Gonzalo Olmos es el actual presidente de Amnistía Internacional de Asturias. Abogado en ejercicio, se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo y se tituló por la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias. Escribe habitualmente en diversos medios de comunicación y ha tenido responsabilidades institucionales, tanto en el ámbito municipal como en el autonómico. En Nortes, hemos conversado con Gonzalo Olmos para saber su opinión acerca de la actividad de Amnistía Internacional en Asturias, además de preguntarle por las polémicas de mayor actualidad en lo relativo a los Derechos Humanos, como el uso del software Pegasus, le ‘Ley mordaza’, la agresión rusa en Ucrania o la crisis de los refugiados en la Unión Europea.
¿Cuál es la historia de Amnistía Internacional en España?
Amnistía Internacional Asturias es una organización defensora de los Derechos Humanos que funciona como entidad autonómica inscrita a la sección española de Amnistía Internacional y, a su vez, inscrita en la organización a nivel internacional. La creación de Amnistía Internacional tuvo lugar en 1961 gracias a Peter Benenson, un abogado inglés preocupado por la represión frente a la libertad de conciencia. A partir de entonces, se amplió el mandato con distintas causas: la lucha contra la tortura, la pena de muerte, la defensa de la libertad de expresión… Y lleva a cabo una estrategia global de defensa total de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Amnistía Internacional se establece en España en 1977, aunque ya en la época del tardofranquismo contaba con el activismo a título individual como Marcelino Arbesú o Antonio Masip, y otras personas que se encargaron de los casos del sector minero que sufrían represalias por actividad sindical y política en los años 60. En 1981 se constituyó el grupo local de Oviedo, junto con otros territorios, como actualmente son el de Gijón y el de Avilés-Pravia. Tenemos a nuestras espaldas una trayectoria de 41 años de trabajo en Asturias.
¿De qué manera funciona Amnistía Internacional en Asturias?
Amnistía Internacional Asturias es una entidad territorial que trabaja con perspectiva autonómica y con una asamblea anual, democrática y con total transparencia de las decisiones. A nivel internacional contamos con 10 millones de socios y colaboradores. En Asturias somos unos 2600 socios. Pocas organizaciones pueden presumir de la trayectoria de Amnistía Internacional, aunque tengamos no pocas dificultades. Somos una organización que se basa en el trabajo voluntario de las personas, que es independiente y que no depende ni de subvenciones ni de donativos procedentes ni de las administraciones, ni de gobiernos ni de empresas. Nos sostenemos con las cuotas y ayudas de nuestros socios y simpatizantes. Esto es un rasgo fundamental en Amnistía Internacional, ya que la independencia y la imparcialidad han sido la divisa de nuestra organización.
¿Cuáles son vuestros ejes de actuación?
Intentamos combinar la realización de un trabajo de campo riguroso, mediante la red de investigadores y oficinas regionales y la colaboración con entidades locales de defensa de Derechos Humanos, con los criterios de rigor, imparcialidad y transparencia. Además, contamos con la acción de las movilizaciones de la sociedad civil internacional, en alianza con otras organizaciones sociales. Con todo esto, cada año realizamos un informe exhaustivo de la situación de los DDHH en cada país. En el informe de este año, analizamos la situación de 154 países, además de las tendencias globales en función de las necesidades.
“Nuestro estado de salud social es satisfactorio, pero es necesario recuperar un mayor pulso en el ámbito de las organizaciones sociales”
¿Cuál es la situación del voluntariado en la organización?
Tenemos una base social amplia y la evolución es positiva, a pesar de los altibajos. Tenemos constancia de un incremento de participación sostenido en el tiempo. Además, tenemos distintos espacios de participación para un mayor grado de implicación y activismo, que se reúnen periódicamente: ámbitos de educación y DDHH, escolar y universitario, de interlocución con las instituciones, trabajo de calle…
¿Habéis notado efectos negativos desde la llegada de la pandemia?
Son épocas complicadas para la movilización social en general, debido principalmente a la pandemia, pero también a los ritmos de vida, y la sociedad asturiana tiene una dificultad estructural para mantener la actividad de las organizaciones sociales. Hemos procurado mantener la actividad durante la pandemia, y tan pronto hemos podido recuperar la calle, así lo hemos hecho. Nuestro estado de salud social es satisfactorio, pero es necesario recuperar un mayor pulso en el ámbito de las organizaciones sociales. Debemos hacer un llamamiento a las personas, no solo para defender los DDHH, sino para tomar conciencia de que los derechos civiles y políticos, sociales y culturales básicos están en riesgo actualmente. Un lema que hemos utilizado al respecto es que “defender los DDHH es hacerlo en defensa propia”.
¿Cómo habéis vivido con la llamada ‘Ley mordaza’?
La ‘Ley mordaza’, la actual Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, es veneno para la democracia. La posibilidad de identificar y sancionar a periodistas es posible con esta ley, y esto ha tenido efectos perniciosos. Imponer sanciones por lo que puedan considerarse faltas de respeto o negativas a identificarse, por decir algunos ejemplos, con los tipos infractores tal y como están expuestos en la legislación, han permitido un uso muy extensivo de la ley. En algunos momentos, incluso, con efectos claramente represores del derecho a la protesta.
“Las actuaciones de las FCSE, cuando son proporcionadas y acorde a la ley, son fundamentales para los DDHH”
¿Cómo analizáis la reforma de la ‘Ley mordaza’ que se pretende impulsar desde el Gobierno?
El proyecto de ley que ha emitido el Gobierno a las Cortes, y que se encuentra en estos momentos en tramitación parlamentaria, es un avance importante porque delimita mejor los contornos de los tipos infractores e introduce elementos de proporcionalidad, que es la palabra clave a la hora del ejercicio de la función policial en momentos de protestas civiles. Sin embargo, a nuestro juicio, es insuficiente. La mayoría de las infracciones que se han sancionado desde 2015 se basan en tipos infractores que se mantienen, como el de posible falta de respeto, que muchas veces depende de la percepción que tenga el funcionario policial que suscribe determinados informes. Nosotros entendemos que el ejercicio de la función policial es determinante para el mantenimiento de la convivencia de un país. Las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando se realizan de una manera proporcionada, con una sensibilidad hacia los DDHH y acorde a la ley, a sabiendas de la dificultad de las situaciones concretas, son fundamentales para los DDHH. Para eso se necesita un contexto legislativo que favorezca esta dinámica virtuosa y no la contraria. Amnistía Internacional considera que es el momento de estar en contra de la ‘Ley mordaza’, pero también de lo que hemos llamado “mordaza maquillada”. Creemos que la ley necesita una mejora sustancial en el trámite parlamentario, y pedimos a las fuerzas políticas que sean sensibles a las demandas de la sociedad civil y mejoren de una manera relevante.
¿Cómo estáis viendo la situación de la invasión rusa en Ucrania?
Es una crisis de derechos humanos gravísima. Amnistía Internacional entiende que la agresión, tal y como se denomina, es ilícita desde punto de vista del derecho internacional público, y que ha provocado una crisis de derechos humanos a gran escala. Desde el inicio de la agresión del 24 de febrero, con la actividad de investigación sobre el terreno y verificando todas las evidencias que se han podido recoger, hemos constatado que se han producido determinados tipos de ataques frente a la población civil, infraestructuras civiles, centros educativos y sanitarios que pueden constituir crímenes de guerra. La escala de los crímenes de guerra que se están pudiendo contrastar en Ucrania tiene una entidad mayúscula que escapa a todo lo previsible. Amnistía Internacional ha pedido que se investiguen, como está haciendo ya la Corte Penal Internacional sobre esos crímenes de guerra. Desde la organización se ha pedido que cese inmediatamente la agresión por parte de Rusia en Ucrania, que se respete el derecho internacional humanitario, apreciando que la causa originaria es una agresión contraria al derecho internacional público y que, una vez finalizado el conflicto, se activen los mecanismos correspondientes de depuración de responsabilidades y la persecución de crímenes de guerra. Amnistía Internacional está colaborando con otras organizaciones sobre el terreno para la recogida de la máxima información posible.
¿Cómo está afectando en cuanto a la crisis de refugiados?
Se calcula que estaríamos hablando de más de 6 millones de personas refugiadas. Desde Amnistía Internacional, saludamos favorablemente la activación por parte de la directiva europea del mecanismo de acogida. La respuesta de la UE está siendo razonablemente satisfactoria. No obstante, Amnistía Internacional destaca que no debe haber ningún tipo de discriminación ni doble rasero en la atención a refugiados. Se ha vivido algún caso de personas que huían de la guerra de Ucrania que no tenían la nacionalidad ucraniana y que se han encontrado con dificultades para encontrar asilo y refugio. Estas personas tienen que ser debidamente acogidas. La UE debe ser consciente de que esta crisis nos afecta directamente porque el conflicto se encuentra en territorio europeo, pero también existen otros conflictos que no se pueden soslayar y ante las que no siempre se ha respondido de la misma manera. Estos casos son los de las crisis de refugiados surgidas de Siria, Afganistán, la República Democrática del Congo, República Centroafricana, Burkina Faso o Mali. No debería haber refugiados de primera y de segunda.
¿Esto puede agravar la situación de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros)?
Amnistía Internacional no tiene una posición respecto al uso de la detención e internamiento de personas en situación administrativa irregular en los centros de internamiento de extranjeros previos a su posible expulsión, en caso de que pudiera producirse. Sin embargo, cualquier persona sometida a cualquier sujeción por parte del Estado, independientemente de su situación administrativa, debe tener sus derechos básicos perfectamente protegidos, incluyendo el acceso a asistencia jurídica, la posibilidad de ejercer sus derechos y de reclamar el acceso a la solicitud de protección internacional. En España, este derecho no siempre se respeta. Respecto del fenómeno de las devoluciones en caliente, que es diferente al de los CIE, Amnistía Internacional se ha pronunciado abierta y claramente en contra de esta política, a pesar de que haya sido respaldada por el Tribunal Constitucional. Debe modificarse precisamente la Ley de Seguridad Ciudadana, la ‘Ley mordaza’, para impedir estas devoluciones en caliente porque no permiten el acceso y el trámite de las solicitudes de protección internacional que tienen todas las personas de acuerdo con el Estatuto del refugiado, del año 1951.
“En la UE hay una práctica consolidada de devoluciones en caliente como la que hay en la frontera sur española”
Es llamativa la situación que se está viviendo en el Frontex, el mecanismo que supervisa las fronteras exteriores de la UE, perteneciente a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Estos últimos días, es sabido que su máximo responsable, Fabrice Leggeri, ha presentado su dimisión debido a la crisis institucional derivada de las devoluciones en caliente. Los mecanismos Frontex están intentando abordar una crisis que es fundamentalmente un problema europeo. Se ha puesto de manifiesto que en el conjunto de la UE hay una práctica consolidada de devoluciones en caliente semejante a la que se vive en la frontera sur española. Esto impide que las personas puedan acceder a cualquier solicitud de asilo cuando tengan su primer contacto con una autoridad europea.
Por otro lado, sí existe un debate en el movimiento internacional en torno a si la detención e internamiento en un CIE es una medida legítima o no en el ejercicio de la política de extranjería e inmigración de cualquier país. Desde la sección española de Amnistía Internacional hemos promovido este debate. A día de hoy, la organización no tiene una posición a nivel internacional sobre esta cuestión en particular, pero es cierto que existe el debate. Nuestra posición se orienta hacia la garantía de la asistencia jurídica para estas personas.
¿Qué opináis respecto de la polémica con Pegasus y el espionaje a políticos?
Amnistía Internacional lleva trabajando en relación con la utilización de softwares usados por Estados para actividades de espionaje desde hace muchos años. Desde julio 2021, Amnistía Internacional, junto con el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, lleva trabajando en relación con el software Pegasus, que proviene de la empresa NSO Group. En este caso, ha alcanzado un grado de intensidad en su aplicación y un riesgo evidente de vulneración de DDHH que requiere, y así hemos pedido, una moratoria en su uso. La utilización del software Pegasus permite una intercepción de comunicaciones y de obtención de información tan masiva e indiscriminada, a través de los dispositivos móviles, que de ningún modo se adecúa a los criterios legales. Según la legislación en todo Estado democrático, para poder interceptar comunicaciones en el marco de una investigación penal con autorización judicial, debe partirse de los criterios de excepcionalidad, idoneidad, proporcionalidad, necesidad y especialidad. Este software no cumple con ninguno de estos estándares. El consorcio de periodistas Forbidden Stories, que destapó inicialmente este caso, y posteriormente el Citizen Lab junto con Amnistía Internacional, han demostrado que países de toda condición han hecho un uso masivo de Pegasus frente a abogados, activistas sociales, líderes sociales, jefes de Estado, líderes de oposición… Es un grado tal de erosión de derechos civiles y políticos que nos lleva a un escenario novedoso y de un riesgo impredecible para la supervivencia de la propia democracia. No hay democracia viable si aceptamos que haya un grado tal de intromisión de la vida e intimidad de las personas, además motivada por razones de naturaleza política, y que con ello desaparezca la posibilidad de realizar cualquier actuación sin el riesgo de ser espiado o vigilado. Además, el software Pegasus se ha utilizado no solo por países de trayectoria democrática dudosa, sino democracias más avanzadas. Estos son los casos de la activista saharaui Aminatou Haidar, el periodista Jamal Khashoggi, ejecutado extrajudicialmente por agentes bajo dependencia del Reino de Arabia Saudí en 2018, o el periodista mexicano Cecilio Pineda, ejecutado extrajudicialmente también. Los dispositivos móviles de cada uno de ellos fueron infectados por el software Pegasus, como se ha podido acreditar. Se ha utilizado incluso frente a abogados de DDHH, por lo que ha afectado al derecho a la legítima defensa, que es sagrado para la preservación de cualquier garantía judicial. Hay una relación causa-efecto entre el uso de Pegasus y la violación de derechos humanos, a veces de naturaleza muy grave.
¿Qué consecuencias tiene para la legitimidad de las instituciones del Estado?
El Parlamento europeo ha aprobado recientemente iniciar una comisión de investigación destinada a analizar esta escalada trasnacional. Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados en los que haya indicios que realicen investigaciones imparciales y exhaustivas. Y en España, hemos pedido al Gobierno que declare con total claridad si se ha utilizado el software Pegasus u otros análogos, y cuáles han sido los criterios y limitaciones que se hayan podido adoptar. Precisamente en España, el Citizen Lab ha podido verificar, mediante laboratorios de pruebas en los que ha participado Amnistía Internacional, que determinados dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural fueron objeto de seguimiento y sus comunicaciones interceptadas a través de este software. El Gobierno español no ha aclarado bajo qué tipo de circunstancias se ha hecho y es algo gravísimo. No solo se trata de la calidad de nuestra democracia, sino que la preservación de garantías básicas está en juego.
¿Cómo analizáis la creciente presencia de Vox en las instituciones y los gobiernos?
Amnistía Internacional se dirige al conjunto de las fuerzas políticas con el fin de que incorporen en su agenda política y en sus programas las políticas de DDHH, y también los valores que inspiran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta petición, que se realiza independientemente del espectro ideológico, afecta a todos los niveles de gobernanza, desde gobiernos estatales, autonómicos y ayuntamientos hasta las instituciones europeas. Nosotros no tenemos una posición ni favorable ni contraria a ningún partido político. Vivimos una época turbulenta en la que determinado tipo de discursos no solo abordan de una manera cínica los DDHH en función de intereses estratégicos o políticos, sino que últimamente confrontan directamente con el propio concepto de DDHH y los mecanismos jurídicos que garantizan su efectividad en su conjunto. Este tipo de discursos nos preocupa porque cuestionan determinados avances que hemos conseguido con gran esfuerzo a lo largo de la historia. Hemos visto a dirigentes, desde Donald Trump o Rodrigo Duterte, pasando por responsables políticos en Israel, justificando el uso de la tortura. Se ha justificado en el pasado el uso de cárceles secretas dentro del ámbito de la llamada “lucha contra el terror”. Estos días escuchábamos en el Congreso de los Diputados a líderes, no solo provenientes de una única extracción política, justificando sin dar explicaciones el uso de softwares para espionaje masivo indiscriminado. Vivimos una época en la que, por mor de una pretendida seguridad y valores nacionales a veces, se menoscaba el valor de los DDHH tanto individuales como colectivos, señalando a minorías étnicas, por su orientación sexual… Y ese tipo de discursos muchas veces tienen consecuencias prácticas en la propia preservación de los DDHH.
