es reducir las desigualdades”. No obstante, Zapico critica lo insuficiente de la reforma fiscal propuesta: “en España solo el 0,5% de los contribuyentes declaran más de 100.000 euros al año”. Para el secretario general de CCOO de Asturies queda pendiente que el Gobierno cumpla sus compromisos con la industria asturiana y que se concrete más la regulación de los alquileres. “Que los hogares españoles tengan que dedicar el 67% de sus ingresos al alquiler es una aberración que hay que corregir” ha señalado el líder del sindicato.

Jose Manuel Zapico en una concentración de trabajadores de ArcelorMittal en Trasona. 15 de enero de 2019. Foto: Alisa Guerrero

Héctor Colunga, de Mar de Niebla y del nodo asturiano de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza, considera que “en una primera impresión, y a falta de profundizar más, los presupuestos suenan bien”. Colunga ve positivos los avances en Ingreso Mínimo Vital, políticas de empleo y de vivienda. También señala como un paso adelante “que se eliminen los techos de gasto” y que los ayuntamientos puedan gastar más. También Álvaro Granda, presidente del Conseyu de la Mocedá del Principáu d`Asturies aplaude la futura regulación de los alquileres, pero considera que “es necesario ir hacia un sistema impositivo más justo”. El presidente del CMPA también ve necesario que se aborde la reforma del Ingreso Mínimo Vital, para que llegue a todos los hogares que lo necesitan.

Héctor Colunga, director de Mar de Niebla. Foto: Mar de Niebla.

Desde la PAH ven positivo el aumento de la inversión en vivienda y la promesa de una legislación para regular el precio de los alquileres. Su portavoz en Oviedo, Pilar Lobo, considera que además es necesario suspender todos los desahucios y que las medidas de apoyo a los inquilinos sean verdaderamente ágiles: “estamos en octubre, y siguen sin resolverse las ayudas al alquiler de abril. La gente lo está pasando muy mal”. Alejandra Tejón, sindicalista de CSI en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Xixón, considera muy positivo que se apueste en los próximos PGE por la atención individual en las casas como alternativa a las residencias de ancianos, y cree que el siguiente paso es lograr que estos cuidados sean gestionados de forma pública y no por grandes empresas.

Protesta de las trabajadoras de atención a domicilio en Xixón. Foto: Alex Zapico/404 Comunicación Popular.

Entre los sindicatos educativos satisfacción con el aumento del presupuesto en educación, pero con matices. Tino Brugos, de SUATEA, saluda que se rompa con los presupuestos heredados del PP, “que haya nuevos PGE es en sí mismo positivo”, pero critica que se siga subvencionando con grandes partidas de dinero público a la educación concertada: “no parece que este gobierno se vaya a atrever a tocar los conciertos educativos”. En CCOO Borja Llorente señala que “aunque se dan incrementos importantes en algunas políticas compensatorias como las de becas, que es algo positivo, los presupuestos siguen sin abordar la infrafinanciación del sistema educativo, que no ha recuperado aún el nivel de gasto previo a la anterior crisis económica”. Para el líder del sindicato de enseñanza hay que ir más allá en la convocatoria de plazas públicas para acabar con la interinidad del profesorado y “reducir las ratios de modo que los centros educativos sean espacios suficientemente seguros, cosa que con agrupamientos de 25 estudiantes en la ESO y 30 en bachillerato, no es posible actualmente”.

Ana Andrés, presidenta de CODOPA. Foto: Iván G. Fernández.

Ana Andrés, presidenta de la Coordinadora Asturiana de ONGD´s confía en que el Gobierno cumpla su promesa de llegar al 0,5% de la Renta Nacional Bruta para cooperación al desarrollo al término de la legislatura. Serían 5.600 millones de euros. Para la portavoz de las ONGD´s asturianas “la crisis del Covid19 es global, y de ella solo saldremos cooperando”. Andrés critica que mientras la Solidaridad Internacional se llevó el año pasado 2.378 millones de euros, Defensa tuvo un presupuesto de 20.050 millones de euros. “Solo el avión de guerra Eurofighter se ha llevado 12.000 millones. ¿Dónde están las prioridades?” se pregunta la presidenta de CODOPA que indica que la cooperación al desarrollo española lleva 10 años de recortes y está a la cola de la UE.

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