La noticia saltaba hace unos días, cuando Podemos comunicaba en una rueda de prensa que no formaría parte de la llamada Alianza por la Industria, el último intento de los partidos asturianos por conformar una plataforma unificada para defender los intereses del sector secundario de la región. A pesar de los duros golpes que ha sufrido durante las últimas décadas, la industria continúa siendo clave en la economía del Principado – y, lo que es más, con una política industrial acertada, tiene aún potencial por explotar. Cómo protegerla y cuidarla es, por tanto, una cuestión política de primer orden.
Pero, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en ocasiones anteriores, este último acuerdo ha demostrado que el aparente consenso político no era tan firme como se creía. Ha sido Podemos quien ha articulado políticamente lo que ya se venía barruntando tanto en algunos sectores de los sindicatos como en diversos espacios de la sociedad civil asturiana: que la política industrial de las últimas décadas no está dando los resultados esperados.
Parece legítimo, por tanto, plantear la necesidad de estudiar vías alternativas, o al menos así lo han entendido en la formación morada. A través de diversas intervenciones, tanto en la rueda de prensa en la que anunciaron su posición, como en posteriores espacios en los que han podido profundizar en la misma, Podemos ha planteado dudas razonables, de forma coherente. Y no sólo eso, sino que ha planteado también una alternativa.
El díalogo social como fin en sí mismo
Sorprendentemente, han sido pocas – por no decir ninguna – las voces que se han atrevido a entrar al debate. En su lugar, tanto desde otras formaciones políticas como desde ciertos sectores de la prensa, se ha levantado una tormenta de acusaciones y críticas contra Podemos por el simple hecho de no firmar el acuerdo. La Alianza por la Industria, según parece, tiene más de espectáculo político que de intento sincero por estudiar vías que garanticen no sólo la supervivencia sino el desarrollo a futuro del sector secundario asturiano.
Foto: Freepik
Uno entiende que, cuando se crean Alianzas, Mesas, Plataformas y demás espacios, es con la intención sincera y real de buscar soluciones para un problema. Y si ese problema afecta a nada menos que el 20% del producto interior bruto de la región, y a miles de empleos directos e indirectos, qué menos que sentarse a evaluar todas las opciones que se ponen sobre la mesa. En cambio, hemos visto más prisa por firmar y posar para la foto que por debatir y analizar el problema.
Hemos visto más prisa por firmar y posar para la foto que por debatir y analizar el problema
Sería fácil despreciar este comportamiento como la enésima muestra de la desconexión de algunos políticos con la realidad, y achacar su desinterés a la hora de estudiar el problema a fondo como otra prueba de su falta de compromiso efectivo con las necesidades de los ciudadanos. Pero lo cierto es que este fenómeno tiene raíces mucho más profundas, como revelaron las investigadoras Corinne Gobin – politóloga y profesora en la Universidad Libre de Bruselas – y Anne Dufresne – investigadora en GRESEA y coordinadora de Econosphères – en su artículo El diálogo social europeo o la deconstrucción del derecho social y la transformación de las relaciones profesionales.[1]
De forma muy resumida, la tesis que plantean las investigadoras belgas es que, en el proceso de conformación de las instituciones europeas, la lógica del diálogo social se fue imponiendo como la única vía efectiva y reconocida para resolver los conflictos – mayoritariamente aquellos que implican a sindicatos y representantes patronales. Como consecuencia, lo que antes se resolvía abiertamente mediante la confrontación de proyectos e intereses de clase – como parte de la vida pública, política y democrática – ahora queda enmascarado como una negociación técnica entre agentes sociales. Y, como en toda negociación, el objetivo prioritario es alcanzar un acuerdo que suscriban todas las partes implicadas: un consenso.
Tanto es así que, en muchas ocasiones, lo relevante no es tanto el contenido de ese acuerdo – su viabilidad, su utilidad – sino el propio acuerdo en sí. Hemos visto esta dinámica repetida mil veces, por ejemplo, en materia de política climática, con acuerdos que se firman periódicamente comprometiendo a los firmantes a ambiciosos objetivos que luego nunca se alcanzan. También con la industria asturiana: esta Alianza por la Industria no es más que la última de tantas cumbres, pactos y acuerdos que son un fin en sí mismo. Mientras tanto, la verdadera política industrial se decide en opacos comités técnicos y en Consejos de Dirección aún más opacos.
Más allá del acuerdo o desacuerdo que pueda suscitar la propuesta de Podemos, merece la pena destacar el esfuerzo de los morados por recuperar para el espacio público el debate de la industria, de dotarlo nuevamente de un contenido democrático. En cambio, quienes se han negado siquiera a debatir y estudiar vías alternativas, anteponiendo la estética del consenso a la utilidad de los acuerdos alcanzados, están privando a la sociedad asturiana de un debate tan importante como necesario.
Las dudas razonables de Podemos
Dejando a un lado el trasfondo sobre las connotaciones democráticas de esta forma de organizar, consciente o inconscientemente, la vida política, el debate que ha abierto Podemos es aún más importante. No sólo nos permite reflexionar acerca del diálogo social y su estrecha interrelación con el consenso liberal, sino que además confronta abiertamente con ésta en la propia política industrial.
Hasta ahora, el discurso y la narrativa liberal se había asumido sin demasiadas preguntas. Ya fuese en su dimensión neoliberal – con rigor presupuestario y la desregulación – o en su versión social-liberal – con políticas expansivas y la supervisión del mercado –, el mercado y la iniciativa privada se han considerado en las últimas décadas el único motor económico viable. Y, en consecuencia, el debate ha girado en cómo acomodar de la mejor manera posible las esferas pública y privada… concediendo casi siempre un papel prioritario a la segunda.
El debate que hoy plantea Podemos rompe con ese consenso de décadas. No de forma caprichosa y gratuita, sino con dudas más que razonables apoyadas en hechos consumados.
En primer lugar, desde la formación morada llaman la atención sobre la legislación del sector eléctrico. Siendo una de las principales excusas que emplean las multinacionales para justificar su política de cierres y deslocalizaciones, merece la pena detenerse en este punto. Desde Podemos llaman la atención sobre el dudoso carácter de las afirmaciones relativas al supuesto ‘precio desmesurado’ de la electricidad en nuestro país que, según afirman, se basan únicamente en datos aportados por el propio lobby de las electrointensivas y que, a pesar de ello, parecen aceptarse sin discusión. Para hacernos una idea de lo que esto supone, es cómo si en un juicio el experto de la defensa fuese… el propio acusado.
Pero no se detienen ahí. La segunda duda razonable que plantean es relativa a la financiación del sector. De acuerdo con la legislación actual, el sistema eléctrico debe autofinanciarse, de manera que todas las subvenciones, bonificaciones y ayudas que reciban estas multinacionales serían directamente financiadas por el resto de consumidores – trabajadores de a pie y pequeñas empresas. Esto ya sería motivo de preocupación en condiciones normales, pero lo es más aún en los tiempos que corren, cuando tantas personas han perdido sus empleos y tantos negocios sobreviven sin saber durante cuánto tiempo podrán seguir abiertos.
Fábrica de Arcelor-Mittal en Veriña. Foto: Iván G. Fernádez.
Hay aún más dudas que justifican la posición de Podemos. Una tercera hace referencia a las forma en que las subvenciones y ayudas se han concedido hasta ahora, sin ningún tipo de condicionalidad vinculada a la inversión productiva o a la garantía de continuidad de los centros de trabajo. Una política así, plantean los morados, puede resultar incluso contraproducente, ya que permite que las multinacionales se desentiendan de cualquier forma de inversión y se dediquen, únicamente, a recolectar dinero público hasta que deje de resultarles rentable. Establecer cláusulas más estrictas, que protejan el empleo y aseguren la inversión, es otra de las reclamaciones que lanzan a la Alianza.
¡Elígeme a mí!
Por si todas estas dudas no fueran suficientes, desde Podemos van más allá, y se atreven a cuestionar la política business-friendly imperante no ya en Asturias, sino en prácticamente todo el mundo accidental. En estos países parece haberse desatado una carrera, a medida que la desregulación y la libre circulación de capitales se iban extendiendo, para atraer inversión privada. Los países compiten entre sí por ofrecer las condiciones más atractivas para las multinacionales. A su vez, dentro del propio país, también lo hacen las regiones, e incluso las ciudades.
Los representantes de las multinacionales son recibidos como sátrapas, ensalzados como mesías que traen inversión y puestos de trabajo, y agasajados con todo tipo de ofertas y ayudas. El resultado es un buffet en el que estas empresas – con beneficios multimillonarios – no sólo no rinden cuentas por dichos beneficios, sino que picotean a su gusto, eligiendo la mejor oferta para sus intereses. ¿Es sostenible una dinámica así? ¿Dónde está el límite? ¿Cuánta más deuda, cuántos más recortes, vamos a tener que asumir para ser competitivos?
Podemos Asturias no ha sido el primer en plantear serias dudas sobre esta política. Probablemente, el caso más famoso – y flagrante – sobre la política business-friendly sea el que protagonizaron la célebre congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, y la gigantesca multinacional Amazon, paradigma del capitalismo en el siglo XXI.
Allá por 2018, la compañía de Jeff Bezos planeaba instalar un gigantesco centro en Nueva York. Las autoridades del Estado y de la propia ciudad se pusieron manos a la obra para asegurarse de que el plan fuera rentable para la multinacional, ofreciendo miles de millones de dólares de dinero público. De acuerdo con las investigaciones que hicieron medios y organizaciones sociales, las ofertas que manejaba la gran empresa logística incluían, además de exenciones fiscales, la cobertura pública de los costes de construcción e incluso la posibilidad de que algunos salarios fuesen pagados con dinero público[2]. Tan escandaloso era el asunto que, aunque las cifras bailan y están sujetas a la opacidad propia de estos procesos, las ayudas públicas eran tan considerables que Amazon prácticamente recibiría dinero a cambio de instalarse allí – y la de las autoridades neoyorquinas no era, ni siquiera, la oferta más desmesurada.
El caso es que, después de un largo y duro pulso, Amazon terminó rechazando la posibilidad de construir aquel centro en Nueva York… Sólo para terminar abriendo otro centro poco más de un año después, sin recibir ni un solo centavo de dinero público a cambio. Es cierto que el centro que finalmente abrió la multinacional era considerablemente más pequeño que su primer proyecto – el HQ2 – pero lo relevante es que no necesitó ningún tipo de ayuda para hacerlo. Algo que, teniendo en cuenta los beneficios multimillonarios que registra la compañía de Bezos, no debería sorprender a nadie.
Cuando a una empresa le resulta rentable una operación, terminará acometiéndola tarde o temprano
El caso de Amazon y Nueva York es el ejemplo perfecto de que la política business-friendly, esa misma que la Alianza asume sin pestañear, debería por lo menos cuestionarse. No parece lógico, según plantean desde Podemos, que se cubran con dinero público los gastos de empresas que no tienen ninguna necesidad de ello, y que sólo demandan esas ayudas para repartir beneficios insultantes entre sus inversores y accionistas. Más aún si tenemos en cuenta que, cuando a una empresa le resulta rentable una operación, terminará acometiéndola tarde o temprano – como ocurrió en Nueva York.
Revuelta en el frenopático
A pesar de todo, ésta ha sido exactamente la política industrial de Asturias – y casi se diría que de España – en los tiempos recientes. Y lo que es peor, según la Alianza por la Industria, esa política – cuyos beneficios son cuanto menos dudosos, teniendo en cuenta el estado actual y las perspectivas de futuro de la industria asturiana – debe seguir siendo la que rija el plan de Asturias para conservar y desarrollar su sector secundario. Todos los partidos que se han sumado a esta iniciativa parecen estar de acuerdo en que lo pertinente es seguir ofreciendo ayudas y subvenciones a fondo perdido a las multinacionales, y ponerle una vela a la Virgen de Covadonga como única garantía de que eso permitirá que la industria asturiana sobreviva.
Decía Einstein que la locura consiste en hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener un resultado distinto. Y eso es exactamente lo que parece hacer la Alianza por la Industria: mantener la misma política que nos ha traído hasta aquí para arreglar los problemas que tenemos hoy. Por suerte, Podemos parece dispuesto a liderar una revuelta en el frenopático de la política asturiana.
Y es que los morados no sólo han alzado la voz de alarma con respecto a la Alianza por la Industria, sino que vienen trabajando desde hace tiempo en una política industrial alternativa para la región, basada en un modelo muy diferente de inversión en la cual la iniciativa pública se convierte en una alternativa al hasta ahora indiscutible mercado. En lo que han denominado IDEPA 2.0, contemplan para el organismo público un papel mucho más extenso y profundo como motor económico de la región, mediante la adquisición de acciones en empresas estratégicas para generar un sector productivo público – o, al menos, con participación pública. Pero van más allá: esa participación vendría acompañada de una nueva forma de gestión, dando acceso a los consejos de administración a sindicatos, asociaciones de consumidores e instituciones democráticas.
De este modo no sólo se aseguraría la continuidad de la industria, la protección de los puestos de trabajo e incluso la obtención de dividendos sociales para los asturianos, sino que se abriría la puerta para un plan integral de desarrollo y transformación industrial de la región que incluyera factores que hoy en día están fuera de la ecuación – que, para ser justos, tiene actualmente un único factor: garantizar el máximo beneficio para inversores y accionistas. Sostenibilidad, igualdad entre sexos, desarrollo tecnológico… Las ramificaciones de una política industrial transparente y democrática son incontables.
La Alianza por la Industria, en los términos en los que se plantea actualmente, probablemente no aporte nada al sector secundario asturiano. Al mismo tiempo, y paradójicamente, es posible que preste un gran servicio a nuestra industria, si permite que se abran debates tan necesarios y se planteen preguntas tan importantes como las que han puesto sobre la mesa desde Podemos. Por ahora, merece la pena tomar en consideración el punto de cordura que ha aportado la formación morada.
Notas
[1] Original en francés: Anne Dufresne, Corinne Gobin, “Le dialogue social européen ou la déconstruction du droit social et la transformation des relations professionnelles” octobre 2018, texte disponible à l’adresse :
[http://www.gresea.be/Le-dialogue-social-europeen-ou-la-deconstruction-du-droit-social-et-la]
[2] https://www.archpaper.com/2020/01/new-york-original-offer-amazon-hq2-extra-800-million/
