El movimiento de pensionistas no afloja el paso en su hoja de ruta de movilizaciones para denunciar los recortes de derechos sociales. La Asociación de Pensionistas de Gijón (APG) y el Movimiento de Pensionistas de Asturias (MPA) llevó este mediodía la movilización contra el tarifazo eléctrico a las puertas de las oficinas que la compañía energética multinacional EdP tiene en el gijonés Parque de la Fábrica del Gas. Allí realizaron una perfomance colocando entre una plancha vetusta y una cafetera una vela como único ‘recurso’ energético. Bajo esos utensilios podía leerse el mensaje: La derecha neoliberal desea vernos así, como en la época de la esclavitud mundial (en una de las caras), pero nosotros no lo vamos a permitir, porque exigimos el cumplimiento de nuestra Constitución (en la cara opuesta).
La APG y el MPA aseguran que “la energía eléctrica debe ser un bien común y no un oligopolio de las empresas energéticas, que tienen la cara muy dura”. Ambos colectivos exigen que los altos cargos de las corporaciones comercializadoras de la luz “dejen de percibir esos abusivos salarios y pensiones que tienen” y que se prohíban las llamadas puertas giratorias, porque “nadie que haya formado parte de la actividad política del Gobierno puede formar parte de los consejos consultivos o administrativos de estas empresas”.
También reclaman que se abitren “todas las medidas necesarias para impedir cualquier práctica de corrupción y soborno” y que las eléctricas colaboren con el Gobierno central para “bajar las tarifas abusivas, abordar una intervención integral de la pobreza energética, formar a las familias en hábitos de consumo eficiente y métodos de ahorro de energía y realizar un diagnóstico de las necesidades energéticas de las viviendas”.
Al Ejecutivo central le piden “desprivatizar la Red Eléctrica de España (RED)”, ya que a partir del año 2000 “el Estado disminuyó su participación en la RED, que ahora cotiza en el Ibex-35“. Ven necesario asimismo la creación de una empresa pública de generación de energía “que rompa con el oligopolio energético”, bajar el IVA de la tarifa eléctrica, crear un bono social para consumidores y consumidoras más vulnerables y penalizar “con fuertes multas (el 20% de lo defraudado) cualquier alteración ilegal que detecte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”.
Denuncia el movimiento de pensionistas que las eléctricas “están creando una España llena de miseria y esclavitud mientras reciben cuantiosas subvenciones” y añade que se ven reforzadas “por los grandes medios de comunicación” y por “el blindaje que tienen con la normativa legal”.
