El Tribunal General de la Unión Europea acaba de anunciar la anulación del Acuerdo UE-Marruecos sobre comercio y pesca, que enfrentaba al Frente Polisario y a la UE desde hace años. Esta sentencia se esperaba con gran expectación por las derivadas de carácter geopolítico, que claramente han otorgado al Frente Polisario una importante victoria.
En primer lugar, la decisión de la Justicia europea refuerza la legitimidad del Frente Polisario como representante del pueblo saharaui. La sentencia es clara a ese respecto y es un duro varapalo para la pretensión de Marruecos, pero también de la UE, de desplazar al Frente Polisario del escenario internacional. El Tribunal aclara que “el Frente Polisario goza de reconocimiento a nivel internacional como representante del pueblo del Sáhara Occidental. [..] Implica que cuenta con la autonomía y responsabilidad necesarias en todo el proceso [..] siendo el Frente Polisario representante de ese pueblo (el saharaui) y parte en el proceso de autodeterminación de dicho territorio.”
En segundo lugar, la separación clara y real del territorio del Sáhara Occidental y el territorio marroquí queda definida. El debate de fondo se encuentra en la pretendida legitimidad de Marruecos de firmar acuerdos con la UE sobre aguas y territorios que son parte del Sáhara Occidental, pero están ocupados. La sentencia vuelve a ser contundente: “en la medida en que los acuerdos controvertidos se aplican expresamente al Sáhara Occidental, así como,[..] a las aguas adyacentes a este, afectan al pueblo de dicho territorio y requerían que se obtuviera su consentimiento.” La Justicia europea reconoce abiertamente que las aguas y territorios ocupados por Marruecos son jurídicamente soberanos del Sáhara Occidental.
Por último, se reafirma la soberanía saharaui sobre los acuerdos comerciales o pesqueros vinculados a sus territorios y desmiente que hubiera consentimiento saharaui en el Acuerdo. Otro duro revés para la Administración europea que ha venido asegurando que el Acuerdo UE-Marruecos gozaba de consenso con el pueblo saharaui y sería beneficioso para la población local. La realidad es que la Comisión ha tenido que reconocer que detrás del eufemismo de haber consultado a “una amplia gama de organizaciones políticas y sociopolíticas locales y de representantes de la sociedad civil” se esconde un paripé que nuevamente el Tribunal ha dejado al descubierto.
La sentencia vuelve a enmendar a la UE al confirmar que “no puede considerarse que las gestiones emprendidas por las autoridades de la Unión antes de que se celebraran los acuerdos controvertidos permitieran obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental [..] respecto de dichos acuerdos por otra parte, las «consultas» a las «poblaciones afectadas» organizadas por las instituciones no pudieron fructificar en la expresión del consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental”.
Han pasado apenas unas horas, pero la decisión del Tribunal europeo ya ha generado reacciones. Entre ellas las primeras desde Exteriores que habría pedido a la UE que se recurra la sentencia al TJUE y la respuesta conjunta Bruselas – Rabat que han anunciado medidas para proteger los intereses comerciales comunes tras el fallo judicial. Frente a esto la respuesta de uno de los socios del Gobierno de coalición, Izquierda Unida, que lamentaba este hecho reiterando su histórico apoyo al pueblo saharaui mediante un comunicado público donde consideraba “una muy buena noticia” la sentencia.
Y como esto no ha hecho más que empezar, en medio de este proceso, la Audiencia Nacional ha reabierto hoy la causa contra Brahim Ghali por un “error procesal”.
