Hace unas semanas, apenas este medio se hacía eco de la recepción por parte de Asturies de 4.417.195,44 millones de euros para el desarrollo del Plan Corresponsables en el ejercicio presupuestario de 2022. El año anterior, recibimos 4.406.915,53 millones, muchos de ellos ya en ejecución a través de diversas actuaciones municipales por todo el territorio. Una cobertura discreta para un programa que pretende favorecer la conciliación de las familias con hijas e hijos al cargo, fomentar el empleo de calidad en el sector de los cuidados y favorecer el reconocimiento de la experiencia laboral adquirida informalmente en ese ámbito; experiencia que, como dichos cuidados, está altamente feminizada y precarizada.
Casi nueve millones de euros en dos años para una comunidad de poco más de un millón de habitantes, con las tasas de natalidad más bajas de Europa, con cotas de despoblación acordes al vaciamiento de los servicios públicos en sus alas oriental y occidental y con varias generaciones ya de “leyendas urbanas” buscándose la vida fuera del territorio. ¿Qué es el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad y en qué consiste?
Responder a esta pregunta precisa una pequeña intrahistoria. Cuando en enero de 2020 se configuró por segunda vez en la historia del Estado un Ministerio de Igualdad, equipos y cargos tuvimos claro que uno de los ejes de acción principales sería el redistributivo, aplicado tanto a la riqueza como al tiempo y a los cuidados. Cuidados. Palabra común que, fuera del ámbito de los feminismos —encargados de teorizarla, politizarla y cuantificarla, algo clave en cualquier análisis socioeconómico riguroso— remite a cariños, mimos, cautelas… pero que poco a poco se abre paso, pandemia mediante, como ese conjunto de tareas imprescindibles para el sostenimiento de la vida que, históricamente, han ejecutado las mujeres en el ámbito privado por mandato de género secular.
En varios países de América Latina, desde hace ya años, se avanza hacia la configuración de Sistemas Estatales de Cuidados. En versión española, podríamos hablar de lugares que no tienen desplegado un Estado de Bienestar como el que conocemos en otras latitudes (por otro lado, cada vez más menguado y precario) y que se está armando desde una conceptualización más pegada a los feminismos, atravesada de un análisis de género e interseccional que recoge mejor las condiciones y peculiaridades de cada territorio. Para el Ministerio de Igualdad, poner la vista en los procesos de articulación de esos Sistemas Estatales de Cuidados fue una decisión profundamente política que permitía trascender el enfoque tradicional de las políticas públicas de igualdad relacionadas con la “conciliación” o la “corresponsabilidad”; además de abordar dimensiones tradicionalmente alejadas de este enfoque, vinculadas a la pregunta por quién cuida, cómo y bajo qué circunstancias, por qué y qué supone eso en términos de igualdad o desigualdad, de racismo, de clasismo o de capacitismo.
De esta forma, con la mirada puesta en Uruguay o en Argentina y el estudio del trabajo teórico y técnico de ONU Mujeres en aquel continente, se articuló un marco básico para repensar los cuidados en nuestro país y empezar a andar hacia esos Sistemas Estatales de Cuidados. Un primer paso fue identificar a los agentes implicados: todas las personas vamos a necesitar cuidados en algún momento de nuestras vidas, pero ¿quiénes los necesitan de forma inexcusable? En primer término, la infancia y las personas mayores y dependientes son los dos grandes grupos de población receptores de cuidados. Y si alguien los recibe, alguien los brinda, sea familiarmente o en ámbito del trabajo (formal o informal). Por eso, la tercera pata del análisis reconoce a quienes cuidan y debe leerlos atendiendo a los condicionantes de género, de clase e interseccionales que atraviesan esta realidad. Las que cuidan, sobre todo en las peores condiciones materiales, son muchas veces mujeres migrantes y racializadas, eslabones de esas cadenas transnacionales de cuidados que soportan en silencio el peso de una economía global ajena a cómo vivimos, cómo somos seres “operativos” cada día, cómo nos desarrollamos o cómo acabamos nuestro tiempo en el mundo. Una economía depredadora y colonial sustentada históricamente en los cuerpos de las mujeres más pobres.
En este escenario, surge el Plan Corresponsables, un resquicio en las siempre rígidas estructuras ministeriales que permitió al Ministerio de Irene Montero ampliar su campo de acción directa a una de las patas de esos cuidados, quizás la menos desarrollada en nuestro país —no es objeto de este texto abordar la situación de la atención a personas mayores y dependientes, pero sí poner en valor cómo el Ministerio de Derechos Sociales ha apostado por la economía de los cuidados y una fuerte inversión, vía fondos Next Generation, para transformar la atención residencial a nuestras personas mayores—, esa pata que tiene que ver con las niñas y los niños y que solo ha contado históricamente con dos apoyos indirectos para la provisión de cuidados: la escuela y las redes familiares.
Una forma sencilla de explicar el objetivo del Plan Corresponsables pasa por señalar que del mismo modo que deberíamos tener cerca un cole público, un centro de salud público, una biblioteca pública, una instalación deportiva pública… en nuestro barrio o pueblo debería haber también un servicio público de cuidado que permita a las familias —eufemismo, pues a quienes atañe más directamente es a las mujeres como responsables de los cuidados familiares en su inmensa mayoría— organizarse el tiempo sabiendo que sus hijas e hijos van a estar bien atendidos. Y ese tiempo puede ser para el trabajo, pero también para el ocio, o para el estudio o para el descanso. Y su disfrute no debe depender de nuestra condición de personas trabajadoras, sino que tiene que alcanzarse la cobertura universal. Y para eso, para la cobertura universal de los cuidados, debemos empezar a reivindicarlos como un derecho humano más, señalando así al Estado y a todas sus administraciones como corresponsables. El nombre del Plan, así, no es una interpelación a las familias en su diversidad —y en su particularidad heterosexual— para hacer pedagogía sobre el reparto igualitario de las tareas del hogar y la atención a sus miembros. Se trata de señalar que, como otros servicios públicos, el cuidado de la infancia y la primera adolescencia más allá de la escuela (cuya función primordial, además, debe ser la educativa) o de las redes familiares voluntariamente escogidas debe ser una responsabilidad de los poderes públicos en todos sus niveles.
Cuando el Plan Corresponsables se lanzó en 2021 se habló de “política semilla”. Desde la modestia de su dotación (200 millones de euros en todo el Estado y su dedicación al cuidado de niñas, niños y adolescentes está lejos de la garantía universal del cuidado, obviamente) se considera que esta apuesta, llamada a quedarse y acordada con las Comunidades Autónomas supone un cambio de paradigma. Porque se pretende brindar un derecho sin cortapisa, más allá de dar preferencia a colectivos especialmente vulnerables en las primeras convocatorias de puesta en marcha (familias monoparentales, víctimas de violencia de género u otras violencias machistas, personas que tengan otras responsabilidades de cuidado en su unidad familiar). Porque dejamos de hablarles a las mujeres y tímidamente a los hombres de cómo organizar su vida de puertas adentro de las casas, y buscamos una responsabilidad social del cuidado desde lo público. Porque, además, se pretende articular un sistema que reconozca y ponga en valor los cuidados y a quienes los prestan, mayoritariamente mujeres, dando cumplimiento a mandatos de la OIT referidos a la transición del mercado no formal al formal. Porque, si los ayuntamientos lo desean, pueden poner en marcha el Plan con fórmulas de contratación no precarias. Porque el Plan es una apuesta, pero no la única del Ministerio de Igualdad en este ámbito, ya que desde hace meses está operativa la Mesa Asesora por los Cuidados, pilotada desde el Instituto de las Mujeres, como organismo interinstitucional para trabajar con expertas, entidades de la sociedad civil y los ministerios competentes las transformaciones legales que nuestro país necesita en ese camino hacia la consideración plena del cuidado como un derecho. Porque, en la futura Ley de Familias del Ministerio de Derechos Sociales avanzaremos en ese reconocimiento del cuidado y en otras medidas, como la prestación universal por crianza, vinculadas a garantizarlo. Porque seguimos defendiendo la cobertura universal y pública de las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, que necesitamos en el sistema educativo público y que además de sus beneficios para la igualdad de las mujeres son la mejor garantía de la igualdad de oportunidades de niñas y niños en un mundo en el que el ascensor social se averió hace demasiado tiempo.
Me atrevería a decir que corresponde a la sociedad asturiana, a la del conjunto del Estado, hacer propio el Plan Corresponsables y el resto de medidas que busca garantizar el derecho al cuidado y que promueve el Ministerio de Igualdad. En una tierra como la nuestra, donde decidir formar una familia es inversamente proporcionalidad a la calidad de las comunicaciones en los pueblos o a la cercanía del centro de salud o de la escuela, necesitamos hacer bandera y exigir a las Administraciones, a todas, un rearme de lo público que sume los cuidados a la agenda de sus reivindicaciones.
