La justicia paraliza la adjudicación del contrato de semáforos de Oviedo a una empresa de “Enredadera”

Una empresa recurre la licitación del contrato, para el que Aluvisa era favorita, al entender que se vulnera la libre competencia y la transparencia

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Andrés Illescas
Andrés Illescas
Es periodista.

La adjudicación de contrato del servicio, mantenimiento y reparación de la red semafórica sistemas de TVCC y explotación de la sala de control de tráfico, incluyendo aplicaciones informáticas de control de tráfico y el sistema de aparcamientos en rotación de Oviedo ha quedado paralizado por orden del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Esta decisión viene motivada por el recurso presentado por la empresa Kapsch Trafficcom Transportation S. A. U. que considera que los pliegos incumplen los principios de igualdad, transparencia y libre competencia, al verse restringida la libre concurrencia a la licitación.

Alegan que la clausula de los pliegos en la que se determina el sistema de puntuación por el que se elige a la empresa que recibe el contrato no es igualitaria. El Tribunal ha aceptado paralizar el proceso de licitación, dando la razón en primera instancia a Kapsch, que defendía en su denuncia que el proceso no podría seguir porque luego habría que revertirlo, generando un importante gasto de tiempo y dinero.

Tal y como había adelantado NORTES, Aluvisa —firma citada en el sumario de la operación de amaño de contratos públicos “Enredadera” adjudicataria del anterior contrato de este servicio, que mantuvo paralizado, sin multar durante más de un año— era la favorita para la adjudicación.

En el seno del Ayuntamiento se daba por “muy probable” que Aluvisa volviera a ser la firma adjudicataria a pesar de que se presentaran otras ofertas. Máxime dada la experiencia en trabajos similares que exigen los pliegos publicados por el Ayuntamiento.

Así lo ha entendido Kapsch, que ha optado por defenderse entendiendo que los pliegos vulneraban la competitividad en un contrato que lleva años dando muchos problemas a la capital del Principado.

Las sombras en este servicio aparecieron en 2021, cuando no se tramitaron el 92,5% de las denuncias de tráfico. El ingeniero de la empresa que era quien tenía las claves para acceder a la aplicación y saber cuántas denuncias se habían tramitado, falleció tras un tiempo de convalecencia, dejando tanto a Aluvisa, contrata en estas cuestiones, como al gobierno bipartito (PP y Cs) sin la herramienta para tramitar las multas. Se da además la circunstancia de que la empresa está implicada en el “caso Enredadera”, una presunta trama de corrupción que implica a empresarios y funcionarios de ayuntamientos de toda España

Los concejales populares optaron por proteger a esta empresa, ocultando que existiera problema alguno y dejando más de 13.000 denuncias por cobrar. La estimación es que se perdió un montante total superior a los 1.3 millones de euros.

Todo comienza con el desgraciado suceso. El ingeniero de Aluvisa, que previamente había desempeñado el mismo rol con la anterior contratista (Televent) ingresa en el hospital y acaba falleciendo, sin que en ese tiempo, a pesar de que accedía al usuario desde el centro hospitalario, nadie le solicitara, por precaución, las claves.

Un chivatazo alerta a algunos miembros de la corporación de que existe algún tipo de problema con la tramitación de las sanciones, en marzo de 2021. Avisan de una alta tasa de prescripción de sanciones, pero, el gobierno, opta por esquivar la cuestión a preguntas del PSOE.

Por entonces, ya no se podrían tramitar las denuncias por saltarse el cinemómetro -que se reparte en seis cajas distintas situadas por la ciudad-, los fotorrojos o las cámaras de control de acceso a calles peatonales. Tras varias preguntas de los socialistas, en el mes de mayo de 2021 el gobierno afirmó que había sido un problema “puntual, que ya estaba solucionado”.

Un paso de cebra en Oviedo FOTO: Iván G. Fernández

Mientras, la contrata, Aluvisa, seguía recibiendo algo más de un millón al año por sus servicios. Un contrato que comenzó en 2016 y que, una vez cumplido su plazo, se ha ido prorrogando, hasta el presente año, cuando la opción de continuar con el contrato sin una nueva licitación, expira.

Finalmente, tras preguntas insistentes sobre el número de infracciones detectadas por las cámaras, radares y las cámaras de control de tráfico, después de casi un año, se aportaron los datos. Estos apuntan que en los accesos peatonales se tramitaron 3.384 denuncias y se cobraron 401, mientras que en los foto-rojo se tramitaron 3.572 y sólo se contabilizaron 729 cobros. Asimismo, por los radares tanto móviles como fijos no se recaudó nada durante este periodo a pesar de tener 733 7.359 denuncias tramitadas, respectivamente.

De esta manera, en 2021 solo se cobraron 1.130 denuncias, por las 15.038 tramitadas. En las arcas municipales solo entraron 115.000 euros, frente al algo más de 1.3 millones que, según las estimaciones, debían haberse ingresado.

Ahora, el contrato (por cuatro años con opción a prórroga de un quinto) con un presupuesto base de licitación de 4.899.323 euros (sin impuestos) y un valor estimado de 6.867.848 euros, se encuentra parado por la justicia.

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