Equo pide el cese de la directora de industria

La formación ecologista critica que Rosana Prada ha trabajado para la empresa matriz de las eólicas que quieren instalarse en Somiedo.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

El rechazo a la instalación de nuevos aerogeneradores en Somiedo, Cangas del Narcea y Allande sube de tensión. A la oposición de vecinos, empresarios, la Fundación Oso Pardo y el propio alcalde socialista de Somiedo, Belarmino Fernández, se une ahora una grave denuncia política. El partido Equo ha pedido el cese de Rosana Prada Otero, directora general de industria de Principado. Los verdes cuestionan su neutralidad en relación a los intereses de las empresas eólicas que han pedido al Ministerio de Transición Ecológica instalarse en el Suroccidente asturiano. En un comunicado hecho público en sus redes los verdes señalan que “la directora general de Industria debe ser cesada por su evidente relación con las empresas a las que se beneficiaría con los cambios en la ordenación del territorio que quiere llevar a cabo; era empleada de esas empresas hasta el momento de incorporarse a la dirección general. De hecho son filiales de la empresa Capital Energy/Green Capital Power para la que ella trabajaba las que están solicitando permiso para hacer parques eólicos en zona de exclusión en el Principado”.

Para el partido ecologista “el desarrollo de la energía eólica es un objetivo fundamental en la lucha contra el cambio climático, pero ha de hacerse de forma equilibrada con otros importantes retos como la preservación y mejora de la biodiversidad o el respeto a los espacios de especial protección de la Red Natura 2000. Los espacios de baja sensibilidad ambiental en España son más que suficientes para el desarrollo de las energías limpias y renovables, motivo adicional para no permitir su ubicación en los espacios de mayor sensibilidad ambiental” señala en el comunicado Equo, que ha solicitado a la Dirección General de Política Energética, Minería y Reactivación del Principado, que ni siquiera se estudie el impacto ambiental de los proyectos al considerarlos completamente fuera de la legalidad.

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