La represión a los homosexuales en la Asturies franquista: una cuestión de clase

Miguel Fernández investiga la arbitrariedad de la persecución y las estrategias de supervivencia del colectivo LGTBI.

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Jara Cosculluela
Jara Cosculluela
Licenciada en Humanidades, experta en género y activista feminista.

Con los expedientes de peligrosidad social como fuentes primarias, pero también tirando de relatos orales, literatura, diarios y libros de texto franquistas, el historiador Miguel Fernández Turuelo ha desarrollado el proyecto “La represión de las realidades sexuales y de género disidentes durante el Franquismo en Asturias: memoria de las olvidadas para un presente democrático”, dirigido por el profesor de la Universidad de Oviedo/Uviéu Rubén Vega y nacido con una mirada puesta en otros trabajos similares contextualizados en “ciudades más grandes, como Barcelona o Madrid”. Este martes el investigador presentó en la Biblioteca del Fontán de Oviedo/Uviéu una primera aproximación de un proyecto todavía en curso. En el acto estuvo acompañado de Tino Brugos, profesor de secundaria, miembro de SUATEA, y cofundador y ex portavoz de XEGA. El histórico activista gay definió el trabajo de Fernández como “imprescindible” y “esperanzador, aunque sea tarde, porque toca limpiar los libros de mitos y cuestiones que no son defendibles ya” y, además, “recuperar los años perdidos en relación a la memoria histórica LGTBI, que sigue ocupando un espacio marginal”.

La misión de Fernández ha sido encontrar en expedientes y otras fuentes los vestigios de la represión y persecución de gays, lesbianas y trans en la Asturies franquista, además de tratar de dibujar las formas de resistencia y autoapoyo que a pesar de todo pudo desplegar el colectivo ante este hostigamiento del régimen. En un marco general de análisis, Fernández explicó que “antes del 54 en España no se reprimía institucionalmente la homosexualidad como tal porque se tenían otras prioridades como, por ejemplo, el abuso de menores”. Sería una modificación por parte del franquismo de la Ley de vagos y maleantes, nacida en 1933 en el periodo de la II República, la que incluiría la homosexualidad como delito objeto de castigo, exilio, trabajos forzados e internamiento. Posteriormente, en el año 71, entra en vigor una nueva norma, la Ley de Peligrosidad Social, dirigida ya casi en exclusiva hacia los homosexuales. El investigador apunta en todo caso que “no se castigaba únicamente la inversión sexual”, es decir, la orientación sexual no heterosexual, “sino también la inversión de género”, sobre todo el afeminamiento, “que era una auténtica carta de entrada a la cárcel, ya fueras gay o no”. Además, el régimen se encargaba de sancionar “la reincidencia, la ostentación o el despliegue en el espacio público”, en la medida en la que se quería a la “homosexualidad fuera de las calles, porque se consideraba que podía contagiar al resto del cuerpo social”.

Expediente de un homosexual castigado con la Ley de Peligrosidad Social.

De los 131 expedientes asturianos, “solo 11 hacen referencia a la homosexualidad reprimida de facto”, y “a pesar de los números modestos”, Fernández detalló que las conclusiones de la investigación por ahora muestran que “la represión no era sistemática” en Asturies, a diferencia de lo sucedido en las grandes ciudades, sino esencialmente arbitraria. No obstante, para juzgar este hecho, Fernández reparó en que “hay que tener en cuenta el sexilio”, esto es, la emigración sexual a las grandes ciudades, causa directa de la dispersión de los enjuiciamientos y de los expedientes, “pero también los cambios de jueces”, por ejemplo, de un “Mariano Rajoy padre, juez de vagos y maleantes de León”, a Saturnino Gutiérrez, “que condenaba en menor medida a los encausados, notándose considerablemente el descenso del atosigamiento”.

Particularidades asturianas: justicia de clase, invisibilidad, arbitrariedad e inversión de género

Un elemento particular que diferencia su investigación de las referidas a grandes capitales del país es el hallazgo de que “aquí, la justicia franquista contenía un elemento de clase evidente”, como por ejemplo queda demostrado para el historiador en expedientes como el de “un constructor de Oviedo, con dinero, del que se dice que es muy generoso” y por ello pudo acabar evitando su condena, u otro similar de un abogado ovetense adinerado “que fue condenado por homosexualidad pero eludió finalmente cumplir la pena” por esta razón. Afirmó que, por lo general, los gays de clase alta “no fueron declarados peligrosos” y, por otro lado, “tenían la facilidad de crear sus propios espacios de sociabilidad” que les permitían eludir las redadas y rebajar el hostigamiento. Pero no sólo pertenecer a la burguesía suponía una ventaja en este sentido, sino también “tener un trabajo estable, dinero líquido o un dictamen favorable del patrón te podía librar de la cárcel”.

Miguel Fernández Teruelo y Tino Brugos. Foto: Alisa Guerrero.

Otra de las particularidades que revelan los expedientes es la escasa visibilidad de las personas LGTB en los espacios públicos que, en general, permanecían ocultas “en todos los ámbitos sociales”, con la clara excepción del gijonés Rambal, “con una homosexualidad visible” y reconocida. Sin embargo, en su búsqueda, Fernández encontró otras anomalías no tan populares como la del artista de Cimavilla asesinado en 1976 en circunstancias nunca aclaradas. Así, relató el hallazgo de dos mineros del Pozu Santa Bárbara cuyos expedientes especifican que fueron encontrados manteniendo relaciones sexuales en la calle, por la noche, siendo así acusados por la Guardia Civil y procesados a pesar “tener un trabajo” honrado. Para Fernández, “se podría tirar del hilo y conseguir más testimonios” que revelen la existencia de “mineros homosexuales y que rompan con el arquetipo de Rambal”.

Rambal rodeada de vecinas de Cimavilla.

El historiador recalcó que, en Asturies, “la visibilidad en el espacio público” de las personas LGTB “es mucho menor que en grandes ciudades y no hay apenas expedientes que nos dejen ver la ostentación gay en el espacio público”. Así, muchas “detenciones tuvieron más que ver con la expresión de género”. Fernández expuso que “la arbitrariedad de las caracterizaciones de la homosexualidad”, la falta de sistematización, y, por ende, de la persecución y represión estaban relacionadas ver con “el pivotaje en el género para acusar de homosexualidad”. En este caso, el historiador se centró en dos expedientes encontrados por los que se observa que era la expresión de género la que se utilizó para las acusaciones. Es el caso de J.F.A., del que se decía “que hacía las tareas de casa” a diario, como expresaron los vecinos, por lo que su heterosexualidad habría quedado en entredicho, o el caso de un expedientado que fue acusado de peligrosidad social porque “conducía muy rápido con su coche, se decía de él que era demasiado masculino para ocultar su homosexualidad”.

¿Dónde están los expedientes de lesbianas y trans?

“No hemos encontrado lesbianas en los archivos”, determinó Fernández, que explicó este hecho por la invisibilidad estructural de las mujeres no heterosexuales, término acuñado por la investigadora Raquel Osborne y que pasa por comprender que las mujeres históricamente han sido caracterizadas como sujetos sin agencia ni deseo, por lo que sus relaciones lésbicas permanecerían ocultas para la sociedad. Todo ello, advirtió el historiador, a pesar de hechos como el del médico zaragozano Luis Serrano Vicéns, “el Kinsey español”, que demostró en su estudio sobre la sexualidad de las mujeres de los años 30 a los 60 “que las prácticas lesbianas no eran tan invisibles, ni tan minoritarias”, con datos que revelaban que “el 35,8% de las mujeres consultadas afirmaban haber tenido experiencias sexuales con otras mujeres y el 65,5% admitían que desearían tenerlas”.

Manifestación contra la Ley de Peligrosidad Social en la Transición. Foto: Archivo COGAM

Por otro lado, Fernández se lamentó de que la diversidad de género resulte más difícil todavía de rastrear en este tipo de fuentes, debido a que “ni siquiera se concebían, hasta mediados de los 80, las realidades trans y casi todo era englobado en la homosexualidad, lo que implica, además, muchos problemas teóricos y de investigación”. Sin embargo, en su investigación, rescata el caso de la periodista asturiana del régimen Ángeles Villarta, practicante “del periodismo gonzo, que se infiltra en el psiquiátrico de Oviedo” en los años 50 para escribir una publicación y relata el caso de “una niña de rostro angelical” que quería casarse con ella y que, “cada vez que podía, se escapaba al monte y se rapaba el pelo”, dejando así el testimonio de lo que se intuye que es la historia un joven trans internado. Fuera de Asturies, recaló en la historia castellonense de Florencio Pla Meseguer, “La Pastora”, maquis intersexual “que provocó tanto desorden político como de género” y “que nadie supo definir”. Será ya avanzados los años 70 cuando se comiencen a encontrar delimitaciones de las realidades trans, mencionó Fernández, refiriéndose en este punto a Miguel Ángel Zamora, “mujer trans a la que hormonaron en la cárcel, reconociendo” que era trans, “pero que acabó suicidándose”. Para ahondar en esta cuestión, concluyó, más que mirar en los archivos de vagos y peligrosidad, “habrá que investigar los archivos psiquiátricos”.

Redes y resistencia: el sexilio y la anomalía de Rambal

Fernández destacó la “ausencia de resistencias en Asturies” a la represión y la persecución “que preconizarían la movilización de protesta”, ahondando en las grandes dificultades que ha encontrado para rastrearlas. De hecho, Fernández manifestó no haber podido encontrar apenas “redes de solidaridad o de segunda familia o de reconocimiento mutuo que sí hay en ciudades más grandes”, como Madrid y Barcelona, por lo que “las estrategias de resistencia para la represión no pueden ser las mismas”. Los detenidos, continuó, eran capturados “en zonas de cruising y no en espacios de socialización”.  La gran excepción a este hecho para Fernández sería Rambal, “un homosexual, obrero” y que actuaba “en un cabaret al que acudía la clase alta gijonesa”, toda una anomalía en el sentido de reconocimiento y ostentación, porque esto se esperaba que ocurriese en “el barrio chino o en Chueca”, pero no en Cimavilla. Por el testimonio, entre otras fuentes, de La Tarabica, vecina del barrio y coetánea de Rambal, para el investigador se demuestra que este “sí tenía redes de solidaridad, sociabilidad y de reconocimiento” que le pudieron proporcionar protección, apoyo y sostén para su visible disidencia sexual. En este contexto de debilidad de redes para la resistencia, el investigador también subrayó como consecuencia que “las estrategias a la hora de declarar ante las autoridades en Asturies cambian respecto a las de ciudades grandes: “o lo negaban todo o iban cambiando la declaración” o se acude a “la carga de la culpa a factores externos, como, por ejemplo, «me obligaron»” y, finalmente, la opción de la emigración por razones de orientación sexual o de género fue especialmente relevante. Así, describió cómo el “sexilio hizo que muchos de ellos se fueran a trabajar a ciudades más grandes, generalmente en hostelería, prostitución o el mundo artístico”, creando “guetos como el barrio chino de Barcelona o Chueca en Madrid”, que más que espacios de liberación sexual, investigador, fueron “herramientas de represión franquista”.

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