La consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, ha afirmado este martes que toda aquellas personas que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas al alquiler cobrarán ese dinero y ha resaltado que la nueva convocatoria no exige el cumplimiento de las contribuciones con Hacienda y la Seguridad Social.
Así ha respondido en respuesta en sede parlamentaria a una interpelación del diputado de IU Ovidio Zapico sobre política en materia de promoción del acceso a la vivienda y, más en concreto, sobre la gestión de las ayudas al alquiler, en la que el coordinador de IU de Asturies ha asegurado que el Gobierno del Principado “está perdiendo la batalla contra la burocracia” y “humilla” a la gente más humilde en relación a la tardanza en el pago de estas prestaciones a los “más necesitados” .
“Tal y como están definidas las convocatorias, existen derechos y obligaciones que hay que cumplir y en ese punto nos encontramos, ni caridad, ni humillación”, ha subrayado Álvarez, que ha indicado que se esta generalizando el uso de la declaración responsable y ha rechazado que su departamento resuelva la burocracia que atañe a las organizaciones empresariales con mayor agilidad que las que incumben a las personas más necesitadas.
La consejera ha precisado que la nueva convocatoria de ayudas al alquiler, “sin perder el control, permitirá una mayor agilidad en su gestión administrativa, ya que estará abierta todo el año, será de concesión directa y no exigirá el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social”.
La consejera ha resaltado que, ahora que se inician los trámites para la ley estatal de los servicios sociales, Asturies trabajará en paralelo para confeccionar la norma del Principado, para lo que se apoyará en la Universidad de Oviedo para analizar la fórmula idónea del reparto de las competencias entre las administraciones con el fin de “abordar la gestión pública con más eficiencia”.
40.300 ayudas al alquiler desde 2015
En relación a los datos, ha señalado que desde 2015 el Principado ha concedido 40.300 ayudas al alquiler a otros tantos beneficiarios por valor de 63 millones de euros y que se han gastado más de 30 millones en la reparación de viviendas.
Ha destacado que en la última convocatoria, con un presupuesto que creció de ocho a casi doce millones de euros por una ampliación de crédito resuelta por el Principado, “se ha podido dar respuesta a todas las ayudas de los usuarios que han cumplido con todos los requisitos”.

Por su parte, el diputado de IU ha pedido un cambio en la gestión de la Consejería con el objetivo de lograr una “administración más ágil” y que “no caiga recurrentemente en el error de perjudicar a los más débiles, a los más vulnerables, a la gente normal”, en relación a las denuncias impuestas por beneficiarios de las ayudas al alquiler de vivienda por las “trabas burocráticas” implantadas por el Gobierno regional para la concesión de estas prestaciones.
Por último, el parlamentario ha anunciado que su partido presentará en el próximo Pleno una moción subsiguiente para que la Junta General inste al Gobierno a ponerse al día y desbloquear el pago de estas subvenciones.