Son días extraños, días inquietantes, impregnados de riesgo desde que Pedro Sánchez decidiera incluir en un misma reforma, la modificación penal de los delitos de sedición y malversación y el desbloqueo del Tribunal Constitucional. Las primeras medidas forman parte de la negociación con ERC que está consiguiendo la pacificación política de Cataluña, y como ha dicho Enric Juliana con su lucidez habitual, el gobierno de Sánchez se introduce con ellas en un territorio radioactivo y peligroso. La segunda trata de buscar la renovación del TC. Unas y otras se incluyen en un lote que forma parte de la categoría de lo que en este diario hemos llamado las políticas del vértigo, donde Sánchez ha demostrado suficientes reflejos y una más que estimable pericia política. En esta ocasión, se pone en juego la estabilidad institucional de Estado. No es ninguna broma.
El presidente atraviesa estos días un cinturón de meteoritos similar al que logró esquivar Han Solo, el contrabandista más famoso del espacio, tras abandonar el planeta helado de Hoth. El gobierno de Sánchez navega esquivando obstáculos que pueden hacer explotar la legislatura. Ciertamente, se comporta con la ligereza del Halcón Milenario, un carguero parcheado y singular, en ocasiones impredecible pero, a la postre, resistente a los ataques de las naves del Imperio y, recuerden, capaz de superar el corredor de Kessel en 12 parsecs.
El particular corredor de Kessel del presidente español es un trámite parlamentario que comenzó el pasado viernes con la votación de la ley omnibus donde se integra la reforma penal que, presumiblemente, concluirá el próximo jueves, cuando se apruebe definitivamente en el trámite parlamentario del senado. Por el medio, le sigue los pasos el Tribunal Constitucional, que se niega a ser reformado y ha terminado convertido en un destructor imperial gobernado por 11 magistrados, de los cuales, dos deberían haber sido renovados hace dos años. A instancias de un recurso de amparo del Partido Popular, todos ellos deliberarán por segunda vez la suspensión cautelar de la votación en la Cámara Alta, interfiriendo de un modo inédito en la función legislativa si realmente lo consiguen. Los magistrados conservadores gozan de mayoría en el seno del Tribunal.
El presidente Sánchez ha impulsado las medidas asumiendo todas las consecuencias. Son el colofón al cierre politico del “process” por un lado y la exigencia europea de reformar el proceso de designación de los magistrados por otro. La reforma ha tenido un desarrollo acelerado, casi a la velocidad de la luz, evitando informes preceptivos importantes que tendrían que haberse cumplido si el canal legislativo no hubiera transitado por la vía de la enmienda en una ley omnibus. Tampoco nos sorprendamos tanto con este juego de tahúres, porque ha sido algo habitual reprochable a todos los gobiernos cuando se acercaban las fechas navideñas o las vacaciones. Ha sucedido en los gobiernos de Sánchez, de Mariano Rajoy, Zapatero o Aznar. Una mala praxis, todo hay que decirlo, heredada del pasado y que, tarde o temprano, iba a tener consecuencias.
El Tribunal Constitucional es el órgano que interpreta la constitucionalidad de las leyes y vela por la supremacía de la Constitución. Del órgano jurisdiccional depende la vigencia de las normas de nuestro ordenamiento. Fue una institución especialmente relevante a la hora de datar la llama que prendió el Procés cuando sentenció parcialmente como inconstitucional el último Estatuto de Autonomía de Cataluña, comprometido y aprobado con el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. El recurso se resolvió con una derogación parcial de una norma que formaba parte del bloque de la constitucionalidad que, al menos, congelaba, el conflicto catalán. Tras su mutilación, sólo consiguió empeorar la situación política en Cataluña, alimentando a una parte del catalanismo que se sentía humillada a convertirse al secesionismo. Como todos sabemos, el process descarrilaría el 1 de octubre de 2017 y el resto ya es sabido por todos.
Los tiempos de exquisita erudición de Manuel García Pelayo y otros juristas de reconocido prestigio del TC, década de los 80, sólo permanece en un nostálgico y académico recuerdo. Desgraciadamente, se ha impuesto otro tipo de jurista en el Constitucional, más valorado por su beligerancia que por su rigor e independencia. En el fondo, el Tribunal Constitucional no es ajeno a la polaridad política que viven otras instituciones del Estado y, si acaso, es el más vulnerable debido al método de elección que, precisamente, se pretende resolver para que goce de plena legitimidad.
La CE estableció que el control constitucional de las leyes se hiciera después de que fueran aprobadas en sede parlamentaria y no antes. El control previo de constitucionalidad se descartó de nuestro ordenamiento jurídico para evitar de un modo efectivo que el Tribunal se convirtiera en una cámara legislativa sin legitimidad democrática, para, en definitiva, impedir que un órgano jurisdiccional sustituyera a otro de naturaleza normativa. Este domingo, El País narraba los trepidantes momentos que se vivieron en el TC. El magistrado Enrique Arnaldo, miembro de la mayoría conservadora, intentó frenar la reforma que busca desbloquear el Constitucional. El ponente intentó forzar que la deliberación de la cautelar fuera antes del debate parlamentario para suspenderlo. El sector progresista amenazó por escrito con no acudir a la reunión del tribunal de garantías, lo que propició el aplazamiento. Pero el thriller político no ha terminado. Aunque las luces de navidad nos hagan sentirnos más optimistas, hasta el próximo jueves viviremos días terriblemente inciertos y de consecuencias políticamente imprevisibles.
Lo sucedido el viernes durante la votación en el Congreso fue lo más parecido a un magistrado subido al caballo de Pavía en la corte de los leones. Mientras el Congreso votaba las enmiendas, el TC deliberaba la suspensión de la votación. Como decíamos al principio, son días peligrosos, días extraños. A lo largo de estos meses, hemos defendido con ahínco las políticas del cambio, aquellas que, como la reforma laboral, la subida del SMI o la próxima reforma parcial del sistema de pensiones, han transformado la vida de las personas. Hoy comprendemos que son igual de necesarias las políticas del vértigo, (tope del precio del gas, transporte gratuito, reforma penal y renovación del TC). Unas y otras pondrán a prueba la resistencia institucional del Estado, de su fortaleza dependerá en los próximos días, si no horas, que el golpismo llegue al Congreso, por la puerta del Tribunal Constitucional. Esperamos que Pedro Sánchez acierte y desde aquí le animamos a que tenga cuidado, pues hasta Han Solo, el legendario general Solo, acabo siendo traicionado, detenido y congelado. Estaremos atentos.
