No deja de sorprender que en la ciudad que vivió durante las dos largas décadas del gabinismo sonados escándalos como Villa Magdalena, el hípico del Asturcón y Cinturón Verde, o ya con Agustín Iglesias Caunedo el Caso Aquagest, vayan a ser el ex alcalde socialista Wenceslao López y nueve ediles de PSOE, Somos Oviedo/Uviéu e IU, los primeros cargos públicos en sentarse en el banquillo de los acusados en una suerte de macrojuicio por autorizar en 2018 algo a priori tan inocuo como un mercado tradicional y ecológico en la calle Gascona. Resulta llamativo, pero la crónica política y judicial ovetense se escribe así. El juicio que arranca este martes en la Audiencia Provincial de Asturies puede terminar con la inhabilitación por nueve años de los ex concejales del gobierno de izquierdas que gobernó Oviedo/Uviéu entre 2015 y 2019. Poca broma. Repasemos los hechos.
“La fiscalía y el Juzgado número 3 archivaron dos veces el caso”
Todo se remonta a 2018. Los hosteleros de Gascona solicitan permiso para celebrar un mercado ecológico y tradicional al aire libre. Lo llevan haciendo desde 2014, cuando el alcalde era Agustín Iglesias Caunedo, del PP. Los vecinos de la calle, desde hace años en pie de guerra contra el Bulevar de la Sidra, denuncian al gobierno local por autorizar la actividad, alegando que contradice la ordenanza de Ocupación de Espacios Públicos y Venta Ambulante. Es lo mismo que intentan contra la multitudinaria Preba de la Sidra, que cada año reúne en su calle a miles de personas. Fracasan en su propósito. Sin embargo, para la buena fortuna de la asociación, y la mala de tripartito de izquierdas, la denuncia del mercadillo cae en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3. ¿Y quién está al frente de él? El juez Miguel Ángel Carbajo Domingo: el magistrado que en 2007 intentó que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, en 2019 obligó al tripartito a indemnizar a la Fundación Bueno con 10.549 euros y en 2020 logró la anulación del cambio de 17 calles con nombres franquistas en la capital asturiana.
Carbajo Domingo ordena la suspensión cautelar del Mercáu de Gascuña en junio. En enero de 2019 el juez dicta sentencia y la envía a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al considerar que hay indiciós de prevaricación en el tripartito. Un delito penal. La Fiscalía archiva el caso. También el Juzgado de Instrucción Número 3 de Oviedo/Uviéu. Dos veces. Sin embargo los vecinos recurren. Consideran que el gobierno local se ha plegado a los intereses de los hosteleros y se ha saltado la ley para que se pueda celebrar el Mercáu de Gascuña. Logran el apoyo de la Audiencia para que se reabra el caso del mercadillo. Así llegamos a julio de 2020. Cambio en la actitud de la Fiscalía. Pasa de archivar el caso del mercadillo a pedir 9 años de inhabilitación para Wenceslao López, Ana Taboada, Rubén Rosón, Nacho Fernández del Páramo y Mercedes González de Somos Oviedo/Uviéu, Ricardo Fernández, Marisa Ponga y Ana Rivas del PSOE y Roberto Sánchez Ramos e Iván Álvarez de IU. El escrito carga las tintas contra el tripartito. Para la Fiscalía el alcalde y sus concejales actuaron “atendiendo a su mera voluntad personal, con pleno conocimiento de actuar al margen de la legalidad y en contra de los informes técnicos que figuraban en el expediente administrativo”.
Desde los partidos del tripartito siempre han dicho lo mismo. Que ellos no hicieron nada que no se hubiera hecho antes con los gobiernos locales del PP. Que los vecinos también denunciaron la Preba de la Sidra, un evento mucho más multitudinario, y a pesar de ello la Justicia no les dió la razón, por lo que no entienden que lo que vale para uno no valga para otro. Según la portavoz de Somos Oviedo/Uviéu Ana Taboada el gobierno cumplió “los trámites para adjudicar el mercado de Gascuña de conformidad con los informes técnicos necesarios, tal y como se venía haciendo desde hace años incluso con gobiernos populares”. Para el ex alcalde Wenceslao López resulta chocante que “los más de 300 millones despilfarrados en los 25 años anteriores en Oviedo” no fueran objeto de ninguna acusación por parte de los fiscales, mientras que él y sus ex concejales de gobierno se enfrentan a penas de inhabilitación por autorizar un mercadillo que “no produjo ningún daño ni beneficios a nadie”. Y es que casi tres años después del final del tripartito, los problemas siguen persiguiendo a la izquierda ovetense. El Caso Gascona se ha convertido en el epílogo del gobierno más maltratado de la historia de la capital asturiana.
