“Por mucho impacto que tenga el bloqueo del CGPJ, los juzgados se abren todos los días a las nueve de la mañana”

José Antonio Martín Vallín, ex Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo, abrió este lunes las actividades de 2023 de la Sociedad Cultural Gijonesa.

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Víctor Guillot
Víctor Guillot
Víctor Guillot es periodista y adjunto a la dirección de Nortes. Ha trabajado en La Nueva España, Asturias 24, El Pueblo de Albacete y migijon.

Habla desde la veteranía. Conoce las entrañas del Poder Judicial. José Antonio Martín Pallín fue Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo. presidente de la Unión Progresista de Fiscales , portavoz de Jueces para la Democracia y vicepresidente del Foro Milicia y Democracia. Desde que se jubilara en 2006, su voz en los medios de comunicación ha crecido. Dialoga con serenidad, pausadamente, como si los textos procesales de nuestro ordenamiento jurídico se pasearan por su cráneo para explicar mecanismos de elección que, en su boca, adquieren sencillez y complitud. Es, de algún modo, un explorador de los salones que componen la democracia y el Estado de derecho. Acude a la invitación que le hace la Sociedad Cultural Gijonesa para que hable sobre el golpe institucional perpetrado el pasado diciembre por parte del TC cuando suspendió con medidas cautelarísimas la deliberación de una ley omnibus que incluía una reforma penal y una modificación del procedimiento de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional.

La primera pregunta intentará evitar volver a contar qué ha sucedido con la intromisión del Tribunal de Garantías en un procedimiento de deliberación legislativa, algo que no tiene parangón en el derecho comparado…

Efectivamente, esa es una intromisión que afortunadamente se ha abortado pero que, de haber prosperado, habría sido un verdadero ataque a la democracia. Lo que pretendía el TC, al evitar que se votasen dos leyes tramitadas en el Congreso y en el Senado, era un golpe institucional. El TC se erigía en el poder máximo, pudiendo paralizar la tramitación de leyes en los parlamentos, algo inaudito en cualquier sistema democrático de Europa.

Partiendo de la base que vulnera el principio de presunción constitucional de las leyes en fase de tramitación.

Y establece un control previo que nuestro ordenamiento no contempla. Si no se hubiera desbloqueado el nombramiento de los dos magistrados, se habría perpetrado un golpe y hubiera seguido todo el tiempo…

José Antonio Martín Pallín en la entrevista celebrada en la Cámara de Comercio. Foto de David Aguilar Sánchez.

Afortunadamente se ha renovado el TC gracias a una estrategia de los jueces progresistas pero realmente me interesa saber si se ha sentado un precedente peligrosísimo que no impedirá que se pueda reproducir en el futuro. ¿No es una grieta en nuestro ordenamiento jurídico?

No creo que haya esa grieta, a lo sumo es una disfunción en el respeto a la división de poderes. En este país se ha tolerado que un presidente de una asamblea autonómica se le condenara por ejercer sus funciones conforme al reglamento de la cámara. El señor se apellidaba Atuxa, al que el Tribunal de Estrasburgo absolvió, anulando la sentencia. Según todo el mundo conoce, también se amenazó a la Presidenta del Congreso, Meritxel Batet, con una querella por desobediencia e inhabilitación si no le quitaba el escaño al diputado Alberto Rodríguez. Esto es una anomalía de tal calibre que descompone el sistema democrático. Yo creo que el poder legislativo, las Cortes, tanto el Congreso como el Senado, deben formular una declaración institucional fuerte, afirmando que no van a tolerar que el derecho penal ni la política les impida ejecutar sus funciones legislativas con arreglo a los reglamentos de las cámaras. Si esto no se hace, la democracia en España no es que sea deficiente, como dice The Economist, es que es inexistente.

Me gustaría que hiciera una tabla con las consecuencias institucionales que está teniendo el bloqueo a la renovación de los miembros del CGPJ, una tabla que contemple desde el nombramiento de jueces hasta el normal funcionamiento de un órgano en su gestión cotidiana.

A mi lo que me parece más grave es el desprecio por parte de la mayoría vinculada al PP. En realidad, son una terminal del PP, compuesta de jueces y juristas que pretenden prolongar esta situación cuatro años. Desde el punto de vista funcional, efectivamente está afectando a las tareas, porque el gobierno privó al CGPJ en su día de la facultad de nombrar a magistrados del TS. Desde ese punto de vista, exclusivamente, puede estar afectando al funcionamiento del Alto Tribunal. Yo siempre he sostenido que esto se puede corregir. En primer lugar, prolongando la edad de jubilación, en concepto de méritos, como yo lo hice durante cinco años; y en segundo lugar, nombrando sustitutos. Con esta fórmula se podrían cubrir las vacantes que están surgiendo en el Supremo. Respecto de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, me parecen figuras decorativas. Galicia estuvo cuatro años sin presidente del Tribunal Superior de Justicia y la empanada, los percebes y el funcionamiento diario de los jueces se mantuvo perfectamente. Por mucho impacto que tenga el bloqueo en la renovación de los vocales del CGPJ, los juzgados y las ciudades de la justicia se abren todos los días a las nueve de la mañana.

José Antonio Martín Pallín. Foto de David Aguilar Sánchez.

¿Los jueces deben ser elegidos por los jueces o el CGPJ debe ser el reflejo de la voluntad de la soberanía popular residente en las cámaras legislativas?

Como todo el mundo sabe, el primer CGPJ estuvo funcionando desde 1980 hasta 1985. Entonces los jueces habían elegido a los jueces. En 1985 se cambió al sistema actual bajo el pretexto de que estaban legitimados por la voluntad popular encarnada en el Congreso y en el Senado. No era así realmente porque, en primer lugar, los vocales eran elegidos por el PP o por el PSOE y no por la voluntad popular de toda la Cámara. En segundo lugar, porque no veo inconveniente ninguno a que se vuelva al sistema anterior. Y es por una razón que mucha gente desconoce. España se incorporó a la red de Consejos Europeos de Justicia en 2004 e, incluso, lo ha presidido en dos ocasiones. La red está compuesta por 19 países de los 27 que integran la UE. Cuando uno se apunta a esa red, se exige que el número de jueces elegidos por los jueces sea, como mínimo, igual al de otros países y, por supuesto, como dice nuestra Constitución tendrá una relación de 12 y 8.

Pero ahora se hace una trampa.

Efectivamente, el proceso de nombramiento con arreglo al antiguo sistema bipartidista ya está abierto desde diciembre 2018. El presidente de entonces, Carlos Lesmes, abrió el proceso enviando a la presidenta del Congreso y al presidente del Senado, una lista con los 50 jueces propuestos por los jueces. El sistema es mixto. Hay una especie de primarias entre los jueces del que emana una lista con 50 nombres. Después, de todos esos nombres, el Congreso y el Senado eligen respectivamente. Ese proceso está abierto. Hay 50 personas. Algunas se han retirado, aburridas por lo que está pasando. Todas ellas tienen unas expectativas legítimamente amparadas por la LOCGPJ.

Hay una propuesta para reformar la LOCGPJ. ¿Qué fórmula propondría usted desde su veteranía?

La única forma de terminar este bloqueo es que los presidentes de ambas cámaras cumplan con el reglamento de sus Cámaras y convoquen un pleno. Es posible que en ese pleno no se alcancen los 3/5 que se exigen para aprobar el nombramiento de los vocales. Podrá intentarse una segunda votación y si en esa segunda votación no se logra la mayoría cualificada, el reglamento dice ahora que “se esperará un tiempo prudencial”. Por lo que se está viendo, la situación actual desembocará en el fracaso de los 3/5. Se podría decir que hay dos salidas. La primera es dar por terminado el proceso, algo que no está previsto en la ley. La segunda es modificar el reglamento de cada cámara y proponer que en una segunda votación sólo se exija una mayoría absoluta reforzada por los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura del gobierno y respetar una cuota proporcional de los nombramientos que se podrían adjudicar al PP. No deja de ser una fórmula de desbloqueo que no se quiere hacer porque alguien dice que Bruselas se opone. El tratado de la UN no se mete en los asuntos internos de los estados. El presidente del gobierno de la nación, como el presidente del TC necesitan mayoría absoluta en una primera votación y mayoría simple en la siguiente. Me pregunto por qué no puede ser exactamente igual con los vocales del CGPJ.

Algún jurista ha afirmado que el bloqueo al nombramiento de los vocales del CGPJ podría tener consecuencias desde el punto de vista comunitario con la suspensión de fondos si no se cumplen con los estándares democráticos, tal y como ha sucedido con Polonia o Hungría.

Me parece una falacia. Polonia no tiene nada que ver con nuestro problema. El gobierno polaco tiene capacidad para nombrar jueces de una manera que varía sustancialmente el sistema anterior. En Alemania también, pero el gobierno polaco tiene un control que el gobierno de España no tiene sobre los jueces. Bruselas está preocupado por los cuatro años de prórroga, por supuesto. Cualquiera que tenga cierto sentido de la democracia debe estar preocupado. Pero, en absoluto, esta anomalía afecta a los fondos, ni mucho menos, tendrá consecuencias para la Presidencia española de la UE que tendrá lugar en el segundo semestre de este año, algo de lo nos ha alertado Feijóo esta tarde, quien debe considerar a sus votantes discapacitados políticos porque es un bulo de tal tamaño que no merece ni siquiera un comentario.

Momento de la entrevista celebrada a José Antonio Martín Vallín. Foto de David Aguilar Sánchez.

Para ir finalizando. Hagamos un viaje por los últimos golpes: Asalto al Congreso de Representantes de los EEUU, hace dos años, detención de una célula nazi que preparaba un golpe de estado en Alemania, golpe institucional en España, asalto al Palacio Presidencial en Brasil. ¿Se está produciendo un cambio de paradigma político en Occidente?

Lo de EEUU es preocupante y mucho más con lo que se ha visto en la Cámara de Representantes estos días. La democracia va a tener serios problemas para funcionar en EEUU. En Lationamérica se ha empleado el llamado Low Faire, que había funcionado en Bolivia y Ecuador. Yo anuncié en mi último libro que el siguiente sería Pedro Castillo, a continuación le seguiría Petro y después Bolillo. El sistema es utiilizar los tribunales para destituir a presidentes. En Brasil se ha dado un paso más, porque lo de Bolivia, Ecuador y Paraguay con la destitución de Lugo, parece que ha tomado otro rumbo más peligroso. Los bolsonaristas han pedido la intervención del ejercito. Pero en EEUU no se está por la labor de que en Latinoamérica se sigan produciendo golpes militares. Está más bien por el low fare, por el control a través de los tribunales y las grandes corporaciones financieras e industriales. Y eso puede ser un dato que reconduzca lo de Brasil pero resulta verdaderamente alarmante.

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