Empleo público para paliar el deterioro del Estado social en Asturias

El proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias crea 2.983 plazas de personal fijo para reforzar los servicios esenciales de sanidad, bienestar social, educación y justicia

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Javier Álvarez Villa
Javier Álvarez Villa
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias. Miembro del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.

La creación de 2.983 plazas de personal fijo en la plantilla de empleados públicos de la Administración autonómica para el año 2023 en sustitución de contrataciones temporales y precarias, prevista en los Presupuestos Generales del Principado en tramitación, ha desatado la reacción de medios y voceros de grupos de presión, que ven insoportable el incremento del gasto público en personal para la economía de una Comunidad Autónoma que solo crecería en el número de funcionarios y pensionistas.

Primero se escandalizan por los retrasos en las listas de espera quirúrgicas, por los colapsos en los centros de salud, la escasez de médicos de atención primaria y el agotamiento de la plantilla, por las demoras intolerables en la valoración de la discapacidad y en la gestión de las ayudas al alquiler, por las deficiencias estructurales de la red pública de residencias de la tercera edad o la lentitud insoportable del aparato judicial; pero luego rechazan con vehemencia el aumento de las plantillas de trabajadores fijos cuando es un hecho incuestionable, incluso para esos críticos furibundos, que la falta de personal y la precarización esclavista del existente es una de las causas principales de ese funcionamiento defectuoso que  está  erosionado la salud y los derechos sociales más básicos de las ciudadanas y ciudadanos de Asturias, aunque no sea la única.

No descubrimos el mediterráneo señalando que, detrás de todas estas campañas mediáticas que denuncian la perversión económica que supondría el aumento del gasto público en personal para afrontar las deficiencias en el funcionamiento de servicios públicos esenciales que previamente han aventado esos mismos medios, se agazapan los intereses de poderosos grupos empresariales que buscan ampliar sus oportunidades de negocio a costa de ese deterioro. La mercantilización de los servicios públicos es un proceso con una larga trayectoria, que ha propiciado la transferencia millonaria de rentas públicas hacia el sector privado y, simultáneamente, el detrimento de la calidad asistencial. Una estrategia y un proceso bien conocidos, pero que es imprescindible recordar en cada nuevo movimiento de intensificación.

Pero, además de desvelar esos intereses espurios, es imprescindible bajar al terreno de los datos para conocer qué hay de cierto en ese alarmismo sobre el aumento de la plantilla pública y el consiguiente incremento del gasto de personal. ¿Es excesivo el número de empleados públicos en España y, en particular, en Asturias?, ¿es desmesurado e insoportable el gasto destinado al personal en los Presupuestos para el año 2023?

La fuente más solvente sobre los indicadores de empleo público comparado entre la democracias liberales es el informe bianual, de acceso libre, publicado por la OCDE con el título de Government at a Glance (Panorama des administrations publiques, en la edición en francés), el último de ellos en el año 2021. El volumen de empleo en las administraciones públicas varía de forma sustancial entre los diferentes países de la OCDE, desde la tasa más alta que corresponde a los países nórdicos (Noruega, Suecia y Dinamarca), por encima del 30% del empleo total, hasta Japón y Corea que presentan los porcentajes más bajos (6 y 8% respectivamente). La media de los países de la OCDE es del 17%, situándose el porcentaje de España por debajo de esa media (el 15,58 %), inferior a la de Francia o Reino Unido y algo superior a la de Portugal o Italia.

Uno de los datos más llamativos del informe de la OCDE sobre España es el del envejecimiento de la plantilla, siendo el segundo país con mayor porcentaje de trabajadores públicos mayores de 55 años. Una consecuencia dramática de la congelación de las ofertas de empleo público en la última década, que percute como un ariete sobre la calidad y suficiencia de los servicios públicos prestados.

A la luz de estos datos, hay que concluir que en España no existe un sobredimensionamiento cuantitativo del empleo público.

Situándonos ahora en el marco español, la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística ofrece unos datos sobre el empleo público, en el que comprende a todos los asalariados de empresas públicas y de las Administraciones Central y Territoriales, incluidos tanto los trabajadores que cotizan al régimen general de la Seguridad Social como los adscritos a Mutualidades, que muestran que en Asturias se ha producido una evolución claramente a la baja desde el año 2021. Así, examinado el banco de series se comprueba que en el año 2021 se habría alcanzado la cifra de 90.400 personas ocupadas en el sector público, mientras que en la última serie publicada, correspondiente al tercer trimestre de este año 2022, la cifra desciende significativamente hasta las 77.700.

La otra gran fuente de datos sobre el empleo público en España, el Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que tiene como objetivo presentar la información que facilite el conocimiento de los efectivos al servicio de las distintas Administraciones Públicas, refleja en la última edición publicada, la de enero de 2022, unos datos muy dispares a los de la EPA. El número total de efectivos de las diferentes Administración Públicas en Asturias, asciende a 61.218, cifra inferior a la reflejada en el boletín de enero de 2021, que era de 61.381 efectivos. En consecuencia, observamos de nuevo que el número total de trabajadores públicos en Asturias ha  descendido en el último año.

Por lo que se refiere al porcentaje que supone el gasto de personal sobre el conjunto del gasto público, el digital Vózpopuli publicaba el pasado 17 de abril un estudio comparativo basado en los datos ofrecidos en la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística referidos al año 2021, en el que las Comunidades Autónomas de Castilla–La Mancha, Extremadura, Murcia, Aragón, Andalucía y País Vasco superaban a la Comunidad asturiana.

Aterrizando ya en el proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2023, el mismo incluye, como ya hemos adelantado, un incremento de plantilla de 2.983 plazas, que va acompañado de una disminución de varios nombramientos y contrataciones de carácter temporal. Este aumento de plantilla supone  un incremento interanual de 92 millones de euros que representan un 4,69 % respecto al ejercicio 2022, si bien, en relación con el gasto público total, el gasto de personal desciende pasando respecto al ejercicio precedente desde el 36,65% al 34,42%.

En cuanto a la distribución de las nuevas plazas, la misma se resume del siguiente modo:

– En el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) desaparece la figura del personal con nombramiento eventual, lo que motiva la creación de 2.165 plazas de personal estatutario que viene acompañada de una disminución de los créditos del personal temporal

-En el organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) se crean 500 plazas, de las cuales 222 se crean en régimen de fijos discontinuos para eliminar la contratación temporal por acumulación de tareas que se realizaba en periodos de vacaciones, que igualmente se acompaña con una disminución del crédito del personal temporal

-En la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se crean 241 plazas de las que: 59 plazas de personal funcionario sustituirán a programas temporales de refuerzo iniciados a consecuencia de la pandemia Covid-19 para atender la gestión de la situación de Dependencia y del Salario Social Básico e Ingreso Mínimo Vital, y 182 plazas de personal laboral se crean en régimen de fijos discontinuos para eliminar la contratación por acumulación de tareas en periodos vacacionales o de permisos. Este incremento se acompaña de una minoración similar a la de los casos anteriores en el crédito del personal temporal.

Como se observa, la creación de las 2.983 nuevas plazas responde a un mismo objetivo: la sustitución de contratación precaria y en condiciones abusivas de encadenamiento de microcontratos temporales, por puestos fijos de plantilla, como corresponde a la necesidad de atender a servicios públicos continuos y estables, que exigen puestos de trabajo fijos eliminando la contratación en fraude de ley, y el refuerzo de servicios claramente deficitarios en personal. Lo que los alarmistas mediáticos quieren hacer pasar como un inaceptable crecimiento del empleo público, no es más que una regularización legal de situaciones de abuso y fraude laboral y una dotación adecuada para dar una respuesta eficaz a la gestión de prestaciones de imperiosa necesidad social. Defender la legalidad en materia laboral se ha vuelvo hoy un acto subversivo.  

Que justifiquemos la creación de estas 2.983 nuevas plazas no significa en modo alguno que mostremos complacencia con los Presupuestos Generales para el año 2023 en el capítulo del gasto de personal. Por ejemplo, con la introducción de cinco nuevos cargos directivos en el SESPA o el aumento del número de altos cargos y del personal de confianza de los gabinetes.

Esta mejora de la plantilla es un mero parche que no soluciona la problemática de la reforma estructural que precisa con urgencia la Administración Pública asturiana para un funcionamiento mucho más eficaz y eficiente y para una racionalización del gasto público. Una reforma que debe afectar a la burocracia, no solo en cuanto sistema de gestión, mejorando la organización administrativa, aligerando los procedimientos y suprimiendo trámites innecesarios y retardatarios. Resulta imprescindible transformar también una estructura de poder articulada en torno a un aparato hipertrofiado en muchos casos, fuertemente jerarquizado y falto de control democrático y de procesos participativos en la toma de decisiones. Un estructura de poder que concentra en una élite con una representatividad social muy limitada, una desmesurada influencia y capacidad de presión corporativa.

Las escasas iniciativas del Gobierno de Barbón en su particular “guerra contra la burocracia” no discurren por esa senda. Una parte sustancial de las medidas adoptadas hasta ahora van dirigidas a satisfacer los intereses económicos de los grupos de influencia que reclaman desregulación ambiental y urbanística para sus proyectos empresariales.

Y la nueva regulación del empleo público pendiente de aprobación en la Junta General intensifica el poder de la alta burocracia, creando una nueva estructura de subdirectores generales, reforzando las relaciones clientelares con el poder político – económico; a la vez que  aumentará el gasto público superfluo mediante el pago de complementos de productividad discrecionales que enrarecerán el clima de trabajo por la multiplicación de agravios comparativos.

Una reforma de la burocracia la que implementa la “Ley Cofiño”  inspirada por los laboratorios de ideas del capitalismo de consultoría, de la que, si tenemos ocasión, hablaremos en una próxima entrega.

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