El sistema educativo español cuenta con tres modalidades de centros: públicos (financiados por el Estado), concertados (de titularidad privada pero subvencionados por el Estado) y privados (funcionan en régimen de mercado) que cobran al alumnado y, por tanto, solo están al alcance de las familias con mayores recursos económicos. La educación privada no es para pobres. Coto cerrado de la clase dominante, en ella no se admiten individuos que no se sientan cómodos en un baile de debutantes.
Con una red educativa construida sobre estas bases, era obvio que lo público y lo privado estarían siempre en tensión dialéctica. Las cifras no mienten.
Según datos de la OCDE, en el Estado español en los centros púbicos la mayoría del alumnado proviene de entornos socioeconómicos medios (60%), humildes (33%) o con muy pocos recursos (7%). En los privados y concertados, la composición es muy diferente, la mayoría proviene de entornos acomodados (65,4%), clases medias (27,1%) y minorías desfavorecidas (7,5%). Los centros públicos acogen casi en exclusiva al alumnado de clase baja, mientras que en los privados se concentran prácticamente todos los estudiantes con más recursos. Dicho de otro modo, los ricos con los ricos y los pobres con los pobres.
Según un estudio de Murillo y Garrido realizado con los datos de PISA 2015 sobre la magnitud de la segregación escolar atendiendo a criterios socioeconómicos, España es el sexto país más segregador de la Unión Europea, con un índice Gorard de 0,38. Esto significa que el 38% de los estudiantes tendrían que cambiarse de centro para lograr una distribución igualitaria. La Comunidad de Madrid es la región que más segrega, solo superada en la UE por Hungría. Si miramos el 10% de estudiantes con más recursos, el índice es de 0,46, lo que nos habla de una segregación en el sistema educativo español, especialmente por arriba. Las comunidades con mayores tasas de elitización son Canarias, Asturias y la Comunidad de Madrid. También Save the Children en un informe elaborado a partir de PISA 2018 alertaba de que España es uno de los países europeos con más colegios gueto (aquellos que presentan una concentración superior al 50% de alumnado con bajos recursos), uno de cada diez centros educativos lo son y nueve de cada diez son públicos.
“España es uno de los países europeos con más colegios gueto”
Además, las distintas formas de segregación se solapan, agravando el problema. Los centros educativos con alta concentración de alumnado socioeconómicamente desfavorecido acogen también mayor proporción de alumnado con dificultades de aprendizaje y de origen migrante con problemas con la lengua de escolarización.
Esta segregación escolar es el resultado de varios factores: la segregación residencial, la libre elección de centro que favorece a las familias con mayor nivel socioeconómico, que son las que realmente pueden elegir, y la existencia de una red privada que compite con la pública. Según cifras ministeriales en España hay 19.155 centros públicos de enseñanza no universitaria y 9.315 privados o concertados. Es decir, casi la mitad de los centros de enseñanza son privados, no cubren las zonas rurales donde el servicio es más caro y, además, segregan.
Queda claro que a medida que la clase social es superior la elección del centro educativo suele ser concertado o privado. Cuanto más baja sea la clase social y menos capital cultural tengan las familias, más posibilidades de acudir a un centro público. ¿Por qué los privilegiados prefieren enviar a sus hijos a la escuela privada (incluyendo la concertada)? ¿Se basa esta conducta en aspectos estrictamente académicos?
La razón podría ser la calidad de la educación, sin embargo, en los centros privados y concertados el profesorado no ha pasado una oposición, los docentes tienen mayor carga lectiva, perciben un menor salario y las ratios son más elevadas que en los públicos. Por tanto, el sentido común nos empuja a desestimar esta explicación.
¿Podrían ser los mejores resultados académicos la respuesta? Si se observan las estadísticas en bruto, los resultados son peores en la red pública, pero el neto pone las cosas en su sitio. El Informe Coleman ya demostró en 1966 que hay una estrecha relación entre el estatus socioeconómico y los resultados académicos. La OCDE también lo sabe y por eso introduce el factor Índice Social, Económico y Cultural (ISEC). Descontando el efecto de esta variable los resultados son parejos e incluso favorables a los centros públicos. Otra vía muerta.
Los centros privados y concertados en España son confesionales católicos mayoritariamente, mientras que los públicos son aconfesionales. ¿Podría ser la religión la razón por la que las familias de este credo quieren que sus hijos sean educados en estos centros? Como han demostrado Roberto Fernández Llera y Manuel Muñiz Pérez entre otros, este dato no es relevante en el proceso de elección de centro, puesto que tanto los centros públicos como los privados tienen un porcentaje de familias creyentes no practicantes muy similar, y aunque las diferencias aumentan en el caso de creyentes practicantes, este dato solo daría cuenta de una cuarta parte su alumnado. Cifra que no parece muy importante y que pierde peso, al considerar que en los colegios públicos el 15,8% de las familias también son creyentes practicantes, según el estudio de estos autores. Por lo que la importancia cuantitativa que se quiera atribuir a este criterio es aún menor que esa cuarta parte.
Si la calidad de la educación, los resultados académicos o la adscripción religiosa de esos centros no parecen ser causas decisorias para mandar a sus hijos o hijas a una escuela privada, tiene que haber otra razón. Los privilegiados han luchado y lucharán para mantener sus reservas de poder. Para ello, moldean las leyes, se casan entre ellos, despliegan redes clientelares, frecuentan los mismos espacios de sociabilidad formal e informal, y, cómo no, se educan en los mismos colegios. Para esta minoría privilegiada, la escuela es un medio más dentro de sus complejas estrategias de reproducción social. El sistema escolar les es útil en tanto que permite acceder a información, recursos y prestigio. Esto es así ahora y hace trescientos años, cuando las casas nobiliarias manejaban una suerte de “cuadernos de amistades” que debían guiar a los ricos herederos en sus años universitarios recomendando con quién juntarse y a quién evitar.
De ahí la importancia de este currículo oculto, unas normas y unos valores compartidos que sirven de límites o fronteras con respecto a los-otros-que-no-son-ellos, la “famélica legión”. Parafraseando a Simmel, para que una élite de poder pueda ser efectiva debe ser abarcable para todos sus individuos. Es decir, éstos tienen que conocerse unos a otros personalmente, de manera que los parentescos, las relaciones y los cruzamientos se ramifiquen por toda la estructura social. Weber y su concepto de cierre social redundan en esta idea: siempre ha habido una pulsión excluyente por parte del grupo privilegiado para asegurarse una posición hegemónica a expensas de otros grupos.
A estas alturas ya podemos deducir que son los contactos y no la religión la razón por la que las élites se entremezclan en Los Robles, Peñamayor, El Pilar, Los Rosales, San Patricio o Mater Salvatoris. Centros educativos que son, más que ninguna otra cosa, rutas de acceso a los puestos de privilegio y poder. Circuitos paralelos por los que transitan los hijos de la clase hegemónica. Lo llaman igualdad de oportunidades y meritocracia cuando en realidad quieren decir capital heredado (económico, simbólico, cultural y social).
¿Qué hay de cierto en la promesa de igualdad del actual sistema educativo? Nada. Mediante normas o mecanismos aparentemente neutrales, conviven dos modelos contrapuestos de socialización educativa: guetización y elitización. En el primer caso, se agrupan estudiantes en determinados centros, por su origen nacional, su etnia o su nivel económico y, en el segundo, siguen existiendo escuelas que blindan y legitiman las estrategias de reproducción social de las élites, perpetuando una estructura desigual bajo la apariencia de igualdad. El sistema contribuye a cimentar lo que dice combatir. Igualdad de iure, segregación de facto.
Una escuela de todos y todas y para todos y todas nunca ha entrado en los planes de los dueños de la Historia. Hay cosas que no cambian: unos bailan y otros barren los despojos de la fiesta.
