Las organizaciones sociales reclaman pasar a alquiler público los pisos del “banco malo”

Sindicatos, PAH y entidades juveniles y del tercer sector reclaman más valentía al PSOE en la futura Ley de Vivienda.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

La futura Ley de Vivienda no solo está tensionando el Gobierno de coalición PSOE-UP. También está dejando a los socialistas aislados frente a sindicatos, organizaciones sociales y ONG´s, que reclaman con urgencia medidas de calado frente al problema habitacional que sufren amplias capas de la población española.

Héctor Colunga, de la fundación gijonesa Mar de Niebla señala que en los últimos años se está produciendo un “problema gordísimo con el alquiler, porque los alquileres crecen, mientras los niveles de renta se reducen”. Para Pilar Lobo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo/Uviéu, el problema en Asturies no sería tanto la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas, un problema que afecta especialmente a Madrid, Barcelona y grandes destinos turísticos, como aumentar la oferta pública de alquiler. Para Lobo ese aumento del parque público en alquiler debería hacerse por dos vías. En el medio plaza, por la construcción de nueva vivienda. Pero, sobre todo, en el corto la transformación en bloques de alquiler público de las propiedades de la Sareb, el llamado “banco malo”, resultado de la nacionalización por el Estado de todos los fracasos inmobiliarios de la anterior década a través de la compra masiva de estos “activos tóxicos” a los bancos. Para Lobo sacar en alquiler esas viviendas, así como llegar a acuerdos con los grandes tenedores, sería la vía para incrementar de forma rápida una oferta pública de vivienda ajustada a precios razonables.

Ana María Rodríguez, responsable igualdad y juventud de CCCO de Asturias, señala que en Asturies “el 53% de las personas que viven en régimen de alquiler, soporta un esfuerzo excesivo para abonarlo. Es decir, la renta como inquilina o inquilino supone más del 30 % de sus ingresos”. A nivel confederal CCCO y UGT han exigido al PSOE una política valiente en materia de vivienda, y que se atreva a regular el precio de los alquileres.

Uno de los colectivos más perjudicados por esta combinación de bajos salarios y altos alquileres, son los jóvenes. Para Álvaro Villegas, de la Asamblea Moza d´Asturies, se necesita una “ofensiva habitacional” que facilite el acceso a la vivienda a precios asequibles, así como la posibilidad de que los jóvenes puedan emanciparse. En Asturies, según datos del Conseyu de la Mocedá, solo el 18,3% de los jóvenes de entre 16 y 29 años viven emancipados de sus padres, y todavía un 30% de los que tienen entre 30 y 34 años siguen viviendo en el hogar familiar. Para Villegas “el PSOE tiene que decidir de qué lado de la historia se coloca, si del lado del derecho a la vivienda y el futuro con dignidad para los jóvenes, o del lado del lobby inmobiliario”.

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