“La administración no controló lo que estaba pasando en la UGT asturiana”

Alberto Suárez, abogado del OCAN, valora positívamente la sentencia que condena por corrupción al sindicato socialista.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

Satisfación. La justicia ha dado la razón a la acusación popular del Observatorio Ciudadano Anticorrupción en el “Caso UGT”. Justo Braga y otros cinco miembros de la antigua dirección del sindicato socialista han sido condenados a prisión por el desvío del dinero de los cursos de formación para financiar las estructuras y cargos internos del sindicato. El ex secretario general se lleva la peor parte: dos años y 10 meses de prisión. El sindicato tendrá además que afrontar una multa de 122.028 euros y es castigado a no poder optar a subvenciones o ayudas públicas durante los próximos cuatro años. Alberto Suárez, del despacho Efeso, y abogado del OCAN, considera que se ha probado lo que la acusación popular lleva sosteniendo desde 2017, que la UGT asturiana puso en marcha “un entramado para defraudar dinero público”.

Pablo Álvarez y Alberto Suárez. Foto: Alisa Guerrero

En la rueda de prensa celebrada este jueves para valorar la sentencia dictada ayer por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo/Uviéu, María Paz González-Tascón, Suárez destacó que “la administración no controló lo que estaba pasando en la UGT”. El abogado de la acusación popular piensa que las subvenciones públicas no estuvieron suficientemente fiscalizadas, y cree que la investigación de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se realizó sin apenas medios. Suárez reclamó en la rueda de prensa más medios para la lucha anticorrupción: “Es intolerable que solo se haya contado con tres agentes para investigar un caso tan complejo”. El abogado valora posítivamente la sentencia, pero considera que las penas habrían sido mayores si los delitos no hubieran prescrito. Para Suárez los delitos de corrupción “siempre tardan tiempo en aflorar”, por eso considera que la reforma legislativa del PP que rebajó su prescrpción de quince a cuatro años “está hecha para impedir que se persiga la corrupción”. “Necesitamos más medios para la lucha anticorrupción y facilidades para las acusaciones populares” destacó el abogado del despacho Efeso.

En la rueda de prensa también estuvo presente Pablo Álvarez, ex sindicalista de UGT y en la actualidad edil de Xuníes por Llangréu, uno de los impulsores de la investigación al sindicato socialista. Álvarez se mostró muy crítico con el silencio de Adrián Barbón y el resto de partidos asturianos, “con la excepción de Daniel Ripa y Podemos Asturies”. Para Álvarez resulta indignante que su compañero de IU, Alejandro Suárez haya enviado un “abrazo fuerte a los compañeros de UGT”. “Se solidarizan con los corruptos y no con los que hemos denunciado la corrupción”, ha criticado Álvarez, que se ha mostrado satisfecho con la sentencia de la jueza. UGT Asturias ya ha anunciado que la considera injusta y la recurrirá.

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