El movimiento pensionista no se fía de Escrivá y llama a defender el sistema público en las calles

La movilización asturiana será el sábado en Sama de Llangréu, en el marco de una jornada en toda España contra los planes del Ministerio.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

No se fían del ministro Escrivá y piden su dimisión. La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones acusa al ministro de seguridad social de ser el Caballo de Troya de la banca en el Gobierno, y llama a una movilización descentralizada en toda España el próximo sábado 13 de noviembre. Los pensionistas creen que con este economista, ex trabajador del BBVA y con una alta responsabilidad técnica durante los Gobiernos de Mariano Rajoy, el sistema público corre peligro de ser descapitalizado en beneficio de las pensiones privadas. La cita asturiana será en Sama de Llangréu a las 12 horas. Precisamente en Llangréu acaba de nacer un nuevo colectivo pensionista integrado en la Coordinadora asturiana. Con este nuevo nodo, que se presentaba la semana pasada, el movimiento pensionista afianza y consolida su red en la cuenca del Nalón y sigue extendiéndose por toda Asturies.

Plataforma pensionista de Llangréu

La Coordinadora recuerda sus objetivos de cara a la movilización nacional del sábado: blindar el sistema público de pensiones y evitar que se consolide el proyecto de generalizar los planes de pensiones privados. Reclaman que no haya pensiones por debajo del SMI, el regreso a los 65 años como edad de jubilación, la eliminación de la brecha de género y la derogación de las reformas de las pensiones del 2011 y del 2013, así como “las reformas laborales de 2010 y 2012 que recortan las pensiones y reducen salarios y cotizaciones sociales”. En el corto plazo, la Coordinadora tratará de tumbar el proyecto de ley presentado al Congreso, cuya hoja de ruta consideran es la privatización encubierta bajo la excusa de la sostenibilidad: “esta nueva reforma, la tercera en 10 años, al dictado de la banca y el poder financiero, se traducirá, si no somos capaces de remediarlo, en recortes de las futuras jubilaciones, y en un plan de privatización del Sistema Público de Pensiones. Además, y entre otras cosas, tampoco garantiza la capacidad adquisitiva de las pensiones a partir del 2022, al establecer un sistema de cálculo del IPC que no permite revisar los recortes hasta pasados los 5 años”. Frente a quienes alertan de una quiebra del sistema público por falta de cotizaciones, la Coordinadora propone como alternativa, que se financien vía impuestos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

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