El Principado oculta los datos de las muertes en residencias durante el primer mes de la pandemia

El periódico digital InfoLibre publica una exhaustiva investigación en la que denuncia la opacidad de los gobiernos asturiano, aragonés y de Castilla-León.

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

El periódico digital InfoLibre ha publicado una exhaustiva investigación con los datos de las muertes en las residencias de ancianos durante los primeros meses de la pandemia. Manuel Rico, el autor del artículo, solicitó en mayo de 2020 a través de los Portales de Transparencia de todas las Comunidades Autónomas las cifras sobre el impacto del coronavirus en las más de 5000 residencias de ancianos en el territorio nacional. A día de hoy, dos años y medio después de la solicitud de información, ya dispone de los datos de 14 Comunidades Autónomas. Solo tres, Asturias entre ellas, no han aportado todavía dicha información. Las otras dos comunidades son Aragón y Castilla y León.

Tal y como se lee en el artículo, “el Gobierno de Adrián Barbón (PSOE) se negó a facilitar la información correspondiente al periodo entre el 1 de marzo y el 8 de abril de 2020 (del 9 de abril en adelante publicó los datos en una web). El Tribunal Superior de Justicia de Asturias rechazó el recurso planteado por este periódico, con el argumento de que facilitar la información solicitada exigía al Principado reelaborar los datos. InfoLibre ha acudido en casación ante el Tribunal Supremo, que aún no ha decidido si admite o no a trámite el recurso”.

Por aquellas fechas, cuando NORTES acababa de iniciar su andadura, publicamos un artículo titulado “El coronavirus en las residencias asturianas: Precariedad en las públicas, opacidad en las privadas” en el que informábamos sobre la dificultad de conseguir información sobre lo que estaba pasando en las residencias de mayores.

“No hay transparencia ni fiabilidad. El gobierno regional, y también el de Madrid, está llevando a cabo una política totalmente opaca respecto a las residencias”, declaraba Marcelino Laruelo, de la Oficina de Defensa del Anciano. En el mismo sentido se expresaba Elena García, trabajadora del ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias) y delegada sindical de CSI: “Si en el ERA son opacos, en las residencias privadas no me lo quiero ni imaginar. Como sección sindical, nos está costando mucho conseguir información de las privadas”.

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