Público y notorio:  De la salud como derecho inalienable. De la salud como bien común

Todas las acciones que se discuten en el parlamento asturiano, no solo las estrictamente “sanitarias”, afectan a la salud de asturianas y asturianos: llámese mina de oro, plan de movilidad o precarización del empleo. 

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Ovidio Zapico
Ovidio Zapico
Es diputado regional y coordinador de IU Asturies.

La Constitución española establece que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios…”, esto a continuación de señalar que se reconoce el derecho a la protección de la salud; y lo hace ni más ni menos que entre los principios rectores de la política social y económica. Si todas y todos nos encontramos amparados por estos preceptos constitucionales fundamentales, no deberían producirse grandes discusiones partidarias sobre el grado de prioridad que la Salud como resultado y el Sistema Sanitario como estructura proveedora de servicios deben tener en las políticas públicas.

El derecho a la tutela de la salud pública, en palabras del texto constitucional, se plantea en términos inmateriales que deben traducirse en la determinación por parte del Estado para la construcción de un esqueleto normativo que soporte una estructura de dispositivos y de servicios que se nutra de un presupuesto suficiente para cubrir ese objetivo. Este es un planteamiento de mínimos, ya que la apuesta actual debería dar un paso más allá de la mera “protección a la salud”.

El término de salud pública tiene múltiples acepciones, pero la de carácter más político hace referencia al conjunto de actividades intersectoriales que tendrían como objetivo la mejora del estado de salud de la población. En este sentido estaríamos hablando del papel rector del Estado (incluyendo todas las instituciones que comprende) para regular y orientar el modelo de desarrollo hacia posiciones que mejoren ese estado de salud. Las instituciones públicas y especialmente las instancias que establecen las políticas, serían las encargadas de introducir esta visión de “mejora del Estado de Salud” en las prioridades de desarrollo económico, construcción de infraestructuras o creación de servicios, entre las múltiples actividades de un Estado moderno. No hay duda de la importancia de estas actuaciones, que “trabajan” aguas arriba en los denominados por la OMS Determinantes del Estado de Salud.

En el sentido señalado en el párrafo anterior, comprendo que todas las acciones que se discuten en el parlamento asturiano (no solo las estrictamente “sanitarias”) afectan a la salud de asturianas y asturianos y siempre debemos prestar atención desde esa óptica: llámese mina de oro, plan de movilidad o precarización del empleo. 

La otra faceta relevante del genérico de “salud pública” es la que tiene que ver con la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades; además de los de promoción, orientada a incrementar las capacidades individuales y colectivas para afrontar los riesgos que generan pérdida de la salud. Intentaré dedicar las siguientes líneas a este conjunto de dispositivos, que pasaré a denominar Sistema Sanitario o Sanidad, y me referiré específicamente al público, ya que es el más potente como prestador de servicios sanitarios y en torno al cual nos planteamos la política sanitaria en Asturias.

En la actualidad el derecho a una sanidad de carácter público y de calidad está seriamente amenazado. Esto se debe a la terrible prueba de estrés que ha supuesto la crisis sanitaria  provocada por la COVID- 19, que ha puesto en evidencia deficiencias y debilidades de nuestro sistema sanitario público, lastrado por la descapitalización provocada especialmente por los gobiernos del Partido Popular.

No parece que se precisen muchas evidencias para constatar el diagnóstico. Basta leer los titulares de prensa o los informes técnicos sobre las listas de espera para ser atendido en los hospitales públicos, la situación de la Atención Primaria, la carencia de profesionales sanitarios, los problemas para garantizar los servicios de Atención Continuada, la falta de calidez en la atención por la saturación de los servicios… 

Ante esta situación proponemos que exista un compromiso político real con el sistema sanitario público, como único modelo que garantiza un acceso a la protección y mejora de la salud a toda la población en condiciones de Equidad, algo que estaba en el espíritu del texto constitucional.

En concreto desde Izquierda Unida proponemos tres espacios de actuación en política sanitaria:

  1. Estatal: Definir una estrategia nacional para la mejora del Sistema Nacional de Salud con diferentes campos de actuación, entre otros: Plan Nacional de Salud Pública (creación de un centro Estatal de Salud Pública). Mejora de la cartera común de servicios con nuevos perfiles profesionales. Estrategia para la formación de recursos humanos para el ámbito sanitario definiendo nuevos roles de trabajo sanitario.
  • Planes y actuaciones en el nivel autonómico: Plan para garantizar la accesibilidad a la  Atención Primaria. Plan para la reordenación de la Atención Continuada de Atención Primaria, garantizando los derechos laborales. Supresión progresiva de los conciertos sanitarios. Potenciación de los sistemas de ayuda a la toma de decisiones en Atención Primaria y Salud Mental. Garantizar la formación continuada sanitaria continuada desvinculada de intereses comerciales. Incrementar la red formativa de especialidades médicas y de enfermería. Revisión del modelo de dirección Área Sanitaria para la Atención Primaria. Incrementar la participación ciudadana en los mecanismos de dirección del sistema sanitario.
  • Actuaciones inmediatas, vinculadas al Presupuesto de 2023: Incrementar el presupuesto para Atención Primaria, con el objetivo del 25% de presupuesto sanitario. Garantizar un funcionamiento adecuado de los servicios de Salud Pública, refuerzo de la salud mental …

Hasta aquí las propuestas. Pero no podría finalizar esta reflexión sobre sistema sanitario asturiano sin hacer referencia a un elemento novedoso en nuestra comunidad autónoma. Se trata de la instalación en Gijón de un hospital propiedad de una entidad privada “con ánimo de lucro”. Además de mostrar de forma palmaria las insuficiencias de la red pública de hospitales (una instalación así solo se construye si existen informes indicando que hay “oportunidades de negocio”), significa nuevas amenazas para el sistema sanitario público: drenará recursos humanos escasos y se aprovechará de los resquicios que pueda dejar la red pública y los agrandará, si puede, en aras a su mandato imperativo de “generar beneficios”.  Puede que estemos viviendo de primera mano la desestructuración de la Atención Primaria y una degradación de la Atención Hospitalaria que acaben dualizando la prestación de servicios sanitarios: unos servicios mínimos para atender “lo mínimo” y otros servicios de “alto valor-alto rendimiento” garantizados por aseguradoras, sustentadas por primas que abonan quienes tiene poder adquisitivo para ello. Al final, un problema de clases sociales y desigualdad.

Desde mi opción política entendemos como fundamental la lucha por hacer visible y revertir los procesos de mercantilización que se están llevando a cabo, por ello invitamos a las fuerzas políticas defensoras de la sanidad pública a que se sumen a impedir ese proceso. No debemos olvidarnos: los derechos de hoy son fruto de las luchas de ayer, tal y como los derechos del mañana serán el fruto de las luchas de hoy. Los balcones de nuestras calles deben seguir abiertos y llenos de aplausos.

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