El Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN), que ejercita la acusación popular en el “caso Musel” sobre las presuntas irregularidades en la obra de ampliación del puerto gijonés, considera que las declaraciones de los testigos en la Audiencia Nacional están aportando “datos de interés” que evidencian “muchas anomalías” y que a su juicio corroboran su posicionamiento sobre su presunto carácter delictivo.
En un comunicado, su presidenta, Anaya Caraduje, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de las sesiones que desde el pasado 16 de enero se vienen celebrando en la Audiencia Nacional contra una veintena de personas, entre ellas cuatro exaltos cargos de Puertos del Estado que afrontan una petición de pena de la Fiscalía de tres años de prisión.
No obstante, ha lamentado que los acusados no hayan querido responder a las preguntas de OCAN y sólo contestaran a la Fiscalía y a sus propias defensas, negando cualquier implicación en la causa.
Caraduje sostiene que, aunque están en su derecho a no contestar a las partes y a “no decir la verdad”, los acusados han mostrado “una falta de colaboración con la administración de Justicia” al no responderles como acusación popular ni tampoco a las preguntas de la acusación particular que ejerce la Asociación de Vecinos del Alto Aboño.
Para el Observatorio, en este procedimiento hubo “cientos de millones de euros de fondos europeos que se fueron al fondo del mar, con sobrecostes y facturas infladas de dinero público que acabó siendo presa del fraude a la hacienda pública”.
Por el contrario, resalta las declaraciones de los testigos, entre ellos de varios técnicos de la Autoridad Portuaria de Gijón y de Puertos del Estado, que afirmaron que “nunca antes habían visto incorporar un acuerdo de intenciones entre la administración y otra empresa para asegurar material”, dado que la aportación de material es competencia del contratista.
Asimismo, ha destacado las manifestaciones de otros testigos, entre ellos los representantes de Hidrocantábrico (HC) que afirmaron que “dos responsables del puerto tenían conocimiento de los proyectos de la empresa en los terrenos de Aboño”, la cantera natural que iba a suministrar el material por su proximidad a El Musel que finalmente no pudo ser utilizada.
Para Ocan, también han sido significativas otras declaraciones como algunos transportistas o sus representantes que expusieron “la falta de control en la entrada de material en el puerto, en contradicción con lo expuesto por los acusados”.
El Observatorio confía en que las próximas sesiones en las que declararán los peritos de la Intervención General del Estado y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) pueda aportar “mucha luz al proceso”.
Las obras de El Musel fueron adjudicadas por 580 millones en 2005 pero finalmente costaron 800 millones, que se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto.
