El Gobierno de Asturies ha aprobado este viernes un gasto de más de 644 millones de euros para sostener durante los próximos seis cursos el funcionamiento de las unidades escolares concertadas con 65 centros educativos privados de la comunidad.
Del total, 566,5 millones se destinarán a gastos de personal y los 77,5 restantes, a cubrir costes de funcionamiento, según el acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado este viernes en Infiesto, que ha distribuido el gasto a lo largo de siete años.
Para el próximo curso, la aportación será de casi 35 millones de euros, mientras que el siguiente se incrementará de forma sustancial y superará los 101 millones de euros, uno cuatro millones menos de los que recibirán los centros concertados en el curso 2025-2026.
La aportación para el siguiente curso académico será de casi 107 millones de euros, dos millones menos de los asignados para el año académico 2027-2028, mientras que para los dos restantes las partidas será de 112,7 y 74,8 millones de euros.
Tras presidir en Infiesto la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado esta medida, el jefe del Ejecutivo, Adrián Barbón, ha señalado que esta decisión refleja que se ha hecho “un buen trabajo” que demuestra que su gabinete trabaja “con rigor y con sensatez” y el resultado es una importante movilización de recursos para los próximos seis años.
La Consejería de Educación constituyó a principios de marzo una comisión de conciertos, formada por representantes de la propia administración autonómica, la patronal, las organizaciones sindicales con mayor peso y las familias que se ha encargado de fijar todo el procedimiento de renovación y de elaborar el calendario correspondiente.
Asturies cuenta con 65 centros privados con conciertos en vigor y todos ellos han presentado petición formal de renovación, y para conseguirla están obligados a respetar el criterio de coeducación y a no segregar al alumnado por sexo.
Para plasmar su compromiso con estos principios, los centros han tenido que redactar una declaración responsable.
El Principado parte del planteamiento de que la educación pública y la privada deben asumir de manera equilibrada la bajada de alumnado por el descenso de la natalidad y con este fin ha elaborado una propuesta de renovación de conciertos “basada en datos objetivos y que cumple escrupulosamente con la normativa”, informa el Principado.
El procedimiento se encuentra ahora en fase de revisión de alegaciones, tras haber concluido esta semana el plazo para presentarlas.
Los conciertos podrán modificarse durante ese sexenio de vigencia como consecuencia de la alteración del número de unidades, por necesidades de escolarización u otras circunstancias.
