Por un Pacto de San Sebastián del siglo XXI

Esta alianza estableció un bloque social y político que ofrecía un programa de reformas en todos los ámbitos, también en el territorial.

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República, después de unas elecciones municipales que demostraron la voluntad de los pueblos del Estado de iniciar un proceso de democratización estatal y de incorporación plena de las clases populares a la vida civil y política para promover cambios sociales. La verdadera universalización del sufragio, el inicio del reconocimiento de la plurinacionalidad o una Carta Magna que, a pesar de sus limitaciones, inspiró el constitucionalismo de entreguerras, son algunos de los elementos más destacados del nuevo período abierto al que contribuyó el Pacto de San Sebastián como precedente importante.

El Pacto de San Sebastián supuso una agenda común de la mayoría de las fuerzas republicanas que se oponían al régimen monárquico y a la dictadura, uniendo en el proceso a una parte de las izquierdas, organizaciones sociales y sindicatos en la oposición a un régimen elitista, profundamente desigual y enemigo de todas las reivindicaciones nacionales y sociales. En esta alianza se consiguió establecer un bloque social y político que, a la vez que reivindicaba los derechos civiles de los presos políticos y exiliados, ofrecía un programa de reformas que entre otras cosas incluían aperturas y soluciones a la cuestión nacional en el Estado español. De esta manera, la crisis económica y política del régimen se encontraba con la esperanza de un cambio de rumbo ibérico alternativo al hundimiento del capitalismo y del autoritarismo de la monarquía. Creemos, pero, que un nuevo pacto de San Sebastián tendría que ir más allá del precedente y ofrecer un programa social contra la crisis y contra el autoritarismo del Estado.

Hacia una nueva agenda republicana y popular

Por este motivo, a 90 años de la proclamación de la Segunda República, creemos que vale la pena retomar esta voluntad de aliar distintos sectores sociales y políticos que comparten diagnósticos frente a las grandes crisis del momento. La crisis climática, la crisis del centralismo, la crisis económica y social, son algunos de los vértices de un régimen y de una forma de Estado en claro declive moral. El fraude fiscal de la monarquía y la fuga del rey emérito exponen a un nivel más profundo la debilidad del régimen. Si hace diez años comenzó el derrumbe del bipartidismo, que la corrupción del PP y del PSOE hizo estallar, ahora los fraudes de la misma jefatura de Estado concentran la corrupción del conjunto de la oligarquía.

Aun así, ahora mismo no hay una alianza que permita hacer frente a la decadencia del régimen a pesar de que haya tentativas prometedoras en este sentido. Sin embargo, hace falta aunar al conjunto de las fuerzas que desde el centro y desde las periferias se oponen al régimen. Esta alianza además de integrar al conjunto de fuerzas políticas requiere, para tener una fuerza popular, de una confluencia en términos sociales y sindicales. Incluyendo en este sentido todos los deseos de pleno autogobierno y de plena autodeterminación; desde las naciones periféricas hasta la España vaciada. Amnistía, autodeterminación, renta básica y un Green New Deal, pensado como una transición ecosocial y feminista, incompatible con el fetichismo del crecimiento económico, son algunos de los ejes para una agenda común de lucha que tendría que construir una estrategia para un bloque republicano. Se trata de edificar una estrategia compartida entre distintos sectores y movimientos con tal de mancomunar las luchas ecologistas, feministas, nacionales y sociales, en una nueva alternativa.

Una estrategia confederalista y democrática

El centralismo tiene aspectos económicos, políticos, culturales y ecológicos, y es por estos motivos que es un problema para el conjunto de la población española. El centralismo es un agravio para las naciones periféricas, para los territorios “vaciados” y para los municipios que desean mayor autogobierno. El centralismo es tan problemático porque consiste en una acumulación de poder y riqueza que impide a la gente decidir de forma soberana sobre sus quehaceres. La judicialización de la política y el autoritarismo del Estado no han hecho sino agravar esta estructura centralista. Por eso, un nuevo Pacto de San Sebastián tiene que incluir una completa alternativa al centralismo. Esto significa tanto abordar el derecho a la participación popular mediante referéndums e iniciativas legislativas populares como el control y la revocación de los cargos políticos. Además de una propuesta de democratización del poder judicial que plantee una reforma del sistema de elección del poder judicial, para garantizar que este no se convierta en un poder aislado de todo control popular y con continua vocación de intervenir en el proceso político. El referéndum sobre el derecho a decidir o sobre una ley estatal de vivienda son algunos de los ejemplos para dar voz a las voluntades populares, de tal manera, que hagan posible un nuevo pacto entre nuestros pueblos. Un pacto democrático que modifique la estructura del Estado y haga posible su transformación social. Es decir, hacia una formulación confederal y democrática que reconozca todos los derechos y todas las libertades.

Por eso, un nuevo Pacto de San Sebastián tiene que incluir una completa alternativa al centralismo.

Además, es vital superar las lógicas de participación política características del sistema representativo capitalista y que esta no se reduzca a una participación electoral o, incluso, a referéndums concretos. La ciudadanía tiene que poder implicarse activamente en la toma de decisiones sociopolíticas de su día a día y poner en práctica la palabra república con todas letras como cosa pública.

Un nuevo contrato social contra la crisis de la COVID

Un año después del inicio de una crisis económica brutal -con una caída del 4,9% del PIB mundial, 250 millones de personas de los países en desarrollo cayendo en riesgo de pobreza mientras que los 651 multimillonarios estadounidenses han aumentado su patrimonio neto en un 30%-, se ha evidenciado que nuestras sociedades, tal y como las conocemos, no podrán seguir existiendo en condiciones capitalistas. Es necesario afrontar este hundimiento social sistémico que está produciendo la desigualdad, la mercantilización y la infrafinanciación de todo lo público. Y la pandemia con toda su dureza ha sido, además, una excusa para unos pocos para acumular más mediante la desposesión de las mayorías, y especialmente de las mujeres trabajadoras. El proceso de desmantelamiento neoliberal del Estado del bienestar trata de privatizar muchos aspectos de la reproducción social cubiertos por la función pública. Si en esta nueva crisis se reduce la provisión estatal de servicios de cuidados, se obligará aún más a las mujeres a encargarse de las personas mayores, pequeñas y enfermas, reforzando la domesticidad y la feminización de la pobreza.

Situación bien grave en el Estado español donde ya antes de la pandemia teníamos constancia del aumento de poder de la oligarquía. Ya en el 2019, con el principio de una crisis económica en curso, 11.000 nuevos millonarios engrasaron este estamento privilegiado, de hecho, las 23 personas más ricas de este selecto estamento vieron sus fortunas aumentadas en un 16%, sólo durante la primera cuarentena, según la revista Forbes.

La espectacular concentración de la riqueza en los últimos años se contrapone con el encarecimiento del coste de la vida y en concreto del alquiler de la vivienda. De tal modo que garantizar el derecho a la vivienda pasa por un programa de mínimos que entre otras cosas contemple una ley estatal de regulación de alquileres. Hace falta garantizar derechos y a la vez pensar en la recaudación fiscal de una manera política y sobre todo republicana. Es decir, pensando en la tributación de las grandes fortunas, en terminar con el fraude fiscal que promueven ciertos territorios, familias y empresas. El sindicato de los Técnicos de Hacienda ya ha denunciado la reducción de un 76% de la investigación de los delitos de fraude fiscal, un crimen financiero que cada año supone un robo de 91.600 millones de euros para el conjunto del erario y 31.800 millones de euros para la Seguridad Social.

Una política republicana consiste en construir un bloque política y social para hacer pagar a las grandes familias del fraude fiscal; desde la monarquía hasta el IBEX35. Ningún individuo puede estar por encima de los otros. “La realeza tiene que ceder a la realidad”, dijo el mismo Sánchez Guerra.

Un nuevo Pacto de San Sebastián requiere, pues, de la participación activa del conjunto de fuerzas sociales y políticas activas que quieran una ruptura con el régimen en un sentido democrático y popular. Por esto, las siguientes revistas promovemos esta declaración con tal de formular un nuevo pacto estratégico de cambio que otorgue el protagonismo al conjunto de las clases populares.

Firman: A Xanela, Agón, Arada, Debats pel demà, Maig, Nortes, Realitat, Sin Permiso, :Sobiranies, Viento Sur

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