Las colas en farmacias y centros de salud para conseguir una prueba PCR, un test de antígenos o una baja laboral a causa del Covid están derivando a buena parte de la ciudadanía a los cuatro hospitales privados de la región. En estos centros, el precio de una prueba PCR oscila entre los 120 y los 140 euros. Ya desde antes de la pandemia la sanidad privada era un negocio al alza en Asturias debido a las largas listas de espera en la sanidad pública y a la generalización de los servicios médicos privados que las empresas ofrecen a sus trabajadores.
En el último año y medio, con centros de salud cerrados y la atención primaria al borde del colapso, ese trasvase de usuarios se ha ido acentuando. Los beneficiarios de este movimiento son el Sanatorio Covadonga en Gijón, propiedad de una entidad religiosa; el Hospital Covadonga en la misma ciudad, que pertenece a AVS Millenium Salud y, en Oviedo, el Centro Médico (de la Sociedad Medicina Asturiana S.A, cuyo socio mayoritario es la Corporación Masaveu) y la Clínica Asturias, del Grupo Laber Hospitales.
Pocos meses antes de que estallase la pandemia, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Tolivar Alas, advertía de que “existe un riesgo de muy diversa etiología para la sanidad pública como la escasa inversión y el auge de lo privado. Todos sabemos los problemas que existen de financiación y de afiliación a la Seguridad Social, pero hay también un riesgo en la iniciativa privada o en suplantar con este tipo de iniciativas lo que debiera ser de gestión pública”.
En efecto, el número de asturianos que cuentan con un seguro privado de salud no ha dejado de crecer en los últimos años. En 2010 el porcentaje de asturianos con seguro privado era de solo el 9%, siendo así Asturias la región española con menor penetración de la sanidad privada. Once años después, el número de asegurados ha crecido a un ritmo del 3,8% anual, y hoy hay en Asturias 155.202 personas con seguro privado de salud. Las cifras de la región están aún muy lejos de las de Madrid o Cataluña, donde más del 30% de la población es usuaria de la sanidad privada.
Estos datos están extraídos del informe “Análisis de la situación de la sanidad privada”, que publica anualmente la Fundación Idis, una asociación que agrupa a empresas del sector. Además de eso, el informe detalla que Asturias destinó en 2019 104 millones a la partida de conciertos en sanidad, lo que supone el 5,8% del gasto en sanidad. Los conciertos de atención especializada con entidades privadas son los que representan un mayor porcentaje del presupuesto (68,4%), seguido de los conciertos para el transporte sanitario (18,6%) y para centros de servicio o diagnóstico, tratamientos y terapia (6,0%).
De las 3825 camas hospitalarias que hay disponibles en Asturias, un 76% de ellas (2908) son de titularidad pública, contra un 24% (917) que pertenecen a centros privados.
El deterioro de la atención primaria
Este fortalecimiento del sector sanitario privado ha ido en paralelo al deterioro de la atención primaria en el sistema público. Los sindicatos y asociaciones que se manifestaron hace dos semanas en defensa de la atención primaria denunciaron en su manifiesto algunos de los principales problemas: “carencias en la financiación y los recursos, y un modelo incapaz de responder a las demandas porque ha perdido su orientación comunitaria y está crecientemente medicalizada”.
Añadían que esa situación resulta especialmente dañina para “la población más pobre, de más edad y la más necesitada, también porque es la menos “digitalizada”y por tanto con mayores dificultades ante los problemas de acceso y el incremento de la actividad interpuesta (teléfono / telemedicina)”.
Las listas de espera no han dejado de aumentar en los últimos meses de pandemia. En los primeros meses de 2021 la lista de espera aumentó en 2.700 pacientes y, según la gerente del SESPA Concepción Saavedra, que “a 31 de julio, estaban en Asturias 19.969 pacientes en lista de espera quirúrgica, con una demora media de 100,8 días”.
Ante esta situación, el SESPA aprobó un plan de choque, dotado con 8,5 millones de euros, para atender a las cirugías en listas de espera. El Principado anunció el pasado septiembre que empezaría a operar por las tardes y recurriendo a centros privados para aliviar la espera. Saavedra reconoció que, dadas las abultadas listas de espera, “sería de difícil abordaje” afrontar la situación contando solo con los medios de la sanidad pública. Los planes del Principado pasan por derivar algo más de 5000 operaciones quirúrgicas a centros concertados o privados.
A comienzos de la semana pasada el consejero de Salud de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, presentó en la Junta General los presupuestos de su consejería para el año 2022. Tras las numerosas movilizaciones y presión política, Salud contará con 1.998.356.567 euros, un 2,3% más que este año. Por segundo ejercicio consecutivo, el gobierno asturiano incrementa la inversión en salud por habitante, que el próximo año llegará a los 1975,5 euros.
La prioridad de la consejería será el refuerzo de la red de atención primaria. Con ese fin invertirá 322 millones de euros, 30 más que en 2021, para reforzar la plantilla contratando a 30 enfermeras y 16 coordinadores sociosanitarios y escolares. Además, el SESPA destinará 35,6 millones a la contratación de 170 médicos, 213 enfermeras y 70 auxiliares administrativos para la atención primaria.
