Ruido (ensordecedor), leyes y feminismo

Irene Montero no sufre solamente el desagradable nivel que está adquiriendo el lenguaje parlamentario como el resto de líderes políticos, también aguanta ataques directamente machistas

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María José Capellín
María José Capellín
Exdirectora de la Escuela de Trabajo Social

En los últimos años el “ruido”, un ruido ensordecedor, es el seguro acompañante de cualquier intento de debate político que se pueda dar en este país. De la crispación a la polarización, el ruido sigue creciendo hasta el punto de hacer imposible el diálogo. Especialmente dañado ha sido el debate feminista. El último campo de minas ha estallado con la aplicación de la Ley integral de libertad sexual. Para abordar el tema esencial, que debiera haber sido la propia ley, trataré de  ir eliminando capas y posicionándome en torno a cada una de ellas, en un intento, probablemente inútil, de plantear el debate donde debiera estar.

Así que para empezar dos aclaraciones o casi declaraciones:

1ª Los ataques personales desde diversos sectores de la derecha (no es solo VOX) a la Ministra de Igualdad, son intolerables, máxime cuando gran parte se hacen en tanto su condición de mujer. Irene Montero no sufre solamente el desagradable nivel que está adquiriendo el lenguaje parlamentario como el resto de líderes políticos, también aguanta ataques directamente machistas, que muchos de ellos vengan de mujeres lo hace aún más despreciable. Todo mi apoyo en esta situación.

Foto: David Aguilar Sánchez

2ª No comparto la orientación política del Ministerio de Igualdad, discrepo profundamente de varias de sus “leyes estrella” y considero inadmisibles y perjudiciales para la causa que abandera (la mía, la de mucha gente: la igualdad entre mujeres y varones) sus desmedidas declaraciones: últimamente, su consideración de todos los jueces como machistas o su acusación al PP de propiciar la “cultura de la violación”. No es la primera vez que desde el entorno del Ministerio o de sectores de Podemos se descalifica de forma insultante a quienes disienten de cualquiera de sus planteamientos, sirvan las diferencias sobre la “Ley Trans” como ejemplo.

El debate último ha surgido con la aplicación de la llamada Ley del “solo sí es sí”. Al haber cambiado la calificación de muchas penas, algunos reos condenados por las leyes anteriores se podrían beneficiar de una reducción de condena y salir en libertad, unos meses, un año, o poco más, antes de lo esperado. Esto, según el ordenamiento jurídico español, sucede siempre que una nueva ley modifica la anterior y su aplicación puede beneficiar a los condenados. 

Hasta aquí yo no encuentro problema, ni justificación alguna para la supuesta “alarma social”, y el escándalo político y mediático originados. Cierto es que la Ministra de Igualdad había declarado, enfáticamente como acostumbra, que ningún reo se beneficiaría de la nueva Ley.

Pero una vez constatado que el hecho estaba sucediendo, las reacciones fueron inadecuadas, por decirlo suave, y contradictorias. Es obvio que, si esa consecuencia se consideraba tan dañina, los Ministerios de Igualdad y Justicia, el Gobierno en su conjunto, los diez grupos parlamentarios que la aprobaron y las instancias que fueron consultadas deberían haber introducido una disposición adicional que impidiera esa aplicación favorable de la ley a algunos reos.

En lugar de asumirlo así todos, la reacción de Irene Montero y parte de su equipo fue una injusta e imprudente crítica global acusando de machismo y boicot a la totalidad de los jueces lo que provocó el posicionamiento en su contra de todas sus asociaciones tanto conservadoras como progresistas; por su parte la ministra María Jesús Montero hizo otras declaraciones, irreflexivas, supongo que por la premura del momento, asegurando que se reformaría la ley para evitar estos efectos. Sorprendentemente políticos como el presidente de Asturias Adrián Barbón y la secretaria de igualdad del Principado Nuria Valera, o Felipe González, entre otros muchos, mantuvieron esta propuesta, cuando ya había habido tiempo para reflexionar. Mi sorpresa se debe a que cualquier modificación de la ley, sería otra ley, pero la actual y sus beneficios se seguirían aplicando a todos los condenados previamente a la puesta en marcha de esa tercera ley. Entonces ¿qué sentido tiene esa propuesta? Como no sea el de desacreditar al Ministerio de igualdad.

María Jesús Montero . Foto: | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Ya centrándonos en la Ley hay muchos aspectos que me inquietan. He de aclarar que aunque aprobada por una amplia mayoría de los grupos progresistas y del movimiento feminista, no estoy entre sus partidarias. Aunque introduce algunas mejoras, tengo dudas sobre muchos aspectos que no van a ser más claros en los tribunales. El poder legislativo en nuestro país no se caracteriza, en mi opinión, por su finura técnica y las leyes (no solo las que afectan a las mujeres) dejan demasiados flecos y desde luego estoy en contra de su carácter punitivista y de aquí mis próximas reflexiones.

Me parece peligrosa la tendencia, cada vez más frecuente, de legislar en respuesta a delitos execrables con gran impacto emocional en la población que rápidamente es utilizado por los partidos tanto en el gobierno como en la oposición para ganar votos. El resultado suelen ser leyes chapuceras y reformas del código penal que lo hacen uno de los más duros de Europa.

Esto es curioso porque va en contra de las dos tradiciones que subyacen a los valores que fundamentan nuestro sistema jurídico y penal. Por un lado los conservadores que se reclaman de la civilización cristiana cada vez que les conviene, parecen olvidar que la gran ruptura que supone el cristianismo es ser la primera religión del perdón. Frente a los previos dioses de la venganza, aparece el Cristo de la misericordia, como establece el Padrenuestro.

También es contradictorio para los progresistas, que vienen de una larga línea de lucha por hacer que el sistema penal sea entendido no solo como castigo sino como ocasión de rehabilitación del delincuente. Las feministas nos sentimos orgullosas de que una de las máximas exponentes de este enfoque sea Concepción Arenal.

Creo que fue el terrorismo con su extrema violencia que provocó no solamente la muerte y el dolor sino también un retroceso en la conciencia cívica, el deseo de venganza para calmar la angustia que provocaba. Esto, aprovechado de forma partidista, conduce a una espiral que lleva a la búsqueda de soluciones autoritarias. Y aunque conseguimos evitar la implantación de la pena de muerte, parece que a muchos solo la cárcel perpetua les vale.

El siguiente elemento fue la Gran Estafa del 2008. La ruina de miles de familias y el fin de las oportunidades de una generación en medio de una corrupción estructural que implicaba a las elites del país, condujo a la exigencia de largas penas de cárcel por delitos económicos. La respuesta a la ansiedad y preocupación que produjo el Procés y su utilización partidista ya estaba inscrita en esa dinámica.

Lo que no entiendo es cuándo y por qué una parte importante del movimiento feminista se apuntó a esa tendencia. No era nueva la violencia sexual, no lo eran las sentencias injustas justificadas con inadmisibles comentarios de jueces machistas. Y aunque en los años 70 se coreaban algunas consignas provocadoras como “contra la violación castración”, nunca se pensó en el endurecimiento del sistema penal como el instrumento clave en la lucha contra el patriarcado.

El Pacto de Estado que condujo a la aprobación por unanimidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género (nunca me gustó el concepto, prefiero violencia contra las mujeres) supuso un salto cualitativo tanto a nivel nacional como internacional en la comprensión del problema. La gran importancia de esa Ley era que además de establecer líneas de prevención, y recursos para atender a las víctimas,  rompía con una tradición cultural, la de considerar esos delitos como crímenes pasionales que se consideraban atenuantes. Pasar a calificarlos como agravantes y romper la creencia que los malos tratos en la pareja, casi siempre la violencia que el varón ejercía sobre la mujer, no eran cuestiones privadas y justificables sino que eran delitos perseguibles y que era obligación del Estado perseguirlos, fue nuestra victoria.

A veces creo que algunas han visto en este avance legal, quizá por lo mucho que nos ha costado, la solución mágica a los problemas y cuando siguieron sucediéndose malos tratos y asesinatos, su frustración provocó esa fuga hacia adelante de pedir más leyes, más penas olvidando que a pesar de 4000 años de códigos penales el crimen no se ha erradicado en ninguna sociedad.

Nuestro objetivo a partir de aquí debía ser seguir profundizando, extendiendo la conciencia feminista en el seno de la sociedad, para que esa unanimidad que se había dado en el arco parlamentario se diera en el conjunto de la población. Los avances eran innegables: el país de Europa con mayor conciencia cívica sobre el problema y más medidas contra la violencia, grandes movilizaciones el 8 de marzo y el 25 de noviembre, compromiso de los medios de comunicación y de las instituciones.

A pesar de ello en los últimos años se produce un cambio de dirección. En lugar de procurar unanimidades, los nuevos cambios legales parecen buscar la división. Como si una aprobación más amplia robara protagonismo a sus impulsoras. O el consenso hiciera perder “pureza” y credibilidad a las propuestas.  Y éstas son cada vez más punitivas y más desproporcionadas. No le encuentro sentido, ni razón, a que las penas de violación sean mayores que las de homicidio, o como en la última directiva que se está discutiendo en Europa (aunque con penas muy inferiores a las españolas) mayor que la impuesta a la ablación del clítoris; no entiendo que hayamos pasado de que las mujeres no sean testigos creíbles a que baste su palabra para una condena. Me parece escandaloso que se condene a un año de prisión por el abuso de tocar el culo y así un largo etc. Y me temo que dado el clima que nos ocupa no será ocioso afirmar, para que no se interprete mal, que llevo más de 50 años militando en el feminismo y que condeno que cualquier persona toque cualquier parte del cuerpo de otra sin su consentimiento.

En un país en el que aún se reitera una y otra vez el tremendo impacto que supuso el encierro en el domicilio y la restricción de movimientos durante el punto más álgido de la pandemia, sorprendentemente solo conoce la cárcel como respuesta a cualquier delito, sin embargo hay una panoplia disponible de alternativas, aunque no se ponen en marcha: servicios a la comunidad, formación obligatoria, compensaciones, etc… Considero la cárcel como una terrible limitación de un bien absoluto que es la libertad, la facilidad con que se piden más y más años me atribula.

Y por último lo que me parece más repugnante es la utilización de las víctimas como piedra de toque para las leyes. Y esto no lo ha hecho solamente la derecha con las víctimas del terrorismo. Lo están haciendo hoy casi todos los medios con las víctimas de violencia sexual.

Creo que cualquier víctima tiene legitimidad para decidir que “ni olvido, ni perdón”; dado que no creo que el odio sea un delito, sino un sentimiento, entiendo que odie y por el tiempo que lo sienta a su victimario, pero para lo que no tiene legitimidad es para determinar las leyes. La civilización se basa en el hecho de que hemos cedido el monopolio de la violencia al Estado y para evitar el “ojo por ojo”, se han establecido instituciones como el poder legislativo, el sistema policial, el poder judicial, etc… quienes tienen la tarea de articular las reglas de convivencia y las sanciones aplicables a quienes la violentan.

El vergonzoso desfile de entrevistas a víctimas cuando salen de la cárcel sus agresores, además del “amarillismo” que implican, tratan de crear un estado de opinión basado en la empatía con la víctima y el odio al agresor que solo puede derivar en la petición de cadena perpetua para estos, porque aún no se atreven a instigar la demanda de pena de muerte.

El movimiento feminista tiene que ser capaz de alejarse de esta dinámica y restablecer algunas de sus tradiciones. Siempre ha habido diferencias sustanciales y debates encendidos, pero también nos hemos reconocido unas a otras como feministas, al contrario de esta nueva actitud en que cada quién determina quién es y, sobre todo, quién no es feminista. El feminismo trató de romper no solo estereotipos y prejuicios sino también barreras a la libertad, y crear otros códigos de relación, hoy hay derivas prohibicionistas, condenatorias, canceladoras, dogmáticas, en todas las posiciones.

Estoy convencida que con el auge de la extrema derecha viene una ofensiva feroz contra los avances que hemos conseguido, contra los valores que ha aportado el feminismo al mundo moderno, si no conseguimos superar nuestras propias contradicciones vamos a estar en muy mala posición para defenderlos.

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