Casi la mitad de los contratos de trabajo de migrantes en Asturies son precarios

Los datos, ofrecidos por Comisiones Obreras, muestran una evolución positiva en las condiciones laborales de la población extranjera

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

Diciembre de 2021 cerró con 16.400 personas extranjeras en alta en la Seguridad Social en Asturias, 1.743 más que un año antes, lo que representa un incremento del 11,9%, notablemente superior al registrado entre la población de nacionalidad española, que fue del 2,6%. Destaca el aumento en la hostelería, que cerró el año con 3.572 cotizantes, 588 más que el año previo, lo que supone una subida del 19,7%.

A finales de 2021 el sector servicios proporcionaba ocho de cada diez empleos ocupados por la población extranjera. En la hostelería trabajaban el 22% (frente al 8% entre las personas de nacionalidad española), el servicio doméstico aportó un 14% (frente al 2% entre la población autóctona) y la construcción el 10% (por el 7% entre nacionales).

En cuanto al paro, 2021 cerró con 4.926 personas extranjeras registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo, 2.184 menos que un año antes, lo que representa un descenso del 30,7%, diez puntos más del registrado entre la población de nacionalidad española (20,1%). Seis de cada diez provenían del sector servicios. La mayoría eran mujeres (61%).

Pese a la mejoría en las oportunidades de empleo, las contrataciones fueron abrumadoramente precarias: el 41% de los contratos a personas extranjeras realizados en 2021 eran doblemente precarios: temporales y a tiempo parcial.

Por último, el informe recoge que al finalizar 2021 un total de 1.630 personas extranjeras cobraban prestaciones por desempleo. En todo caso, las prestaciones solo llegan al 42,4% quienes estaban en paro.

CCOO de Asturias, aunque reconoce la buena evolución de los datos, llama a “redoblar esfuerzos en la lucha contra la explotación laboral y la economía sumergida, aumentar la capacidad de la Inspección de Trabajo y establecer normas efectivas que endurezcan las sanciones a defraudadores y explotadores”.

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