Jueces contra la movilidad sostenible

Xixón, Barcelona, Madrid o Valladolid son algunas ciudades en las que los tribunales han dado la razón a los que se oponen a limitar el uso del coche.

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Christian Ferreiro
Christian Ferreiro
Graduado en Filosofía por la Universidá d'Uviéu. Esperando ser docente de secundaria en un futuro no muy lejano.

La peatonalización o no del Muro de Xixón se ha convertido desde el inicio de la pandemia en una de las grandes discusiones que dividen a la opinión pública gijonesa. A pesar de que un juzgado ha dado la razón a la plataforma ¡Stop Muro!, contraria a la eliminación del tráfico en el entorno de la playa de San Lorenzo, el gobierno local ha decidido plantear un recurso y este mismo miércoles presentaba su proyecto para la definitiva trabsformación del cascayu en un gran paseo verde y ciclable.

La polémica gijonesa no es un caso aislado. En otras ciudades españolas los planes de movilidad sostenible desplegados por los ayuntamientos están chocando con la oposición de sectores sociales que han judicializado su batalla contra la reducción del tráfico. El pasado 21 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulaba la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona regulando la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Ciudad Condal. Esta anulación suprimía un territorio urbano, el más extenso de toda España, de más de 95 kilómetros cuadrados de restricciones al tráfico y a los vehículos más contaminantes. Las Zonas de Bajas Emisiones no son un capricho ecologista de Ada Colau sino una obligación impuesta en la Ley de Cambio Climático de España, que impone que en 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán contar con una de ellas. Se trata de la trasposición a la legislación española de las recomendaciones internacionales para el fomento de la movilidad sostenible y la reducción del uso del coche en las ciudades. La última de ellas la del IPCC (el Panel de Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático de la ONU) que esta semana urgía a los gobiernos de todo el planeta a reducir el consumo de energías fósiles en sus respectivas economías.

Una peatonalización provisional en Barcelona a través del llamado urbanismo táctico. Foto: Ayuntamiento de Barcelona.

Como en el caso gijonés, la sentencia contra la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona, vino precedida por una fuerte polémica en los medios, algunos de los cuales se alinearon abiertamente con las asociaciones pro-coches. El TSJC estimó los seis recursos interpuestos por diez asociaciones distintas, señalando que la ordenanza carecía de informes suficientes que avalasen las restricciones impuestas y que considerasen las “consecuencias económicas, sociales y sobre el mercado y la competencia“. De este modo, el Ayuntamiento de Barcelona se habría estado “excediendo” en el ámbito geográfico de implantación y en la restricción de los vehículos afectados, impidiendo la circulación en la zona a aquellos sin etiqueta medioambiental. Por esto, según el fallo judicial, las restricciones causan “un efecto negativo en las personas de menor capacidad adquisitiva” y no se ofrece “ninguna solución alternativa“.

“Barcelona ha ofrecido tres años de transporte público gratuito a cambio de desguazar vehículos contaminantes”

Más allá de estos discursos sociales en contra de la Zona, que ponen el foco en que las personas de más poder adquisitivo pueden con mayor facilidad cambiar a vehículos menos contaminantes, cabe recordar que detrás de las denuncias a la ordenanza, se encuentran sobre todo asociaciones vinculadas con el sector del transporte y agrupadas en la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC). Es decir, que la protesta ha sido sobre todo del lobby del motor. También debe mencionarse para tener el cuadro completo que el gobierno de Colau viene ofreciendo desde 2017 un intercambio consistente en desguazar los coches antiguos a cambio de tres años de transporte público gratuito con la tarjeta T-Verda. Más de 12.000 vehículos contaminantes se han enviado al desgüace gracias a esta medida, que lleva cinco años implantada en la Ciudad Condal. El Ayuntamiento también ha reclamado a la Generalitat bajar un 50% el precio del metro. De momento se ha encontrado con la negativa de ERC y Junts.

La tarjeta verde de transporte público que Barcelona intercambia por coches contaminantes. Foto: Ayuntamiento de Barcelona.

La concejala de urbanismo y movilidad de Barcelona, Janet Sanz, ha criticado que la sentencia obvie la crisis medioambiental y los problemas de salud que genera la contaminación. No obstante se ha abierto a realizar modificaciones en la ordenanza. Al mismo tiempo el gobierno de Colau mantiene su ofensiva en defensa de la movilidad sostenible buscando alianzas con otros ayuntamientos. El pasado 27 de marzo se constituyó la Taula per la Qualitat de l’Aire por parte de los 65 ayuntamientos catalanes de más de 20.000 habitantes que tienen previsto crear su propia zona de bajas emisiones antes del 2025. Esta mesa sirvió para reafirmar el compromiso de los alcaldes y alcaldesas para impulsar restricciones en sus núcleos urbanos.

Foto: Ayuntamiento de Barcelona.

Colau también ha sumado el apoyo de los ayuntamientos de cuatro de las más importantes ciudades europeas, Londres, París, Roma y Milán, que han hecho pública una carta en la que criticaban la resolución del TSJC y defendían la medida de regulación de la Zona de Bajas Emisiones.

Otros casos: Córdoba y Valladolid.

Los conflictos a propósito de los planes de movilidad sostenible no son nuevos. En 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al Ayuntamiento de Córdoba a anular el estudio de detalle por el que se obligó a la empresa Luyfe a que el aparcamiento de la calle Sevilla se reservase a residentes en vez de explotarse por el sistema tradicional de rotación. La sentencia puso en serio riesgo el plan de peatonalización de la calle Cruz Conde que, posteriormente, se llevaría a cabo.

Manifestación en defensa de Madrid Central. Foto: Pedalibre.

Ya más recientemente, a principios de este año un juzgado anulaba el ambicioso plan de movilidad sostenible de Valladolid tras un recurso del PP. El Juzgado de los Contencioso Administrativo obligaba al gobierno vallisoletano (PSOE y Valladolid Toma la Palabra) a anular carriles-bus y carriles-bici en varias calles.

Madrid Central ha sido el caso que más repercusión nacional ha tenido. El equipo de gobierno municipal que encabezaba Manuela Carmena puso en marcha un ambicioso plan de movilidad para el centro de la capital que el PP se comprometió a desmontar una vez en el poder. Ni las grandes movilizaciones ciudadanas en defensa de Madrid Central ni los recursos legales lograron frenar que el Tribunal Supremo tumbase la Zona de Bajas Emisiones agarrándose a defectos de forma. Y es que en plena crisis climática la mayoría de los tribunales han tendido a fallar a favor de los recursos interpuestos contra los proyectos urbanísticos para reducir el uso de los vehículos contaminantes en las ciudades españolas.

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