La acusación por prevaricación contra el gobierno tripartido ovetense (Somos, PSOE e IU) entre 2015 y 2019 se desinfló por completo en la sesión celebrada este jueves en la Audiencia Provincial. Los testimonios de los funcionarios municipales que intervinieron en el proceso que llevó a conceder permiso al Mercáu de Gascuña, celebrado en la calle Gascona en 2018, dejaron a las claras que no existió “ilegalidad” alguna. Reconocieron estos que el gobierno local tenía margen para autorizarlo, amparado en la ordenanza que rige los mercadillos. A la luz de lo expuesto durante la vista, la Fiscalía decidió retirar una acusación que se probó vacía.
La tercera jornada de la causa contra el ex alcalde socialista, Wenceslao López y los ediles Ana Rivas, Ricardo Fernández, Maria Luisa Ponga (PSOE), Ana Taboada, Rubén Rosón, Ignacio Fernández del Páramo, Mercedes González (Somos), Iván Álvarez y Roberto Sánchez Ramos (IU), ha visto desfilar a los testigos clave en el proceso de la concesión del permiso al mercado.
Comenzó interviniendo el Comisario de la Policía Local, José Manuel López, quien, a pesar las diferencias mantenidas con el gobierno tripartito (que le cesó de su cargo por su supuesta implicación en la trama Enredadera), reconoció que no se cometió “ilegalidad” alguna con la celebración del mercado. “Señalamos una serie de obstáculos para la celebración del mercado, desde el punto de vista de la seguridad, pero la aprobación, como señala el informe, quedaba a juicio de la Junta de Gobierno”, explicó.
Fueron precisamente los informes previos a la aprobación por parte de la Junta de Gobierno, los que la acusación (ejercida por la fiscalía y por la Asociación de Vecinos de Gascona e Indalecio Prieto) trató de utilizar para defender un supuesto caso de prevaricación. Sin embargo, los autores de los mismos dejaron a las claras que estos textos “”eran vinculantes”. “En otros casos, cuando entendí que las condiciones no eran adecuadas para una actividad, informé desfavorablemente”, reconoció el agente policial encargado de examinar las condiciones del mercado.
El encargado del informe urbanístico, Ignacio Ruiz Latierro, que en 2018 era jefe del Servicio de Infraestructuras, explicó la existencia de tres informes diferentes en el proceso: “Primero, los hosteleros organizadores, pidieron una renovación del permiso para celebrar el mercado. Como no había autorización previa, no había nada que renovar y se denegó”. Posteriormente, el colectivo encargado del evento remitió documentación detallada del proyecto y se emitió un segundo informe, que aún estaba incompleto, concluyendo finalmente en la aprobación de una tercera versión, en la Junta de Gobierno celebrada el 2 de marzo de 2018. “La ordenanza indica que en esa zona no se puede hacer venta ambulante y por eso los reparos que puse. Sin embargo, la propia ordenanza recoge que se puede hacer entendiendo que es un evento de interés público, de carácter ocasional”, subrayó Latierro durante la vista.
Esta apreciación la detalló aún más el secretario municipal, Jesús Fernández, quien no aprecia nada “irregular” en el caso del mercado: “Es una problemática genérica con la ordenanza de mercados y la de ocupación de espacios públicos. Siempre salen reparos en los informes y se opta por esta fórmula que permite la reglamentación”, concluyó, recordando que, tanto en el pasado, como en la actualidad, se sigue empleando está opción en los eventos que se celebran.
A pesar de las quejas de los vecinos, que siguen afectados en la actualidad por el gran número de eventos en la calle -“uno cada cinco días”, según calculó Germán Abad, portavoz de la asociación denunciante-, el peso de los testimonios técnicos acabó llevando a la fiscalía a retirar la acusación. Un alivió para los políticos, que celebraron la decisión: “Había que pasar por esto”, exclamó Wenceslao López al levantarse del asiento.
Vacía la causa, la acusación particular pedirá mañana, en solitario, la condena, con pocas opciones de que llegue a prosperar.
