Las organizaciones CCOO, UGT, USO, la Confederación Internacional Gallega (CIG) y la Confederación de Cuadros y Profesionales han pedido este viernes que se dejen de poner trabas jurídicas para la ejecución de los acuerdos entre Alcoa y sus extrabajadores de las fábricas de Avilés y A Coruña.
Tras los últimos movimientos judiciales, que están suponiendo un retraso en la homologación de los acuerdos alcanzados entre los extrabajadores de Alcoa en Avilés y
A Coruña por parte del Tribunal Supremo, estas organizaciones sindicales han exigido en un comunicado conjunto que se dejen de poner trabas a su ejecución “mediante argucias jurídicas”.
El colectivo de trabajadores despedidos hace más de medio año no puede por este motivo percibir las cantidades “que justamente les corresponden”.
“Es un absoluto despropósito que se les conviertan en rehenes de unas pretensiones individuales que están retrasando de forma injustificada un proceso que para nada les afecta”, han declarado los sindicatos.
Tanto los trabajadores como la totalidad de las organizaciones que los representan en ambas fábricas “han cumplido escrupulosamente” todos los pasos que se estipulan en el acuerdo, tanto individual como colectivamente.
Por tanto, el acuerdo sigue siendo absolutamente vinculante para Alcoa, independientemente de que por motivos ajenos a la parte laboral afectada su cumplimiento se esté posponiendo por causas que les son ajenas y que vienen de terceros, han declarado las centrales.
En opinión de la representación social, los acontecimientos jurídicos en el ámbito de lo penal y que afectan a personas relacionadas con Alcoa para nada suponen ni están vinculados con la ejecución del proceso de homologación por parte del Tribunal Supremo.
Las organizaciones sindicales han exigido al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en sus delegaciones de Galicia y Asturies que deje de poner trabas “injustificadas” y de “extralimitarse” en sus atribuciones para que los trabajadores puedan percibir cuanto antes las prestaciones a las que tienen derecho para aliviar una situación “absolutamente precaria en lo económico”.
Las organizaciones sindicales han solicitado una reunión urgente con el recién nombrado secretario general de Industria, Francisco Blanco, para instar a las administraciones a que agilicen un proceso judicial “del que no pueden limitarse a ser meros espectadores”.
