Prórroga de un debate: Salvemos La Vega

El debate se estructuraba en tres partes: Obtención del suelo, inserción en la ciudad y uso y gestión. Esa era la idea, pero en muchas ocasiones los debates se abren camino por sí solos y no hay oportunidad para hacer llegar todo el mensaje

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Juan Álvarez
Juan Álvarez
Es ingeniero y coportavoz de la Plataforma Salvemos La Vega

El pasado martes 29 de noviembre la plataforma ciudadana Salvemos La Vega fue invitada por el  Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología del Principado de Asturias para debatir y exponer cuales son nuestros puntos de vista acerca del futuro de La Fábrica de Armas y por qué consideramos que el Protocolo firmado supone la pérdida de una oportunidad extraordinaria para la transformación que necesita la ciudad de Oviedo, además del enésimo ataque a un patrimonio que no hemos sabido preservar, incluso en sus elementos más identitarios como es el caso que nos ocupa.

Al debate acudieron, además del que escribe, el teniente de alcalde, Nacho Cuesta, al que es justo agradecer su participación aún desde las antípodas en nuestra posición sobre el futuro de La Vega, el urbanista Víctor García Oviedo y el catedrático de economía regional Fernando Rubiera. El debate se estructuraba en tres partes: Obtención del suelo, inserción en la ciudad y uso y gestión. Esa era la idea, pero en muchas ocasiones los debates se abren camino por sí solos y no hay oportunidad para hacer llegar todo el mensaje porque la “batalla” dialéctica obliga a la respuesta rápida y deja muchas cosas en el tintero que en este artículo pretendemos rescatar.

Para ello la idea primera es hacer un resumen del Protocolo para saber a qué y a qué no, nos oponemos, muy lejos de caricaturas interesadas que a falta de argumentos intentan desacreditar a todo aquel que se atreve a expresar una opinión siquiera ligeramente discrepante de un “trágala” que una sociedad madura no puede tolerar.

 
El Protocolo es legalmente, como bien decía Nacho Cuesta, un acuerdo de intenciones. Un documento en el que tres administraciones establecen los límites para trabajar en un acuerdo futuro y establecer unos criterios comunes y un procedimiento para que una subsiguiente negociación desemboque en un Plan. Pero es que este Protocolo, firmado el 22 de julio, dista mucho de ese concepto, es un documento en el que se concreta con detalle todas y cada una de las actuaciones y aprovechamientos lucrativos futuros, pero que, sin embargo, no dice absolutamente nada sobre lo que debería ser el eje central de la negociación y de las preocupaciones: ¿qué queremos hacer en La Vega? ¿cuál es el plan que permita sacar el máximo potencial a un recinto que debería ser uno de los motores de la transformación de la ciudad? No lo busquen, no lo encontraran, de eso no hay nada, a lo sumo, buenas intenciones, pero sin ningún procedimiento ni plan robusto. En cambio, en lo que el Protocolo es absolutamente prolijo es en el cómo estirar al máximo la rentabilidad inmobiliaria de un espacio en el que ese supuesto debía ser la última de las preocupaciones.

 
Vamos a intentar hacer criba entre tanto ruido para separar el grano de la paja e intentar dar un poco de luz:

Estamos ante un recinto perfectamente delimitado y con una clasificación urbanística también meridanamente clara. Se trata de 118.734 m² clasificados como suelo urbano y calificación de suelo industrial consolidado con 45 edificaciones de las que 8 son residenciales, ocupando un área de 62.522 m², y con estados de conservación diferentes, pero que todas ellas requerirían de una inversión para su rehabilitación si se quiere que tengan un uso ulterior. Un suelo industrial en que la propietaria ha abandonado su actividad y, por tanto, tiene unas obligaciones contraídas por ley, entre las que se encuentra la descontaminación de los terrenos. Una obligación legal que en el Protocolo aparece en forma de: “Defensa realizará cuantas acciones sean necesarias para garantizar y acreditar la inexistencia de cualquier tipo de contaminación”. Es un matiz importante distinguir entre la “obligación legal de descontaminar” y “acreditar la inexistencia de contaminación” y parece cuanto menos poco imparcial que el árbitro sea el Principado de Asturias, organismo sobre el que recae esta competencia y a la vez uno de los tres firmantes del acuerdo.

La propiedad no puede pretender la obtención de más valor que el que procede de su calificación urbanística sin contar con una recalificación que permita usos diferentes, en concreto usos en los que se pueda utilizar el suelo como un bien para un negocio futuro, es decir; uso residencial de nueva construcción. Ninguna otra calificación generaría lucro per se. Si ese fuera el contexto, uno en el que no haya posibilidad futura de generación de plusvalías (y eso es responsabilidad única del Ayuntamiento), no tendría ningún tipo de sentido hacer una valoración por encima de la calificación actual de suelo industrial consolidado. En Asturias el suelo industrial varía desde los 20-30 €/m2 en San Tirso de Abres a los 200 €/m2 del Parque Tecnológico de Gijón, con todo tipo de infraestructuras y equipamientos a disposición de quien quiera disponer de ese suelo, incomparable a la situación de La Vega en el que cualquier empresa que tuviera voluntad de instalarse allí tendría que acometer una inversión descomunal. En el caso que nos ocupa estaríamos hablando de un valor máximo entorno a los 130 €/m² lo que llevaría a unos 15 M€ a los que habría que restar el coste de la descontaminación (como vemos, más o menos, un tercio del valor aceptado de 45 M€ a los que hay que sumar otros 10 M€, 5 M€ el Ayuntamiento y 5M€ el Principado, que no están explicitados en el Protocolo pero que sí se ha anunciado en los medios de comunicación e incluso en redes sociales, lo que es absolutamente inaudito).

Esa necesidad de compensar un valor irreal es el eje de toda la operación. ¿Y cómo se llega a ese valor? pues la tasación que se presenta es una en la que dan al recinto el mismo valor que si todo el conjunto fuera suelo urbano residencial y con un precio que representa el valor medio del entorno. Esta cifra también ha ido variando desde los 32 M€ de hace unos años, a los 45 M€ actuales, tampoco nadie ha explicado muy bien el porqué. Pues bien, según dicen los negociadores ese valor es imposible de pagar, ni el Ayuntamiento ni el Principado están dispuestos a hacer ese desembolso, aunque, sin embargo, no hay ningún problema en hacerlo para operaciones infinitamente menos importantes, como, por ejemplo, rescatar el recinto hípico del Asturcón invirtiendo 8,7M€ (irónicamente podríamos pensar que no han podido soportar la presión popular de los propietarios de caballos que fue un clamor durante todo este tiempo). Pues bien, de esta forma el ayuntamiento ha sacado su máquina de crear dinero: la recalificación urbanística. Aunque según dice el Ayuntamiento de Oviedo: “no hay en la operación ningún ejercicio de especulación”, se ha creído que la mejor manera de pagar a Defensa era recalificar terrenos para que esa recalificación sobre un cuarto del recinto (30.000m²) permitiera que esos terrenos tuvieran el mismo valor que la tasación atribuida a toda la parcela. Es decir, se trata de generar una edificabilidad tal para que un cuarto valga como el todo, si eso no es especulación es porque deja atrás a la definición y no hay en castellano un término para describir algo así.

En el protocolo se recoge así:

“corresponderá al Ministerio de Defensa la patrimonialización de la totalidad de los aprovechamientos lucrativos de cualquier tipo resultante del nuevo planeamiento, que serán entregados por el Ayuntamiento de Oviedo”.

“Si con posterioridad a la firma del presente Protocolo se produjera alguna modificación de la clasificación y/o calificación de los inmuebles a transmitir y ello generase algún tipo de plusvalías, éstas serán participadas en un porcentaje del 50% de su valor neto”.  Este párrafo podría haber sido perfectamente encabezado con aquello de: “Cautivo y desarmado…” hubiera descrito con exactitud la forma de proteger el interés común por parte de ayuntamiento.

Pues bien, para ello se acuerda recalificar 30.000 m² para sobre una superficie de 15.000 m² construir 100.000 m² algo que lleva a un edificio medio de unas 9 plantas y a 1.000 o 1.200 viviendas en función del modulo que aplique.

Distribución de usos según el Protocolo

El protocolo señala además que se realizará edificación en altura y con un edificio singular para, según sus palabras, bajar la densidad de ocupación. La realidad: no hay manera de meter esa edificabilidad de otra forma, no hay espacio si las edificaciones fueran similares a las del entorno. Por si las infografías no bastan para trasladar la gravedad del asunto, igual un ejemplo si lo hace: en el debate Víctor García Oviedo nos decía que el barrio de Ventanielles tenía 2.010 viviendas, pues bien: Ventanielles ocupa curiosamente 119.00m2  (exactamente la misma superficie que todo el recinto de La Vega), si en La Vega concentran la mitad de viviendas (1.000 o 1.200) en un cuarto del espacio (30.000m2) quiere decir que la ocupación es el doble. Ahora imaginad cómo sería el barrio de Ventanielles si los edificios tuvieran el doble de altura, pues eso es exactamente lo que permitiría en Protocolo para La Vega en el espacio destinado a vivienda. Las pretendidas bondades de que se va a hacer un 30% de vivienda protegida o que se van a ceder 25.000m² de zonas verdes no es más que vender como algo positivo lo que estrictamente es una obligación legal. De las zonas verdes cabría señalar que la operación del Protocolo actúa sobre 150.000 m², 30.000 m² más que los 120.000 m² de la parcela de Defensa, esos 30.000 m² vienen de la cesión gratuita de terrenos municipales como el Parque Ángel Cañedo (9.000 m²) y la autopista (Bulevar de Santuyano) (21.000 m²), se podría decir sin riesgo a equivocación que los 25.000 m² de zonas verdes son las que proceden del ayuntamiento (por lo visto en la supuesta imposibilidad jurídica de  una cesión gratuita no existe la propiedad conmutativa).

Infografía de Salvemos La Vega que refleja la edificabilidad pactada en el Protocolo

Esto respecto a la valoración y forma de pago, pero el Protocolo no queda ahí, aunque es verdad que todo está condicionado por ello.
Aunque con mucho menor detalle en el Protocolo que en los comentarios en los medios de comunicación de alguno de los firmantes, sí se da alguna pista de los planes para el futuro, sobre todo por parte del Principado, invitado a un convite en el que no tenía por qué haber participado pero que, sin embargo, sí parece que tiene alguna idea más allá de las que puede tener el ayuntamiento que no ha dicho absolutamente nada, más que una cosa como que: “aquello va a ser muy bueno” usando un pronombre demostrativo que refleja lejanía respecto al hablante y que utiliza siempre nuestro alcalde para cualquier lugar que no sea el eje Avenida de Galicia – Calle Uría.  Desde el Principado hablan del desarrollo de un polo biotecnológico en la Nave de Cañones, una preciosa nave de Idelfonso Sánchez del Río, empresa que se nos antoja harto difícil y que de tener éxito quedaría inmediatamente constreñida sin ninguna posibilidad de expansión en una nave diáfana de 5.000 m2 (cuya adaptación necesariamente supondría su desvirtuación pues se necesitará una compartimentación interna para albergar laboratorios, aulas u oficinas). Un polo biotecnológico que tendría serios problemas de competitividad con ciudades vecinas como León que tiene el tercer polo biotecnológico más importante de España desde hace más de 20 años, ligado a una industria farmacéutica implantada allí desde hace un siglo y con una disponibilidad de terreno de 200.000 m² ampliables hasta los 700.000 m² en el polígono tecnológico de Villaquilambre. Si el polo biotecnológico fuera una realidad: ¿no sería mejor pensar en otro tipo de parcela como la de la Fábrica de Loza en San Claudio al pie de la A63 y sin conexión? Además, nos contaron que ese polo biotecnológico contaba con la subvención concedida de 2 M€ de fondos FEDER a través de la Fundación Incyde (fundación financiada por las Cámaras de Comercio) y que pudimos comprobar que no había hecho ni la solicitud (se puede comprobar aquí: https://incyde.org/convocatorias-feder) eso si todo muy adornado con las actuales “divinas palabras”: hub, cluster, coworking, partners…. Y no hay nada más, este es el proyecto de ciudad: Una reordenación urbanística ligada a las recalificaciones y plusvalías que condiciona antes de nacer cualquier actividad económica o dotacional que pueda desarrollarse en la parcela y sobre la que se vertebre el crecimiento económico de la ciudad.

Otro de los graves condicionantes del Protocolo es la desviación de la autopista por el recinto, separando la nave de cañones del resto del recinto fabril y rompiendo una unidad que representa la mayor virtud del conjunto. Se nos dice que no será la autopista que será una calle con el tráfico “dulcificado”, pero lejos de ser así creemos que el tráfico se verá incrementado sustancialmente. El ayuntamiento no ha acometido ningún proyecto “aguas arriba” que permita la reducción de tráfico (los proyectos en curso son sólo medidas si acaso ornamentales: pasarelas, paseos lineales…).  Esto fue reconocido por Nacho Cuesta en el debate, en el que dijo literalmente que una persona liberal como él “no va a decirle a la gente de qué manera entra en la ciudad”, esperemos que por lo menos lo hagan circulando por la derecha y parando cuando el semáforo está en rojo, no vaya a ser que esas imposiciones sean consideradas comunismo. Más aún, la construcción de 1.200 viviendas en el recinto, cada una con su plaza de garaje (que hasta ese nivel de detalle refleja el Protocolo), más la de un parking de 400 plazas hará que se incrementen sustancialmente los 25.000 vehículos diarios actuales, pues será la única forma de conexión con la ciudad de ese nuevo “centro urbano”

Vista desde Santuyano con la autopista entre las naves

El Protocolo supone además la pérdida de muchos de los elementos más significativos. Es curiosísimo ver que en la introducción del Protocolo se habla de La Vega en estos términos:

“Durante todo este tiempo la Fábrica de Armas de Oviedo se comportó como un organismo vivo, que fue creciendo, cambiando y adaptándose a las nuevas circunstancias, y autosuficiente, hasta llegar a constituir una ciudad dentro de la ciudad. Desde un punto

de vista funcional, la Fábrica fue enriqueciendo y diversificando su actividad conforme a la evolución de la demanda, llegando a convertirse en un gran centro de investigación y desarrollo, y completando su dimensión industrial con la social y educativa mediante servicios como el economato, botiquín, biblioteca y Escuela de Artes y Oficios. Desde un punto de vista urbanístico, el espacio intramuros fue organizándose con criterios de racionalidad, dotándose de trama viaria, de arbolado y zonas verdes, y de elementos arquitectónicos que a través de sus distintos estilos y materiales dan testimonio del discurrir histórico de la Fábrica.”

Cuatro páginas más adelante muchos esos elementos entran en la lista de derribos, la trama viaria se rompe y muchas de las zonas verdes desaparecen. En todos estos derribos se alude al grave deterioro, deterioro que tiene en el propietario el principal responsable y en el Ayuntamiento el cómplice por no haber ejercido su responsabilidad en la preservación del patrimonio de todos.

Un capítulo aparte, pero que muestra el desprecio y desdén con el que las partes implicadas han desarrollado este Plan es el papel totalmente secundario que dan a la prospección arqueológica. En el protocolo se recoge así:

“Realizar los estudios arqueológicos necesarios para intentar garantizar desde el punto de vista patrimonial la viabilidad del plan de actuación.”

Es más que probable que en este recinto se encuentren los restos del Palacio de Alfonso II que las crónicas dicen que estaba a un estadio (unos 200m) de la Iglesia de San Julián de los Prados. Este hecho podría condicionar todo el futuro y ser a su vez un descubrimiento histórico y cultural trascendental para la ciudad. Sin embargo, su máximo representante lo despacha y minimiza con un deseo diciendo: “a ver si no aparece nada allí”. Como diciendo: “a ver si va a venir Alfonso II, 1200 años después, a fastidiarme a mí la operación”.

Pero la Plataforma Salvemos La Vega, aunque pretendan clasificarnos en el Frente del No o directamente en el Eje del Mal, no quiere en ningún momento que La Vega quede atrapada en el tiempo en un marasmo de conflictos y contenciosos, valoramos los acuerdos y somos los primeros que deseamos que existan planes para La Vega, pero no a costa de desvirtuarla, no a costa de perder una nueva y, por su escala, tal vez última oportunidad de transformación radical de una ciudad anclada en el s XX aún muy lejos de un urbanismo sostenible y de vanguardia. Para ello Salvemos La Vega se ha articulado en torno a siete puntos que creemos irrenunciables:

  1. Retorno de los terrenos de la Fábrica de la Vega al Concejo de Oviedo.

Es decir que se busque la forma en la que el recinto fabril sea devuelto a la ciudanía. Entiendo que ha de haber fórmulas. Ejemplos sobran en lugares como La Coruña o Cartagena. Para ello, claro, tiene que haber un proyecto serio que presentar y un compromiso de que no existirá en el futuro un uso lucrativo del suelo. Con estos dos puntos de partida Defensa no puede pretender una valoración por encima de su calificación de suelo industrial, lo que facilitaría extraordinariamente la capacidad para el pago y de tener que realizar compensaciones estas podrían hacerse con terrenos que tuvieran ya la calificación urbanística adecuada y lejos del ámbito del recinto fabril. La nueva construcción no puede ser la base del acuerdo, sino que debería quedar muy restringida y servir, en todo caso, para solventar problemas en la transición entre el barrio y la Fábrica.  Lógicamente sin poner condicionantes ni restricciones al futuro proyecto a desarrollar.

  • Exigir a la propiedad el deber de mantenimiento y conservación del conjunto.

El 24 de noviembre, Javier Calzadilla en un artículo tan corto como clarificador de título: “Ignorancia o provocación en la fábrica de armas” escritoen contestación a las declaraciones del coronel Juan Luis González Martín, en las que decía que “… Una paralización por retraso en el momento en que nos encontramos haría el futuro de La Vega algo bastante impredecible y provocaría mayor deterioro de las instalaciones…”,  citaba el Artículo 15 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, para a continuación decir: El Delegado de Defensa, cuando dice que “provocaría un mayor deterioro de las instalaciones”, debió añadir “deterioro producido por nuestro incumplimiento del deber de conservación a que obliga la Ley del Suelo, y a la dejadez de las sucesivas administraciones locales que no nos lo han exigido”. Con este añadido, al menos, habría una declaración de autocensura. Sin él, creo que las declaraciones del delegado demuestran una ignorancia de la legislación aplicable o, lo que sería peor, casi una provocación en el caso de que la conozca. Creo que sobra decir nada más.  

  • Inmediata intervención de expertos para investigar los elementos históricos y establecer su grado de protección.

Es evidente que Fábrica de Armas de La Vega no tiene el grado de protección que merece. Desde la Consejería de Cultura se dice que no es competente alegando a la propiedad estatal del conjunto fabril, desconozco si es así o no, pero, en todo caso, esto es fijarse en el dedo cuando se señala la luna. Supuestos problemas administrativos de competencias no pueden hacer que ni siquiera se llegue a plantear el debate ante una situación tan clamorosa.

También en este punto deben ser los expertos los que diseñen la campaña de prospecciones arqueológicas en unos terrenos en los que hay grandes posibilidades de conocer una parte fundamental de nuestra historia, si acaso, en el periodo más singular, en el marco del principal reino cristiano altomedieval de la península. Esta investigación no puede despacharse con cuatro catas contratadas por el ayuntamiento a realizar en estos meses y con absoluta opacidad. El supuesto hallazgo sería de tal relevancia que condicionaría todo el desarrollo posterior, e incluso, si hubiera una mirada inteligente, podría ser un atractor cultural de primer orden.

  • Mantener la unidad espacial del conjunto de la Fábrica, sin ser atravesada por la autopista.

Este punto es de capital importancia. La mayor virtud de la Fábrica de La Vega es su unidad espacial y funcional. Trocearla, desvinculando la nave de cañones del resto del recinto fabril, supone de facto acabar con el conjunto. Aquí las soluciones no son evidentemente sencillas, es inadmisible también que la autopista lleve 50 años a escasos 10 m de San Julián de los Prados. Pero ese problema no se soluciona generando otro. La solución debe de realizarse mucho antes con medidas disuasorias que hagan que esa entrada no sea la principal de la ciudad, para ello se necesitan rigurosos estudios de tráfico. A título personal aquí cabría decir que si un tráfico realmente “dulcificado” puede suponer pasar de los 25.000 vehículos diarios a 5.000 ¿no sería lógico tener una mirada más ambiciosa y poner el objetivo en cero? Sin embargo, los planes del ayuntamiento parecen ir en sentido opuesto y además el desarrollo urbanístico que prevé el Protocolo puede, lejos de ser una solución, incrementar aún más los problemas.

  • Propuestas de actuación y urbanísticas elaboradas por equipos cualificados, para aunar los intereses de los barrios, de Oviedo y de Asturias.

No puede ser que el área que tiene todo el potencial para ser la principal vía para la transformación de la ciudad (como lo pudo ser, en su día, el Guggenheim en Bilbao) se planifique en una suerte de brainstorming (con mucho más de storming que brain) de ideas felices, en la mayoría de los casos interesadas (polo biotecnológico) o cazadas a vuela pluma como la Agencia Estatal de Salud Pública o si se tercia la sede del campeonato del mundo de petanca. Tenemos gente experta en Asturias de prestigio reconocido para que, con canales abiertos a la participación ciudadana, equipos multidisciplinares de arquitectura, urbanismo, economía, sociología… trabajen en el desarrollo de un plan serio. Es fundamental que el QUÉ vaya antes que el CÓMO y, fundamentalmente, del CUÁNTO. Aunque como el otro día me decía un amigo: “no seas ingenuo aquí lo que está por encima de todo es el QUIÉN”.

Es absolutamente desolador que ninguna de las tres administraciones implicadas atienda a ninguno de los argumentos que durante todo este tiempo han expresado profesionales de todos los ámbitos; Universidad, Colegio de Arquitectura, economía… y sobre todo de la ciudadanía, en una suerte de “negacionismo” muy cercano en las formas al negacionismo anticientífico que tanto daño provoca en temas de máxima actualidad como la pandemia o el cambio climático.

  • Someter las propuestas a procesos de participación ciudadana.

Como habíamos señalado en el punto anterior: la claridad, la transparencia y tener siempre canales abiertos a la participación ciudadana no garantiza el éxito, porque influyen otros muchos factores, pero no hacerlo es garantía de fracaso.

  • Compatibilizar la propiedad pública y la preservación del patrimonio cultural con un plan de usos generadores de empleo, actividades económicas y dotacionales necesarios para la ciudad.

Es fundamental que el plan se oriente a la generación de actividad y empleo. Oviedo a finales del s XIX, en buena parte gracias a la Fábrica de Armas, tenía una población industrial equivalente a la de Gijón. Tenemos que volver a orientarnos a actividades generadoras de valor añadido, lejos del monocultivo al que parece que se orientan todas las políticas actuales en el municipio. Por otra parte, tenemos que hacer valer los activos que tiene la ciudad: Fábrica de Armas, antiguo HUCA… para resolver muchos de sus problemas endémicos. En el debate ya nos anunciaban que la torre no era un elemento sustancial, pero hay que tener claro que si la torre se empieza a tambalear es por la presión ciudadana. Hay que seguir movilizándose y conseguir que en su caída la torre arrastrare al Protocolo.

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