Entre la década de los 30 y los 50 del siglo pasado se construyeron en España cientos de centrales hidroeléctricas. Las concesiones de su explotación a empresas energéticas están caducando en cadena, lo que deja en manos de las administraciones la decisión de qué hacer con estas infraestructuras y cómo aprovechar su potencial energético, que puede cubrir en torno a un 15% de la demanda energética del país.
Se trata de una energía con muy pocos costes, que se puede almacenar para generarla cuando sea necesario y que, en su práctica totalidad, está en manos de las grandes eléctricas en régimen de concesión asignados a 75 años. Iberdrola, Naturgy y Endesa son las tres compañías que gestionan la mayoría de estos saltos de agua en España. La ley de Aguas contempla que “al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento”. Una vez vencido el plazo de la concesión, el Estado puede optar entre prorrogar la misma en manos privadas o tomar el control de la central hidráulica.
En Asturias hay 23 presas hidráulicas, y en la próxima década vencerá la concesión de cinco de ellas. En los últimos dos años caducó la concesión de la presa de La Riera-Somiedo, en manos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y ahora pendiente de nueva licitación, y de la central de Cauxa. Próximamemnte será el turno de Valduno II, La Muela o Priañes, esta última en manos de EDP.
Paco Ramos, de Ecoloxistes n’Aición, señala que “de todas las energías renovables, la generación hidráulica es la que tiene más ventajas de gestión, porque es claramente regulable”. El problema es el de siempre: “No se regula tanto en relación a la mejor gestión del sistema, sino del beneficio de las empresas”.
El almacenamiento del agua permite a estas empresas “guardarla para cuando los precios estén más altos, y no en función de las necesidades del sistema”. Según Ramos, esta dinámica se ve favorecida por las normas que rigen la subasta energética:
“Eso se vio con la central de Tanes-Rioseco. Fue cambiar los métodos para que en vez de precios regulados hubiese precios de subasta cuando vieron que la central era un negocio impresionante y empezaron a usarla el doble que años anteriores. Es una central hidráulica y de bombeo, lo que significa que no dependen solo de que llueva, pues son capaces de subir agua de Rioseco a Tanes y, cuando los precios de la energía están altos bajan el agua”.
Para Ramos es necesaria una intervención de estas centrales, aunque no necesariamente de su propiedad. Lo importante, matiza, es la gestión de estas centrales: “Los beneficios irían para su propietaria, ya sea pública o privada, pero su gestión estaría en manos de un organismo controlado por el sistema”. Para ello, habría que renovar la concesión a la empresa privada, pero a cambio de que su gestión pase al Estado o a Red Eléctrica.
Otra cuestión que Ramos pone sobre la mesa es la de la demolición de ciertas presas una vez que hayan cumplido su cometido. Explica que es algo que “tiene que ver con la gestión de los ríos y su función en el ecosistema”. Es consciente de que “no podemos renunciar a los embalses ya construidos, pero en aquellos casos en los que, por su escaso uso, pueda ser justificado demolerlo, así debería hacerse”. Otra historia es “ver cómo se pueden aprovechar esas infraestructuras que ya existen pero no van a tener el servicio que tenían, como embalses que servían para dar suministro de agua a las centrales térmicas, y que se podrían aprovechar para la generación hidráulica”.
