A finales de la semana pasada, las organizaciones ambientalistas, conservacionistas y ecologistas asturianas, en una carta dirigida a las alcaldías de los 78 concejos asturianos y a la Federación Asturiana de Concejos, han informado a los regidores municipales de las implicaciones sociales y ambientales que la aprobación de la Ley de Calidad Ambienta podría tener para los concejos.
De aprobarse esta Ley, a los ayuntamientos se les delegará, por parte del gobierno asturiano, toda la responsabilidad, las cargas burocráticas y la labor inspectora y sancionadora en materia de incidencia ambiental de las actividades o instalaciones desarrolladas en su municipio, reguladas por las declaraciones responsables. Concretamente, a los gobiernos municipales se les impone “una gran carga burocrática y técnica”, teniendo que inspeccionar, a posteriori, las instalaciones o actividades consideradas de “menor incidencia ambiental” puestas en marcha mediante una declaración responsable de los promotores, sin evaluarlas previamente. Según informan las organizaciones ecologistas, esta “indefinición” en cuanto a que es “menor” o “escasa” incidencia ambiental, no aclarada en el anteproyecto, podría suponer una “amenaza para la salud de las personas o del medio natural”, ya que se autorizarían proyectos muy impactantes, como por ejemplo una cantera, sin evaluar previamente su impacto, y sin que vecinas y vecinos afectados puedan alegar o participar en el proceso de aprobación. Ante la falta de medios o de personal especializado, los ecologistas consideran que es “difícil” que los ayuntamientos puedan afrontar todas estas cargas burocráticas. Por otra parte, se podría dar “la paradoja de que en un municipio se autoricen determinadas actividades o instalaciones y no se autoricen en el concejo limítrofe, o que las empresas o tipos de actividades se instalen en municipios que tengan mayor permisividad en la evaluación de los riesgos ambientales, concediendo autorizaciones con mayor facilidad”.
A los promotores o titulares de actividades empresariales, tal y como exponen las organizaciones ecologistas y conservacionistas, “la ley les exigirá que mediante la Declaración Responsable manifiesten que ‘bajo su responsabilidad’ están cumpliendo con los requisitos establecidos en la legislación ambiental europea, estatal, autonómica y local”. Esto añadiría una gran “inseguridad jurídica”, puesto que primero estarían invirtiendo para iniciar su actividad y con posterioridad al inicio de esta, se les harían las inspecciones por parte de los servicios técnicos municipales, sin poder estar seguros de si cumplen todos los requisitos y pendientes de una posible sanción durante un tiempo indeterminado.
Las organizaciones ambientales firmantes de la carta consideran que, de aprobarse, sería una “ley regresiva que, lejos de velar por el interés general, agilizar los procedimientos y ampliar las garantías de conservación del medio ambiente, favorecería ciertos intereses particulares, imponiendo a los pequeños promotores y a los ayuntamientos una carga burocrática y de responsabilidades inasumible”, además de que esta ley “no cuenta con el consenso social y político que una norma de esta trascendencia debería tener”.
En la carta, los colectivos ambientalistas han remitido una lista de las implicaciones burocráticas y de responsabilidad más importantes que este Anteproyecto de Ley impondrá a las corporaciones municipales y a su personal. También, derivado de la consulta de la legislación estatal y autonómica en la materia, han incluido una lista con algunos ejemplos de actividades o instalaciones que estarán sometidas al régimen de Declaración Responsable y que los ayuntamientos tendrán que tramitar, gestionar, inspeccionar, supervisar y, si llegara el caso, sancionar, y al que vecinos y vecinas de la zona y ciudadanía en general no podrán realizar alegaciones o negarse al desarrollo de la actividad, tal como indica esta nueva norma.
