Las leyes contra el calentamiento global nos dejan (un poco) fríos

Los colectivos ecologistas han criticado la falta de ambición con respecto a los límites de emisiones para 2030

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Adrián Arias
Adrián Arias
Adrián Arias (Xixón, 1988). Abogado. Activista vecinal. Ha sido Presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales en Xixón (2016-2020) y en la actualidad es asesor de la Delegación de IU-GUE/NGL en el Parlamento Europeo.

En apenas dos semanas hemos vivido tres iniciativas climáticas con una especial trascendencia: la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética a nivel estatal, la propuesta de Ley Europea del Clima y la Cumbre por el Clima organizada por la administración Biden. Cada una en su ámbito, aspiran a asumir soluciones ante el reto climático y alinear medidas concretas a los objetivos del Acuerdo de París.

En España la propuesta cristaliza una legislación que empezó a gestarse hace una década y que figura como una de las medidas pactadas en el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE. A pesar de suponer un avance, los colectivos ecologistas han criticado la falta de ambición con respecto a los límites de emisiones para 2030 y consideran que fruto de la aritmética parlamentaria necesaria para la aprobación de la ley – fundamentalmente con el efecto PNV y su pata vinculada al lobby del gas – se ha dejado la puerta abierta a un uso alternativo del gas como energía de transición.

El desarrollo de la ley ya está permitiendo visualizar al menos dos cuestiones. La primera es la apuesta decidida de Más País para crear un espacio político a nivel estatal que nunca ha germinado como en otros países europeos: el de Los Verdes. Y la segunda, que ante el reto climático hay aún muchos flecos que resolver cuando se gobierna – en minoría – la decimotercera economía del mundo. Una economía duramente golpeada por la crisis del Covid, en la periferia europea, muy interdependiente de las relaciones del eje franco-alemán y sin tejido productivo real de titularidad o participación pública (energía, banca, industria pesada).

En la Unión Europea, un año después de la propuesta de la Comisión Europea, los colegisladores – Consejo, Comisión y Parlamento – llegaban el miércoles a un acuerdo que concreta los compromisos del Pacto Verde Europeo. Como medidas estrella de la ley europea, como también lo hace la ley española, están el objetivo de la neutralidad climática (cuando se emite la misma cantidad de CO2 a la atmósfera que el que se retira por otras vías como los bosques o los océanos) para el año 2050 y una reducción de emisiones de algo más del 50% para 2030.

Aunque como en el caso español, por el camino se han quedado objetivos más ambiciosos como un calendario claro de finalización de subvenciones a los combustibles fósiles, la obligatoriedad de todos los países de la UE de alcanzar la neutralidad climática en 2050 o la exención de facto de la aviación o el comercio internacional del cómputo de emisiones. De nuevo fuego cruzado y la misma sensación: un paso adelante pues no había nada hecho o casi nada, pero la ya tan famosa correlación de fuerzas, ha permitido llegar hasta donde se ha podido.

Es obvio que el cambio climático es una amenaza mundial que ha conllevado y continuará conllevando cambios en el sistema mundo. Nadie lo niega, a pesar de los ramalazos trumpistas que de vez en cuando se puedan escuchar. La Cumbre por el Clima ha conseguido sentar ayer y hoy a los cuarenta líderes mundiales de la mano del lavado de cara político que la administración Biden quiere aplicar a la Casa Blanca. Entre ellos, a China y Rusia, principales emisores junto con EEUU. Haríamos bien en entender cómo el sistema mundial está cambiando y qué efectos tiene para España, y más en concreto para Asturias.

Asturias sufre hoy una repetición – que no electoral como la de Madrid – del guión ya conocido del proceso de desindustrialización vivido con los fondos mineros. Decisiones que se toman a 1500 (Bruselas) y 450 kilómetros (Madrid) respectivamente, que cambian la vida de toda una región y en las que cada vez tenemos menos peso. Pero en un símil de Ayuso, “el cambio climático no lo he inventado yo”, aunque nos afecte. Los fondos Next Generation y las estrategias vinculadas a los fondos de Transición Justa son una oportunidad para afrontar un cambio del modelo productivo e industrial de nuestra región. Dicho lo cuál, por lo conocido hasta la fecha, innovar lo que se dice innovar no parece innovarse.

Censuro tanto al irredento defensor de una industria del siglo XX que ha firmado más de un cierre de empresa industrial como al indiferente ante una región que muere sin sectores productivos. Está claro que estas leyes contra el cambio climático nos dejan a todos y todas un poco fríos. A unos por su falta de ambición y a otros porque aunque la realidad científica sea tozuda ellos prefieren seguir pensando a lo Iker Jiménez. Pero como decía Sánchez-Ferlosio, si tengo que tener esperanza en una propuesta sensata y de futuro, no me resigno a que “haya una lumbre en Asturias” que puede iluminar a España entera.

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