Esta mañana fue presentada en la sede de UGT-Asturias la Plataforma Asturiana Paz y Justicia para el Pueblo Saharaui, que nace con el objetivo de “promover actos y acciones dirigidos a la sensibilización de la sociedad asturiana
acerca de los legítimos derechos que asisten al pueblo saharaui, y que se
encuentran amparados por la legalidad internacional”. Este miércoles, día 12, a las 19.30 horas, celebrará en el mismo lugar una reunión de trabajo en la que, entre otros asuntos, se abordará la convocatoria y organización de una manifestación de apoyo al pueblo saharaui en Uviéu, prevista para el 22, sábado, a las 18 horas, entre la estación de Renfe y la plaza de la Escandalera.
A la Plataforma se han adherido ya casi un cuarto de millar de organizaciones, colectivos, cargos públicos y personas de distintos ámbitos de la sociedad asturiana, que asumen “el compromiso de apoyar en nuestro ámbito de actuación el derecho al ejercicio de la libre determinación que asiste al pueblo saharaui mediante la convocatoria y celebración de un referéndum libre, verificable, transparente e imparcial, que contemple la opción de la independencia”, señala en un comunicado. En él se recuerda que el Estado español, antigua potencia colonial del territorio, “está obligada a ser consecuente con su responsabilidad jurídica, que no es otra que la de asegurar que se concluya el proceso de descolonización del Sáhara Occidental de acuerdo al respeto a la libre voluntad de la población concernida, el pueblo saharaui, y la de velar por el respeto de los derechos humanos de la citada población, en cumplimiento del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas“.
Por otro lado, denuncia “las violaciones masivas y diarias de los derechos humanos perpetradas por el régimen de ocupación marroquí contra la indefensa población civil saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental” y exige “la puesta en libertad de todos los presos políticos saharauis que sufren graves condenas de prisiónen cárceles de Marruecos, tras sentencias dictadas sin ningún tipo de garantía procesal, según atestiguan las más importantes organizaciones internacionales de derechos humanos, que asistieron como observadoras a los juicios”.
