Fatiga y deterioro del Estado social asturiano

Asturias todavía puede presumir de muchas políticas públicas, pero el sistema está agotado en algunas de sus áreas más importantes.

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Alejandro Suárez
Alejandro Suárez
Responsable de estrategia política de IU y ex concejal de la coalición de izquierdas en Oviedo.

Smanas atrás hemos asistido a las movilizaciones de las asociaciones de discapacidad reclamando los recursos públicos que necesitan, y a los que tienen derecho, para ejercer su indispensable labor diaria. También hemos visto movilizaciones por el colapso del sistema de acreditación del grado de discapacidad. La próxima semana serán los afectados por el retraso en las subvenciones del alquiler y otras ayudas públicas quienes se movilicen. Todo esto merece, por su gravedad, un análisis profundo que alcance la raíz del problema y, por tanto, sus causas. Esto debería ser labor, no sólo del Gobierno asturiano, sino también del Parlamento y de las principales corporaciones municipales asturianas, que conocen bien los problemas sociales de nuestra comunidad. Hemos de decir que en esta legislatura este análisis no se ha, ni siquiera, iniciado y esto es, cada uno en su justa medida, responsabilidad de todo el arco político. 

“La causa real del problema es estructural, por tanto, mucho más profunda y compleja”

Las insuficiencias de la Consejería de Derechos Sociales no son de gestión política ni de orden administrativo. No son responsabilidad de los equipos políticos y técnicos que dirigen las políticas sociales. Si, por el contrario, entendemos que todo lo que sucede es fruto del mal hacer político y administrativo dejaríamos sin identificar la causa real del problema, que es estructural, por tanto, mucho más profunda y compleja. La mayoría de los partidos políticos de la oposición parecen contentarse con estacionar su crítica en la superficie de los conflictos, por varias razones, en primer lugar porque es más fácil obtener atención mediática y apoyo público inmediato. Defender a quienes son mal atendidos por el sistema público es una obligación moral y es bien aceptado por la sociedad. No obstante, eso es concebir a la gente sólo como electorado, no como ciudadanía. Los partidos, sobre todo los que defendemos el Estado social, debemos ir más allá y atender a las señales de fatiga y deterioro que nos transmite el sistema de atención social.

La consejera de Bienestar y Derechos Sociales Melania Álvarez. Foto: Iván G. Fernández.

Incluso en la oposición se tiene responsabilidades políticas, aunque solo sea la de señalar los problema estructurales e implicarse en su solución, incluso si supone coste político. En lo que se refiere a la situación estructural de los servicios sociales, podemos afirmar que se produce hace años una dejación política insoslayable y que ha llevado a que estas políticas indispensables estén al borde del colapso. La política lleva décadas sin querer abordar este gran problema en el corazón de su sistema social que está enfermo y necesita de un gran acuerdo político. 

Los servicios públicos sociales, una de las piezas clave del Estado Social, son ya, en gran parte, obsoletos e insuficientes para atender los derechos generados por la legislación promulgada. Es decir, la política genera derechos y discurso social, pero mira hacia otra parte cuando se trata de establecer una administración capaz de garantizarlos con plena calidad. Personas con alguna discapacidad o grado de dependencia –situación que potencialmente puede experimentar toda la sociedad, conviene no olvidarlo– son, junto con sus familias, las primeras afectadas. Es evidente que las que menos recursos tienen sufren mucho más.

“Hay que tomar decisiones que inevitablemente conllevan costes económicos”

Hay que tomar decisiones que inevitablemente conllevan costes económicos. Es inaceptable sostener una política social sobre una doble precariedad: la de los atendidos, su familias que también son cuidadoras, y la de los profesionales que trabajan en el campo social en unas condiciones laborales inaceptables, bien sea en el tercer sector o en el sector público, que también alberga zonas de gran ínfima calidad laboral. No podemos legislar derechos y contar con una administración que los transforma en un estado de malestar.

Las reformas administrativas sociales necesitan recursos públicos, pero es hora de que, desde la política, se diga claramente quién no está dispuesto a pagarlos. Es necesario dejarlo claro porque esto también ayudaría a esclarecer debates que se dan en el vacío y, por tanto, sujetos a la demagogia, como la de los impuestos.

Residentes del ERA en L’Infiestu en una concentración el pasado mes de diciembre. Foto: Iván G. Fernández.

Lo que la política no puede hacer es trasladar el problema permanentemente hacia adelante, hacia otras generaciones, porque la parálisis del sistema social asturiano genera desafección al sistema democrático y al autonómico entre la clase trabajadora, las clases más humildes y la ciudadanía en general. La precariedad social es el caldo de cultivo perfecto para el extremismo de extrema derecha. Frente a ello, la política, la buena política, demuestra su utilidad de forma muy directa en el campo social y si, desde la izquierda, no abordamos sus problemas aceptamos el marco conservador para el que toda reforma social supone recortes en inversiones, prestaciones y derechos. 

Si hacemos del Estado Social una seña de identidad conseguiremos la afección de la mayoría social y, como consecuencia, la implicación inducida de la derecha en su mantenimiento. En lo referente a las políticas sociales, la izquierda mayoritaria se ha instalado en una mentalidad defensiva y ha abandonado la capacidad proyectiva en lo referente a mejorar y ampliar el Estado Social, aún a medio construir. 

“Si hacemos del Estado Social una seña de identidad conseguiremos la afección de la mayoría social”

La izquierda mayoritaria es socialmente conservadora, si no fuera así, la reforma de la administración social sería absolutamente prioritaria a cualquier otra. Nadie entendería que las exigencias y deberes ambientales se gestionaran con instrumentos propios de los años 80 y 90: nadie cuestiona que es necesaria una fuerte, y costosa, estructura pública ambiental a la altura de las obligaciones legales, pero sin embargo en el caso de muchas políticas sociales se acepta la infradimensión de su aparato de gestión pública. Por otra parte, la reforma necesaria no sólo afecta al Principado sino también a los Ayuntamientos, que siempre van a necesitar de la implicación de la Administración autonómica y son indispensables en el diseño de una nueva administración social.

Movilización por la atención primaria. Foto: Alisa Guerrero

Asturias aún es modélica en cuanto a su dimensión social y puede presumir de muchas de sus políticas para mayores y otros colectivos, pero el sistema está agotado en algunas de sus áreas más importantes. Es necesario reevaluarlo y adaptarlo a las nuevas realidades. También reasignando recursos para evitar el gasto en políticas innecesarias y obsoletas. Lo que es cierto es que la política asturiana parece haberse desentendido del futuro de nuestro Estado de Bienestar y lo da por garantizado. Sin embargo, un futuro social saludable necesita de un análisis permanente que si no se hace desde la política se hará, en forma conflictiva, desde los colectivos y ciudadanos afectados.

El Estado Social y sus políticas dirigidas al bienestar social, requiere inversión porque vivir con seguridad y calidad requiere recursos. No obstante, a la larga, la calidad de vida de una sociedad es también lo más rentable económicamente. No obstante, tanto el gasto público como las reformas necesarias en Asturias requieren de un gran pacto que determine qué políticas básicas tienen que quedar fuera de la controversia entre partidos en lo que se refiere a su necesidad. Las polémicas que generen las reformas tienen que ser asumidas por todos y todas. Incluso en la precariedad existen bolsas de despilfarro, públicas y privadas, que deben ser erradicadas porque van deteriorando aún más el sistema. Habrá que arrostrar polémicas y movilizaciones de los sectores afectados que tratarán de lanzar un discurso efectista y demagógico.

En definitiva, las políticas sociales en general, y la discapacidad y la atención a las personas dependientes en particular, necesitan una administración acorde a la complejidad de su naturaleza. Sobre esto, debería construirse un pacto preelectoral que alcanzara a la mayoría de los partidos. Sin duda a los partidos de izquierdas, ya que las políticas sociales forman parte de nuestra identidad y van dirigidas a quienes decimos representar mayoritariamente. Sería una muestra de cambio de época en la política asturiana que se diera un compromiso previo a las elecciones para abordar el impulso a un Estado Social asturiano al que el paso del tiempo ha causado una gran erosión como demuestran las movilizaciones.

IU está dispuesta a ello y a implicarse más allá de sus intereses como partido. Creemos que es necesario un nuevo impulso como el que en su día protagonizamos con la decisión de Laura González de ser la primera comunidad en poner en marcha la cobertura garantizada por la Ley de dependencia. Son este tipo de impulsos los que mantienen en pie las políticas de bienestar. Aquel empecinamiento en distinguirnos por lo social ha desaparecido hoy del gobierno y, por supuesto, de una derecha cuyo principal ideólogo es el alcalde Oviedo, cuyo instinto más básico fue desmantelar las políticas sociales puestas en marcha por la izquierda. Como apuntábamos al principio, sin ayuntamientos las políticas sociales son ingestionables, y deconstruyendo a Canteli –labor nada compleja– sabremos qué piensa la parte más agresiva de la derecha que no cree en el Estado social

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