Relato breve del “caso Musel”: pistas para armar el rompecabezas

Entre la tibieza del seguimiento por parte de los medios asturianos y el mutismo total de los estatales, a derecha e izquierda, el juicio avanza.

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Javier Álvarez Villa
Javier Álvarez Villa
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias. Miembro del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.

El 2 de diciembre del 2014 el salón de actos del Colegio Público Jovellanos de Xixón acogió un mesa redonda sobre la ampliación del puerto de El Musel, bajo el título “Análisis y valoración de la Carta de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea con la constatación de siete Violaciones de Tratados, Directivas y Reglamentos de la UE”, en el que participé, en comandita con Pin Estrada, por parte del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies,; Miguel Ángel Llana, responsable de la página digital Asturbulla, que había publicado la Carta original; Luis Alfredo Fernández, presidente del Comité de Empresa del Puerto de Xixón y Mario Suárez del Fueyo, director del Colegio Público Jovellanos.

En aquella jornada tuvimos ocasión de señalar que la Carta en cuestión, fechada el 24 de octubre de 2014 y dirigida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno español, era una bomba de relojería que podía estallar dañando seriamente la maquinaria del Estado: en la misma la Unión Europea (UE) confirmaba la revocación de la subvención de 247 millones de euros concedida con cargo al Fondo de Cohesión para las obras de ampliación del puerto de El Musel, así como la obligación de reintegrar la cantidad de 198 millones euros ya percibida por la Autoridad Portuaria de Xixón; pero, además, la Dirección General de Política Regional de la UE recriminaba a las autoridades españolas por su pasividad ante la negativa de la UTE Dique Torres para que los investigadores de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) pudieran acceder a la contabilidad de la empresa con el fin de comprobar los indicios de graves irregularidades y fraudes respecto a los gastos derivados de la ejecución de la obra.

Pero más lacerante aún resultaba el reproche que hacía la UE al Estado español por la lentitud en la persecución de los presuntos delitos que podían haberse cometido – fraude y malversación de fondos públicos según la OLAF -, con el peligro de que esa inacción ocasionara la prescripción de esos delitos. A este respecto, la UE recordaba al Ministerio de Hacienda  que aunque ya se hubieran puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, no existía ningún impedimento para que el Estado presentase denuncia o querella directamente ante los órganos judiciales competentes.

Con el fin de contextualizar el alcance y efectos de la Carta de la UE, en el acto público de Xixón se expusieron algunos datos básicos sobre la controversia por los sobrecostes de la ampliación de El Musel:

– La obra de la ampliación se adjudicó a la unión temporal de empresas Dique Torres (UTE), firmándose el contrato el 9 de febrero de 2005 entre dicha UTE y la Autoridad Portuaria de Xixón por un importe total de 579.241.559 euros, IVA incluido

– La UTE Dique Torres estaba integrada por las constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas

– La Dirección General de Política Regional de la UE otorgó una ayuda económica con cargo al Fondo de Cohesión a la Autoridad Portuaria de Xixón para la financiación del proyecto, por importe de 247.500.000 euros, de los cuales abonó efectivamente un total de 198.000.000 euros

– El pliego de cláusulas administrativas que regía la contratación establecía que la ejecución de las obras se realizaría a riesgo y ventura del contratista, es decir, que si se producía un incremento de los gastos durante su ejecución, debían ser asumidos íntegramente por el contratista

– El proyecto de la obra fijaba un precio en concepto de material de 7,30 euros/m3

– En el pliego de prescripciones técnicas se incluyó un apartado sobre la utilización de canteras, en el que se indicaba que la Autoridad Portuaria de Xixón había firmado el 26 de julio de 2004 un acuerdo con Hidrocantábrico (HC)  para la explotación de la cantera de Aboño (propiedad de HC) en las obras de ampliación del puerto de El Musel, y que para acogerse al mismo el futuro adjudicatario de la obra estaba obligado a firmar un contrato con HC en el que se establecería un canon a pagar por la explotación de dicha cantera fijado en euros por metro cúbico de material obtenido. Asimismo, se disponía que la Autoridad Portuaria de Xixón respondía ante HC del cumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con la explotación de la cantera de Aboño.

La proximidad de la cantera de Aboño al puerto de El Musel suponía un evidente abaratamiento de los costes de la obra.

Regasificadora del Musel. Foto: David Aguilar Sánchez.

– Con fecha 31 de julio de 2006 la UTE Dique Torres, adjudicataria de la obra, firmó el contrato con HC y la Autoridad Portuaria para la explotación de la cantera de Aboño en el que se establecía un canon de explotación de 1,65 euros/m3, así como la responsabilidad solidaria de la Autoridad Portuaria para hacer frente a las obligaciones de pago del adjudicatario.

– La cantera de Aboño no pudo finalmente utilizarse. La versión de la Autoridad Portuaria de Xixón es que ello se debió a la construcción de una planta de desulfuración para el servicio de la térmica de Aboño de HC, que hizo inviable el uso de la cantera.

También surgieron dificultades con el uso de otras dos canteras próximas al puerto, incluidas en la oferta de la UTE adjudicataria del contrato: la denominada “Perecil 1”, que no aportaría el volumen de materiales inicialmente previsto, y la “Perecil 2”, cuyo uso fue paralizado por el Ayuntamiento de Carreño por motivos urbanísticos.

Como consecuencia de ello, la UTE Dique Torres tuvo que aprovisionarse en otras canteras más alejadas del puerto, dos de ellas en León, con la consiguiente subida notable del precio final de los materiales.

– Con fecha 18 de diciembre de 2007 la Autoridad Portuaria de Xixón aprobó un modificado del contrato inicial que suponía un  incremento del coste – sobrecoste – de 216.314.095 euros (sin IVA), debido principalmente al aumento del precio de los materiales. En este modificado el precio del material pasaba de los 7,30 euros/m3 del proyecto inicial a 18,22 euros/m3.

– La Autoridad Portuaria de Xixón, a través del Gobierno de España, solicitó a la UE la financiación de ese sobrecoste, en concreto, de 135 millones de euros adicionales, petición que recibió la respuesta negativa de la Dirección General de Política Regional de la UE en el año 2009, fundamentada en que la tramitación del  modificado del proyecto había vulnerado la normativa comunitaria en materia de contratación al no haberse sometido el contrato a una nueva licitación pública.

-En febrero del 2014 la OLAF emitía un extenso informe de investigación en el que detectaba una larga serie de irregularidades, tanto en el proceso de contratación, como en el de ejecución de las obras, algunas de las cuales podrían resultar de naturaleza delictiva, por lo que daba traslado del mismo a la Fiscalía española.

Entre el público asistente al acto del Colegio Jovellanos se encontraba Raimundo Abando, ex director de la Autoridad Portuaria de Avilés, que explicó algunos pormenores relacionados con la denuncia que había presentado apenas un mes antes en el Juzgado Decano de Xixón, en calidad de presidente de la asociación Ciudadanos por Asturias, por entender que las irregularidades apreciadas por la OLAF podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación y fraude. La denuncia tuvo un corto recorrido al ser rechazada por razones formales.

No era la primera iniciativa en la vía penal que fracasaba en relación con las obras de ampliación del puerto de Xixón. En marzo del año 2010 la Fiscalía había archivado una llamativa denuncia presentada en el año 2009 por un ciudadano español residente en Luxemburgo, si bien en la resolución el fiscal dejaba caer que el archivo se acordaba “sin perjuicio de la innegable nefasta previsión de futuro demostrada por la autoridad contratante, de la cual, en su caso, debería responder en otro ámbito diferente del Tribunal Penal”, según la noticia difundida por El Comercio el 11 de noviembre de 2014.

Hasta el Partido Popular (PP) amagó con denunciar los hechos a la Fiscalía en el mes de septiembre del año 2009, si esta no actuaba de oficio. Así lo anunciaba la portavoz del PP en Xixón y diputada por Asturies, Pilar Fernández Pardo, según noticia recogida en La Nueva España de 29 de septiembre de ese año. Pero el anuncio resultó ser un farol.

En febrero del año 2011 la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo decretaba el archivo de las diligencias informativas por la denuncia presentada por el escritor Marcelino Laruelo Roa contra la Autoridad Portuaria de Xixón, referida a la extracción de 25 millones de metros cúbicos de áridos del fondo marino de la bahía de Xixón con destino a rellenos de las obras de ampliación de El Musel.

Tampoco tuvo mejor suerte el sindicato ultraderechista Manos Limpias, que aterrizaba en Asturies con estruendo interponiendo una denuncia ante la Fiscalía en mayo del 2014  contra seis funcionarios y altos cargos, entre ellos, el ex presidente Vicente Álvarez Areces y los ex ministros de Fomento del PSOE José Blanco y Magdalena Álvarez, que también acabaría en el dique seco.

Pero las tornas cambiarían muy pronto. A los pocos días de la celebración del acto público en el Colegio Jovellanos de Xixón, un grupo de militantes de Podemos Asturies que luego se integraría en la asociación Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN) para ejercer la acción pública, entre los que se encontraban los futuros diputados autonómicos Emilio León y Daniel Ripa, decidió sortear el cerrojo judicial asturiano e interponer una denuncia ante la Audiencia Nacional por entender que los hechos investigados por la OLAF tenían una repercusión grave en la economía estatal y con el fin de evitar la prescripción de los posibles delitos sobre la que alertaba la UE. La denuncia se registraba en el mes de diciembre de 2014 coincidiendo, por un sorprendente capricho del destino, con la que formulaba la Fiscalía Anticorrupción ante el mismo Órgano judicial, en la que tuvo una participación relevante la fiscal Isabel Vicente, hija del legendario fiscal del Tribunal Supremo Jesús Vicente Chamorro, el “fiscal rojo”, luchador antifranquista y miembro del Partido Comunista de España hasta el año 1.978. Isabel Vicente, que había estado destinada en la OLAF hasta el año 2013, se encargó de dirigir a un equipo de fiscales destinado expresamente a la investigación de los hechos relacionados con la ampliación del puerto de El Musel, debido a la complejidad del asunto, según informaba El Comercio el 7 de febrero de 2015.

En enero de 2015 el mediático juez Gómez Bermúdez, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, admitía a trámite las denuncias y habría la fase de instrucción, que conduciría después de un largo y accidentado proceso, a la apertura del juicio oral que ahora se desarrolla en la Audiencia Nacional. En la noticia publicada al respecto en El Comercio con fecha 5 de febrero 2015 se dice que la Abogacía del Estado ya había emitido un informe el 23 de mayo del 2014 en el sentido de personarse en las diligencias judiciales que se abrieran a instancia de la Fiscalía contra la Corrupción o, en el caso de que esa Fiscalía no ejercitase la acción penal, ejercer esa acción la propia Abogacía del Estado.

En el curso de la instrucción tuvieron un papel relevante la acusación particular en defensa de los derechos del vecino José Prendes, uno de los expropiados con motivo de la ejecución de las obras, y las acusaciones públicas de OCAN y de la asociación de vecinos del Alto Aboño.

Recordamos que a fínales del año 2010 el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente el desmonte del Alto Aboño, que se estaba ejecutando en el marco de la ampliación del puerto de El Musel. De esta manera, el Alto Tribunal estimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carreño y dejaba en suspenso la modificación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios en lo que afectaba al ámbito territorial de ese concejo, que comprendía 32 hectáreas al este de la ría de Aboño sobre las que se pretendía crear una zona de actividades industriales.

Sin embargo, esa paralización del desmonte por orden judicial no llegaría a tiempo de impedir la desaparición del barrio del Alto Aboño, como informaba La Nueva España el 16 de julio del 2010: las últimas construcciones que quedaban, cerca de una decena de viviendas en tres bloques de pisos, acababan de ser demolidas por las palas de la Autoridad Portuaria de Xixón.

La Audiencia Nacional, en sentencia de febrero del 2011, confirmó la ilegalidad del desmonte por carecer de estudio de impacto ambiental. Uno de los vecinos del Alto Aboño declaraba a La Nueva España el 12 de febrero de 2011 que “el mejor sitio para vivir era el barrio del Alto, todo estaba bien allí; pero nos echaron y encima para nada»

Pero el proceso judicial que ahora se ventila en la Audiencia Nacional no hubiera tenido lugar sin el extraordinario trabajo previo y el enorme coraje cívico de varios grupos políticos asturianos, que contra viento y marea y soportando presiones de poderosos grupos de influencia, salieron a cara descubierta en defensa del bien común. Unas actuaciones que desmienten, una vez más, a quienes tachan a la sociedad asturiana de resignada y acomodaticia.

A este respecto, hay que recordar que en el mes diciembre del año 2007, Los Verdes de Asturias habían elevado una denuncia ante la UE sobre los sobrecostes de las obras de ampliación de El Musel, oponiéndose a la solicitud de financiación adicional que instaba la Autoridad Portuaria de Xixón. En la nota de prensa que divulgaron con motivo de la interposición de la denuncia, destacaban que siempre  habían valorado esta obra como de gran impacto ambiental, innecesaria, faraónica y propia de una cultura del hormigón que había que eliminar; que en la modificación del contrato debía exigirse una nueva licitación pública; que si las canteras previstas no estaban disponibles se debería haber parado la obra, replantearla y esperar lo que hiciera falta a que estuvieran disponibles y no tirar hacia delante, sin crédito y sin respaldo legal, embarcando a la sociedad asturiana en un sobrecoste absurdo; y que era lamentable que en Asturies se despilfarrasen más de 200 millones de euros adicionales, sólo por acarrear un montón de piedras 150 km desde León a Xixón, gastando absurdamente un dinero que podía destinarse a otros fines públicos muchos más interesantes para la sociedad.

Joaquín Arce, entonces miembro de la mesa federal del partido, escribió un artículo muy relevador el 29 de septiembre del 2008 en El Comercio, en el que destacaba las reacciones agresivas que había suscitadoen determinados ámbitos y los intentos de criminalización de los denunciantes, a los que se acusaba de “meter palos en las ruedas” y de “traicionar a la región”.

Dos meses antes, el diputado García Valledor señalaba que los responsables de El Musel usaban la denuncia de Los Verdes para eludir sus responsabilidades sobre la pésima gestión y el despilfarro de dinero público en esta obra y que culpar a los que destapan los chanchullos era indecente. Pero las presiones, lejos de atenuarse, se intensificaron: el 31 de marzo del 2009 La Nueva España informaba que las cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés alentaban al PSOE a presionar a sus socios en el Gobierno del Principado, (IU-Bloque por Asturias-Los Verdes), para que esta última formación retirase la denuncia presentada ante la Comisión Europea por los sobrecostes en la obra de ampliación de El Musel. 

Unos meses después, el 10 de julio de ese año 2009, el comisario de Transportes de la UE, Antonio Tajani, actual ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno ultraderechista italiano de la Sra Meloni y mentor político del candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Autónoma, expresaba en Uviéu su apoyo personal a las obras de ampliación del puerto de El Musel, en una visita al entonces presidente del Principado Vicente Álvarez Areces, declarado que confiaba en una solución satisfactoria para los intereses de Asturies, y comprometiéndose “a trabajar junto al presidente regional” con ese fin, según una nota de prensa de la agencia Efe de esa misma fecha.

A pesar de todo ello, la maquinaria de la UE, esa burocracia que ahora se quiere hacer pasar como ejemplo de Administración ineficiente y retardataria, en este caso resultó implacable y la denuncia de Los Verdes no pudo frenarse y acabó produciendo efectos: en el año 2009 la UE denegaba la ayuda económica solicitada para hacer frente a los sobrecostes millonarios.

Pero el grupo político Andecha Astur dio un paso más allá. Como relata la OLAF en los antecedentes de su informe de febrero del 2014, la actuación investigadora se había llevado a cabo tras una denuncia de un miembro del parlamento europeo registrada el 18 de marzo de 2009. Esa denuncia, muy prolija y ampliamente argumentada, presentada por el europarlamentario Mikel Irujo, de la coalición Europa de los Pueblos, fue impulsada por Andecha Astur, como recordaba Mariano Suárez en una artículo publicado en Nortes el pasado 17 de febrero, con el contundente título de “El Muselón o la metástasis d´un réxime

En un brillante artículo publicado en La Nueva España en el año 2005, “El Musel: diez razones contra un proyecto”, David Rivas, profesor titular de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid y responsable por entonces del área de política económica de Andecha Astur, explicaba, entre otras muchas cosas, que la ampliación era un regalo para monopolios de facto, en estos términos:

“Los beneficiarios de la ampliación son exclusivamente los destinatarios de carbón y mineral, es decir, Arcelor y en especial Hidroeléctrica del Cantábrico. De un lado, la repercusión del flete por tonelada es menor cuanto mayor capacidad tiene el buque y, de otro, minimiza los costes asociados al fondeo en la bocana durante la espera para atracar. Por otra parte, no olvidemos que absolutamente todo el cemento saldrá de los hornos de clinker del grupo Masaveu. Total: un regalo carísimo y ecológicamente letal que los asturianos hacemos a tres grandes grupos oligárquicos sin contraprestación ninguna”

De todo lo relatado hasta ahora, se deduce que el informe de la OLAF de febrero del 2014 sobre las presuntas irregularidades en las obras de ampliación del puerto de Xixón, algunas con posible relevancia penal, es la pieza clave sobre la que gravita el “caso Musel”. Un informe que salió a la luz pública en abril del año 2014 y al que El País se referíael 12 de abril de ese año con el siguiente titular: “La UE reclama 250 millones por precios inflados en la obra del puerto de Gijón”. Ahora el diario madrileño guarda un silencio sepulcral sobre el desarrollo del juicio en la Audiencia Nacional.

Pero, ¿qué dice realmente la OLAF y qué irregularidades detecta en la ampliación del puerto de El Musel? No resulta fácil resumir un informe prolijo de 342 páginas, pero haremos un esfuerzo de síntesis, confiando en ser los más fieles posibles al contenido del mismo.

1. Irregularidades que se habrían cometido  en la preparación y ejecución del contrato

– La introducción de una cláusula en el pliego de prescripciones técnicas del contrato que permite al adjudicatario de la obra acogerse a un acuerdo previo entre la Autoridad Portuaria de Xixón y HC para extraer los materiales (piedra) de la cantera de Aboño, mediante la firma de un contrato trilateral posterior a la adjudicación del contrato de obra, en el que se fija un canon de explotación y en el que asume la responsabilidad en caso de aumento del precio de los materiales, vulneraría gravemente el pliego de cláusulas administrativas del contrato  en dos extremos: en primer lugar, en cuanto que dicho pliego establecía que el importe de la adjudicación estaba cerrado y no podía aumentarse durante la ejecución del contrato; y, en segundo lugar, en cuanto que el pliego establecía que la ejecución de las obras se haría a riesgo y ventura del contratista (la Autoridad Portuaria asumiría ilegalmente la responsabilidad de pagar a HC el aumento de gastos por la extracción de materiales de la cantera de Aboño)

– La referida cláusula sobre la utilización de la cantera de Aboño supondría un trato de favorhacia HC claramente ilegal y discriminatorio respecto de los propietarios de otras canteras. Y ello, por la razón de que la redacción de esta cláusula incitaría al adjudicatario de la obra a contratar con HC la extracción de materiales en la cantera de Aboño, ya que tenía asegurado que si se incrementaban los precios el sobrecoste lo asumiría la Autoridad Portuaria de Xixón, circunstancia que no sucedería si se utilizasen materiales de otras canteras.

– Pero, además, dicha cláusula conllevaría un trato desigual claramente ilegal de las ofertas de los licitadores. Los licitadores en cuya oferta se incluía la extracción de materiales de la cantera de Aboño – caso de la UTE Dique Torres – podían descontar el importe del canon de explotación de su oferta, pues la determinación de este se hacía con posterioridad a la adjudicación del contrato, mientras que los licitadores que incorporaban en su ofertas a otras canteras debían incluir el precio íntegro del material, incluido el canon de explotación.

– Además, la celebración de un contrato con HC, sin licitación pública, con posterioridad a la adjudicación del contrato de obra, que afectaba a un elemento esencial del mismo como es el precio,vulneraría los principios más elementales de publicidad y concurrencia en la contratación pública.

– La modificación del contrato por importe de 216.314.095 euros (sin IVA) supondría una modificación sustancial del objeto y del precio del contrato inicial que tampoco se encontraría justificada.

2. Irregularidades y fraudes con respecto al gasto declarado
El informe dela OLAFrelaciona una extensa serie de irregularidades y fraudes con respecto al gasto declarado y al control del mismo, de  los que destacamos los siguientes:
– La UTE Dique Torres tenía un contrato suscrito con canteras “Tudela Veguín”, firmado el 23 de junio de 2005, con el fin de extraer alrededor de 18 millones de toneladas de materiales de estas canteras (La Hoya y Peña María) sin contraprestación económica alguna directa, de lo que se derivaría que la utilización de este material supuso un sobrecoste injustificado facturado a la Autoridad Portuaria de Xixón que habría dado lugar a un aumento del beneficio de la UTE Dique Torres que no ha podido ser cuantificado dada la negativa de la empresa adjudicataria a que los investigadores de la OLAF pudieran acceder a su contabilidad.
– La ausencia sistemática de pesajes de los camiones en las canteras por el adjudicatario
– Los pesajes obligatorios que debían ser realizados en el lugar de las obras y que no fueron efectuados
– Indicios de falsas informaciones respecto al número de viajes efectuados por algunos camiones. Algunos registros de transportes efectuados estarían duplicados, es decir, el mismo camión en la misma fecha transportaría exactamente la misma cantidad de idéntico producto, el cual habría sido cargado en el mismo lugar y por el mismo transportista. Existirían un total de 88.765 viajes duplicados.

– Indicios de falsas informaciones respecto a los servicios prestados por camiones que

no trabajaban para las empresas mencionadas  como subcontratistas


– Ausencia de documentos de transporte y de contratos con las empresas subcontratadas de transporte

Debe tenerse en cuenta que el pliego de prescripciones técnicas del contrato establecía como obligaciones del adjudicatario (UTE Dique Torres), entre otras, la de realizar el pesaje de todos los vehículos que accedían al lugar de las obras y que cada pesaje debía constar con un ticket que incluiría fecha y hora, los detalles del vehículo, placa de matriculación, el tipo y la categoría del material, su lugar de origen y el peso, siendo obligación de la dirección de obra el control y vigilancia “in situ de los materiales.

Asimismo, debe advertirse que los materiales se debían pagar teniendo en cuenta los m3 del proyecto.

El juicio oral iniciado el pasado 16 de enero en la Audiencia Nacional, en el que están acusadas veintiún personas, cuatro ex altos cargos de Puertos del Estado y diecisiete directivos de la UTE adjudicataria de las obras, por la comisión de posibles delitos de prevaricación y fraude, continúa su curso, pendiente de uno de los momentos más relevantes y decisorios: la declaración de los peritos, entre ellos los inspectores de la OLAF autores del informe y las funcionarias de la Intervención General del Estado que también constataron una extensa serie de irregularidades.

Puerto de El Musel. Foto: Luis Sevilla.

El informe de la Intervención General del Estado, emitido en el año 2015, dentro del proceso de instrucción dirigido por el Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional, y ampliado en el 2017, se calificaba como demoledor en las  crónicas de La Nueva España y El Comercio referidas al mismo el 21 y 23 de junio de 2015, destacando sobre su contenido:

– El Puerto y la UTE habrían acordado en una reunión de junio de 2006 ocultar los sobrecostes hasta después de las elecciones de 2007 y demorar su tramitación administrativa. Los sobrecostes se comenzaron a pagar en abril de 2006, pero fueron aprobados por el Consejo de Administración del Puerto en diciembre de 2007.

– La oferta que resultó adjudicataria debía de haber sido excluida por vulnerar la legislación sobre contratación pública, dado que modificaba los precios de licitación de parte de las unidades de obra y también incluía unidades de obra (trabajos) no previstos en la licitación.

– La valoración de las ofertas con “ausencia de metodología común” o con criterios de valoración diferentes  respecto a los mismos aspectos.

Unas consideraciones que, en buena medida, vino a confirmar el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre la ejecución del proyecto de ampliación del puerto de El Musel, aprobado el 30 de junio de 2016, en el que se incluyen, entre otras muchas, las siguientes conclusiones:

-Que las perspectivas de crecimiento previstas para justificar la ampliación del puerto no se habían cumplido, ni en el tráfico total de mercancías, ni para ninguno de los tráficos, destacando la caída constante en el tráfico de los graneles líquidos cuando las previsiones eran de un elevado crecimiento hasta el ejercicio 2011. Adicionalmente, tampoco se cumplieron las previsiones temporales de ejecución de las obras, produciéndose un retraso de 3 años en la puesta en funcionamiento y desviaciones del 112% en el coste de la inversión prevista, desde los 356.000 miles de euros hasta los 754.809 miles.

– A 31 de diciembre 2010, el sobreprecio abonado por la Autoridad Portuaria de Gijón a la UTE por las modificaciones fue de 142.440 miles de euros (IVA excluido), de los que 132.952 miles (el 93%) se debieron a los incrementos y/o suplementos de los precios de los materiales procedentes de las canteras. La alteración de los precios previstos en el proyecto de los materiales procedentes de las canteras no resulta conforme con las estipulaciones del contrato ya que la responsabilidad de la elección de las fuentes de suministro era exclusivamente del contratista y fue, precisamente, las canteras que ofertó la UTE uno de los principales motivos por los que resultó adjudicataria, junto con la reducción del plazo de ejecución que, a la vista de los resultados, tampoco fue respetado. Además, la ausencia de un riguroso control de los camiones que transportaban el material desde las canteras a la obra resulta de especial relevancia, puesto que los suplementos de precios que se abonaron por unidad de m3 colocada, estaban directamente relacionados con la procedencia de los materiales

-Las desviaciones en las previsiones de tráfico portuario, el incremento del coste de las obras de ampliación y, por ende, del nivel de endeudamiento de la Autoridad Portuaria, revelan defectos en la concepción y la ejecución de la ampliación del Puerto de Xixón.

Entre la tibieza del seguimiento por parte de los medios asturianos y el mutismo total de los estatales, a derecha e izquierda, el juicio avanza. La verdad judicial sobre las posibles responsabilidades penales del “caso Musel” se conocerá, seguramente, este mismo año.

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