Todas las acciones que se discuten en el parlamento asturiano, no solo las estrictamente “sanitarias”, afectan a la salud de asturianas y asturianos: llámese mina de oro, plan de movilidad o precarización del empleo.
La crisis de 2008 y la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatut catalán rompieron con un consenso del 78 que sigue sin refundarse
