El repliegue socialdemócrata

El PSOE tendrá que combinar esta reubicación con el mantenimiento de los acuerdos con partidos que, en mayor o menor medida, ponen en cuestión el sistema constitucional.

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Daniel Guerra
Daniel Guerra
Politólogo. Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración (UNED). Autor de "Socialismo y cuestión nacional en España, 1873-1939" (Editorial Académica Española, Madrid-Berlín, 2012) y "Socialismo español y federalismo, 1873-1976" (KRK Ediciones y Fundación José Barreiro, Oviedo, 2013).

Por las resoluciones aprobadas y los cambios en los órganos de dirección, parece que el PSOE intenta reubicarse, tras dos años convulsos de legislatura, en el espacio tradicional entre el centro y la izquierda radical. Después de un ciclo lleno de contradicciones y bandazos, Pedro Sánchez, viéndolas venir, quiere devolver al partido a su espacio natural de socialdemocracia moderada y a una unidad que hace tiempo se había roto. La preeminencia, como no podía ser de otra manera, del discurso de Felipe González en la inauguración, el abrazo con Sánchez, la foto con los tres anteriores secretarios generales -con la imagen de fondo de Alfredo Pérez Rubalcaba-, son gestos que explican la necesidad de Sánchez de recuperar a su partido, lo más unido posible, después de dejarse llevar por el consejo independiente de Iván Redondo. Las encuestas señalan, excepto la del CIS, una posible mayoría de las derechas, marcada sobre todo por la cuestión territorial. Para intentar cambiar la tendencia, Sánchez quiere, en suma, un partido unido y socialdemócrata.

El Congreso, y algunos hechos posteriores, pueden implicar un punto de inflexión en la coalición con Unidas Podemos. Las tres grandes cuestiones que diferencian las culturas políticas de ambas formaciones son la económica, la territorial y la institucional.

Sánchez fía la victoria electoral a la vacunación general de la población y a la recuperación económica favorecida por la llegada de los fondos europeos. En este terreno, el Congreso ha reafirmado el compromiso socialista con los parámetros de la UE. Ciertamente, y como consecuencia de la pandemia, la Unión ha flexibilizado los criterios de control, pero éstos volverán en el tiempo post-covid, por lo que no hay que bajar la guardia. La intervención inicial de Nadia Calviño en el cónclave socialista marca ese compromiso. Así, determinadas medidas propuestas por el sector gubernamental de Podemos, de cariz más intervencionista (precio de la luz, límite a los alquileres de vivienda, aumento del SMI, derogación de la reforma laboral, adelanto de la edad de jubilación) generan debate con la parte socialista no ya por cuestiones ideológicas, sino por el respeto a las normas europeas. La Unión consagra en el artículo 3 del Tratado de la Unión y en el 119 del Tratado de Funcionamiento una política económica basada en el mercado único, libre competencia, economía social de mercado y control del déficit y de la deuda pública. Dentro de ello, un país puede desarrollar una política social de gasto siempre que garantice los ingresos necesarios para mantener lo niveles establecidos de déficit y de deuda. Esto lo han de tener claro todos los partidos a la hora de presentarse a las elecciones y presentar sus propuestas a la ciudadanía: la Unión es una organización supranacional en la que hay unas normas y unos límites.

En el ámbito territorial, el congreso socialista ha supuesto un freno a la plurinacionalidad anunciada en el Documento de Barcelona de 2017. La propuesta de entonces no apuntaba tanto a la implantación de un Estado plurinacional de soberanías concurrentes, como a la fórmula más vaga, herencia de Anselmo Carretero, de una Nación política y soberana España compuesta de diversas naciones culturales o nacionalidades. Las enmiendas que iban en un sentido plurinacional y defendían un federalismo asimétrico no han sido tenidas en cuenta, aprobándose finalmente el desarrollo del Estado multinivel basado en la cogobernanza. Si algo ha puesto de relieve la crisis del Covid ha sido la necesidad de, al margen de fórmulas retóricas más o menos afortunadas, profundizar en una auténtica colaboración entre administraciones, independientemente de quién sea la titular de la competencia. Entregar el área territorial del partido al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, es toda una declaración de intenciones en la nueva etapa.

En cuanto a la cuestión institucional, las enmiendas que proponían un sentido republicano han sido desatendidas. El Gobierno avanza paulatinamente hacia una nueva regulación de la Corona con más transparencia, pero es un asunto de Estado que aconseja el acuerdo con el PP. Asimismo, se ha avanzado rápidamente a un acuerdo entre ambos partidos para renovar la composición de instituciones como el TC, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, dejando para más adelante la del CGPJ.

Igualmente, se ha creado un área de reforma constitucional, asignada a Félix Bolaños, nuevo hombre fuerte de Moncloa, pero su alcance parece reducirse a la incorporación de diversos derechos sociales en los capítulos primero y segundo del Título I, reconociéndolos como fundamentales, y a matizar algunas cuestiones del Título II, referido a la Corona. Se abandona, pues, la posibilidad de una reforma constitucional de mayor alcance, para lo que se requeriría un consenso ahora inalcanzable, y se reafirma el compromiso del PSOE con una monarquía parlamentaria que, acaso, necesita algunos cambios.

A partir de aquí, el PSOE tendrá que combinar esta reubicación socialdemócrata con el mantenimiento de los acuerdos con partidos que, en mayor o menor medida, ponen en cuestión el sistema constitucional. En primer lugar, reafirmar la coalición de Gobierno con un Podemos que seguirá tensando la cuerda en otras cuestiones sociales y económicas, así como intentar realzar su papel en la coalición. Tras la marcha de Iglesias, la impresión es que no estamos ante un Gobierno de coalición, sino ante un Gobierno del PSOE con algunos ministros de Podemos.

La reforma de las pensiones, los recortes a las eléctricas y la regulación del mercado de alquiler generan divergencias entre ambos partidos. Pero dos hechos recientes aumentan las dificultades en la relación: la ya citada reforma laboral y la inhabilitación del diputado Alberto Rodríguez, a lo que hay que añadir los posibles efectos del proceso judicial contra Hugo Carvajal, antiguo dirigente militar del Gobierno venezolano.

El acuerdo definitivo de los agentes sociales sobre la nueva reforma laboral se ve condicionado por la rivalidad entre la Vicepresidenta 1ª, Nadia Calviño, y la Vicepresidenta 2ª, Yolanda Díaz. Calviño quiere eliminar los elementos más novedosos del texto propuesto por Díaz y reducirlos a lo que sea más aceptable para la Comisión Europea. Díaz, en cambio, insiste en una reforma más decidida que suponga la práctica derogación de la ley aprobada por el PP. Ante un amago de crisis provocada por Podemos, Sánchez ha reafirmado su apoyo a Calviño, esperando un acuerdo final entre ambas formaciones y con los agentes sociales.

La inhabilitación final del diputado canario Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por agredir a un policía en una manifestación de enero de 2014, ha provocado un nuevo enfrentamiento entre Podemos y PSOE. A pesar del pronunciamiento inicial de los letrados y de la Mesa del Congreso, y ante un nuevo escrito del ponente -el juez Manuel Marchena-, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha decidido inhabilitar al citado diputado. La decisión es controvertida por cuanto la pena de inhabilitación es accesoria, siendo la principal la de cárcel por un tiempo de mes y medio, sustituible por una multa de 540 euros. La sentencia, en cambio, no prevé pena sustitutiva de la inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo, por lo que el tribunal entiende que aunque sea accesoria, sigue siendo de obligado cumplimiento, dándole también un carácter sobrevenido.

Finalmente, el proceso de Hugo Carvajal puede empantanar las relaciones entre ambos partidos, toda vez que aunque el Ministerio del Interior le ha negado el asilo, la Audiencia Nacional ha retrasado su extradición a los EEUU. En la misma se sigue un procedimiento en el que Carvajal declara la financiación por el Gobierno venezolano del CEPS, fundación a la que se pretende vincular con Podemos. La propia Fiscalía, según informa El Confidencial (19.10.21), ha dado veracidad a los documentos que probarían dichos pagos, por lo que la evolución del proceso podría afectar a la coalición de Gobierno.

Con respecto a ERC, el Gobierno mantendrá el compromiso de diálogo con el Govern de la Generalitat, basado en más inversiones. No se espera otro tipo de compromisos de carácter más político. La asignación de los fondos europeos a las CCAA va a aplazar relativamente un necesario acuerdo sobre el sistema de financiación, que va a ser más transversal que partidario. En este contexto de negociación multilateral, no es fácil llegar a un acuerdo especial con Cataluña. ERC, que puede apoyar los presupuestos de este año, tendrá que debatirse entre aceptar las inversiones y las transferencias económicas de Madrid, con la ausencia de compromisos en materias como la autodeterminación y la amnistía, y lidiar con la presión constante de Junts per Catalunya y la CUP.

El PSOE quiere consolidar la relación parlamentaria con Bildu, con los problemas éticos que ello plantea entre parte de la militancia socialista y de la sociedad española. Todo pasa por un mayor compromiso de la izquierda abertzale con la ruptura explícita con ETA, por más que la reciente declaración de Otegi, dirigida a las víctimas, ha sido un paso adelante, aunque calificado de insuficiente por el Gobierno. La condicional planteada por el propio Otegi horas después, vinculando el apoyo a los presupuestos con la amnistía de 200 presos etarras, no facilitan el acuerdo y ponen en un aprieto al PSOE. Todo ello, ante la mirada vigilante de un PNV que mantiene una relación tensa con Bildu y que, además, abre una discrepancia con el Gobierno a cuenta de las medidas sobre las eléctricas, teniendo en cuenta su cercanía con Iberdrola.

Veremos pues cuál es la evolución del Gobierno de coalición y de los pactos parlamentarios del PSOE. El 40º Congreso parece replantear la estrategia del Partido Socialista hacia una mayor moderación. Los cambios se han planteado, ya se ha dicho, tras la marcha de Iván Redondo como Jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Éste ha reafirmado su liderazgo, pero ha cambiado de opinión diversas veces en asuntos de relevancia y esconde su tesis doctoral. Por ello habrá que ver si esta moderación congresual se ve reafirmada en el tiempo o no. Estamos ante una cuestión de oportunidad política más que de firmes principios. 

Felipe González, en la jornada inaugural, se reivindicó como exponente del régimen del 78 “a mucha honra”. Esa alusión mereció los aplausos de los delegados, que le escuchaban atentamente. Pareció como si, tras años de desprecios a los antiguos dirigentes socialistas por parte de algunos advenedizos, el Congreso en pleno reviviera en directo un tipo de discurso político que ya no se escucha, contrastando una realidad pasada con la actual. Nada que ver.  

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