Actualmente se encuentra en proceso de tramitación, tras la presentación del correspondiente Anteproyecto de Ley lo que desde CCOO de Industria esperamos sea, por fin, una nueva Ley de Industria para el Estado español hecha también desde la perspectiva de la clase trabajadora.
Para situarnos y poder ser conscientes de la importancia y la necesidad de esta medida legislativa a nivel estatal y precisamente en este momento, es necesario poner en contexto algunos datos.
El primero de ellos es destacar dos cuestiones en lo referente al sector industrial, tanto en lo económico como muy especialmente en lo social: la industria en general en España, para el año 2021 supone el 15,3% de su PIB y ocupa de forma directa, en las diferentes ramas que la componen, más de 2 millones de trabadores y trabajadoras.
Otro dato de especial importancia y muy singularmente en estos momentos: muchas de las actividades dentro del ámbito de las labores industriales tienen un carácter marcadamente estratégico para la soberanía de un estado democrático avanzado como queremos suponer que es el nuestro, tales como son la producción y transformación de energía o la producción y transformación de materias primas de todo tipo en productos elaborados o actividades industriales tan ligadas a sectores clave como el transporte, la defensa o la alimentación.
Ejemplos de las carencias de que nuestra industria, y muy especialmente algunas de ellas, no hayan tenido una consideración de estratégicas se comprenden mucho mejor cuando cualquier persona recibe la factura de la luz, hace la compra diaria o llena el depósito de gasolina de su vehículo.
Y un último apunte, en este caso para ilustrar la estructural deficiencia que en esa denominada “visión de Estado” se ha tenido siempre en España respecto a su industria, basta con citar la conocida y demoledora frase que se atribuye a Carlos Solchaga, nada menos que Ministro de Industria del primer gobierno del PSOE en democracia, que decía que “la mejor política industrial es la que no existe”. Frase que por otra parte muchos y muchas han hecho suya en los últimos cuarenta años.
Asumir el postulado citado por Solchaga ha supuesto, entre otras cosas y por ejemplo, que al carecer de la consideración de sector estratégico para el desarrollo de la economía española, como si lo ha sido el sector turístico, no ha habido una política clara basada en poner los elementos necesarios para que España fuese un territorio en el que las actividades industriales de todo tipo pudieran desarrollarse en una razonable igualdad de condiciones respecto al resto de países de su entorno.
Se han escrito infinidad de estudios, artículos y hasta tesis doctorales sobre los bandazos que la “política industrial” española ha dado en materias como la energía, las infraestructuras portuarias, ferroviarias, su pírrica inversión en investigación y desarrollo o la ausencia de una red formativa a lo largo de la vida de las personas que las permita poder acceder con mayores garantías, especialmente a las personas más jóvenes, a los trabajos de carácter industrial que requieren mayores exigencias en cuanto a formación.
Por no decir el desaguisado, que estamos sufragando y seguiremos pagando con creces al deshacerse de estratégicas empresas industriales, en algunos casos actividades enteras, que con gobiernos de todo color y condición no solo pasaron a manos del capital privado, si no que lo hicieron en el ámbito de corporaciones multinacionales que han sabido y siguen sabiendo anteponer sus intereses particulares al interés general que para la ciudadanía suponen aquellos productos o servicios industriales tanto manufactureros como de conocimiento que desempeñan: sector naval, defensa, siderurgia y, como no, todo lo tocante a la generación de electricidad y energía.
La vigente Ley de Industria data del año 1992. Obvia decir que es una Ley que ha quedado obsoleta desde hace ya mucho tiempo pero más si cabe en estos momentos.
Estamos, para el conjunto de la sociedad pero singularmente para las actividades industriales, en un proceso de transformación y cambio en cuanto a las formas de generación y transformación de la energía que es el elemento que literalmente mueve nuestra sociedad.
Y esto va acompañado de un desarrollo exponencial y creciente de la tecnologización de casi todas las actividades humanas. Una carrera en la que quedarse atrás puede suponer no llegar nunca a la meta. Baste ver como nueva muestra de lo estratégico de tener o no determinadas actividades sujetas a una mínima capacidad de control lo sucedido en torno a la denominada “Crisis de los microchips” muy recientemente y que ha puesto en jaque al conjunto de estados más desarrollados. Eso si: a todos menos a los que tienen la capacidad de controlar, regular y abastecer al resto de ese producto concreto.
Por ello esa obsoleta ley de 1992 debe de ser no simplemente modificada, sino directamente sustituida por una ley con la que el Estado español pueda trazar una mínima senda razonablemente despejada por la que pueda transitar su industria.
“La consideración de estratégica de ciertas actividades industriales es absolutamente necesaria por Ley “
Una senda que si se hace con la necesaria visión de estado, y pensando que los intereses de estado son los del conjunto de la ciudadanía y no únicamente los de la parte empresarial que maneja el capital relacionado con la industria, redundarán en beneficio del conjunto de las personas, y no solo de las empresas industriales.
Algo que debe por supuesto hacerse basándose en un principio de sostenibilidad medioambiental, pero sin olvidar que medidas de carácter quijotesco que rayan lo absurdo, como lo referente a la energía, han costado serios disgustos a las personas trabajadoras de este país y especialmente a las más desfavorecidas.
Y que debe de contemplar la igualdad además de entre las personas, entre los territorios donde las actividades industriales sientan sus raíces para que ejemplos como de los que en Asturias, pero también en el resto de España tenemos muchos, no se sigan repitiendo.
La consideración de estratégica de ciertas actividades industriales es absolutamente necesaria por Ley para garantizar la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas que de ellas dependen, y no solamente los trabajadores que tienen allí sus puestos de trabajo y por eso no pueden seguir a expensas de intereses meramente corporativos en lo económico o como forma de influencia sobre la soberanía desde terceros países.
Desde CCOO de Industria, en el ámbito estatal y como Federación se lo hemos trasladado al conjunto de fuerzas políticas democráticas que tienen capacidad de legislar, como son la mayoría de partidos políticos que componen el arco parlamentario en el Congreso de los Diputados. Porque creemos que, además de la necesaria y nueva Ley de Industria es necesario que se acompañe de un Pacto de Estado por la Industria como demostración de la relevancia e implicación que desde el más amplio espectro político posible debe de darse a esta cuestión.
Por supuesto se lo hemos trasladado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo donde desde CCOO debemos de decir que , al menos hasta el momento, se ha actuado de espaldas a los trabajadores y trabajadoras, presentando el Anteproyecto de Ley de Industria sin absolutamente ningún tipo de diálogo social.
Vuelve la actual titular de la cartera de Industria, Reyes Maroto, a caer en errores del pasado pretendiendo dejar de lado a los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones que los representan en una cuestión tan decisiva y fundamental.
Así lo hemos trasladado también en el ámbito que a la clase obrera nos es natural: desde la calle y mediante la movilización, como la que tuvo lugar el pasado 21 de Junio por las calles de Madrid en la que miles de trabajadores y trabajadoras llegaron a las puertas del Congreso de los Diputados para que su voz se oiga de forma clara.
Desde luego en CCOO hemos trasladado aportaciones al extenso anteproyecto de ley que está en fase de tramitación.
Se basan principalmente en cuestiones que son de la más pura lógica: medidas que garanticen la transición justa para todas las personas trabajadoras afectadas por la transición energética, digital o ecológica, control de cualquier tipo de ayuda que vaya condicionada a la creación y mantenimiento de empleo, garantías para la protección de la salud de los trabajadores y del medio ambiente y desde luego participación en los diferentes ámbitos de seguimiento y consulta que se constituyan de las organizaciones sindicales más representativa, entre otras cuestiones.
Esperemos que, a diferencia de los pasos dados hasta ahora, tanto históricamente en el devenir de las anteriores leyes relacionadas con la actividad industrial como en la fase de tramitación presente, se tengan en consideración estos elementos.
Se juegan miles de puestos de trabajo, el futuro de regiones enteras, especialmente las que como Asturias tienen en la Industria no solo su pasado y su presente si no también su futuro y se juega, como demuestran los ejemplos dados, lo que a futuro vaya a ser la soberanía de esa España tan llena de banderas pero tan vacía de soberanía industrial real y efectiva.
