Después de muchos años en el olvido, la política industrial ha vuelto a situarse en el centro del debate político. La necesidad de descarbonizar la economía, la pandemia, una guerra en los márgenes europeos que ha supuesto un shock para la locomotora alemana y una guerra comercial entre China y EEUU que tiene a Europa como daño colateral, han forzado recuperar un debate en el que ni el PSOE ni el PP terminan de sentirse cómodos, algo natural cuando han sido copartícipes vía Europa de la pérdida de peso de la industria en el PIB español.
Como decíamos, la pandemia, la invasión de Ucrania y la guerra comercial nos dejan en una situación delicada. Por una parte, China es un mal enemigo, una especie de Eddy Merckx que canibaliza todo; una dictadura comunista que usa el capitalismo mejor que su creador original. Por otro lado, EEUU no ha dejado de hacer los deberes; su hegemonía como superpotencia militar no está en entredicho, pero en el aspecto económico hace tiempo que ve cómo China le pisa los talones y, en consecuencia, ha reaccionado con la “Inflation Reduction Act” (IRA para los amigos), que supone, por un lado, confirmar que el globalismo tal y como lo conocemos ha muerto y, por otro, saber que EEUU no va a entregar la cuchara sin luchar. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la inflación en EEUU a través de un paquete de ayudas sin precedentes a la transición energética (430.000M$).
Esta ley ha pillado a Europa fuera de juego y ha elevado la tensión diplomática con la administración Biden por supuestas violaciones de las leyes de comercio internacional, en cuanto la nueva ley ofrece ayudas fiscales a condición de que los componentes verdes se fabriquen en Norteamérica, lo que en la práctica puede suponer un éxodo de inversiones y empresas europeas a la tierra de la libertad (y el proteccionismo).
Esta situación límite, que no parece tener hueco en los debates electorales porque Europa, a España, siempre nos ha pillado lejos, ha provocado que Europa saque su propia iniciativa, la Net Zero Act, con el objetivo de que la capacidad de fabricación estratégica de tecnologías de cero emisiones netas de la UE alcance el 40 % de las necesidades europeas en 2030. Eso sí, como en todo, lo importante son los detalles y aquí la movilización de dinero es menor que la americana, con lo que eso conlleva. Las trabas burocráticas también son mayores y, además, queremos jugar al libre mercado cuando tus adversarios que son quienes han inventado el juego se han sacado una nueva versión con reglas adaptadas. Para que nos entendamos todos, jugamos contra alguien más guapo, más alto y con las cartas marcadas. Así que pinta mal.
Pero como eso no está en nuestra mano y aquí venimos a hablar de mi libro, vamos a centrarnos en Asturias, y que va a suponer la repetición de Adrián Barbón como presidente del Principado para las políticas de transición energética, ecológica e industrial que esta tierra tiene que acometer en esta legislatura. Asegurada la entrada de Convocatoria por Asturies en el gobierno veremos si el peso de Más Asturies puede influir en esas necesarias políticas que nuestra industria necesita.
En primer lugar, debemos acelerar la adopción de energías renovables, pero también abordar el impacto social. No podemos permitir que el miedo, el desconocimiento y el descontrol generen la percepción de que las zonas receptoras se verán afectadas negativamente por la transición energética. El cambio de modelo energético nos da la oportunidad de corregir desigualdades y vertebrar el territorio, de modo que las comunidades locales se beneficien de estas tecnologías, evitando la sensación real o inducida de ser simplemente zonas de extracción energética para el beneficio de ciudades o industria. Para ello, propongo desarrollar un Código de buenas prácticas administrativas que agilice la tramitación de proyectos renovables cumpliendo una serie de ítems.
Estas buenas prácticas pueden ir vinculadas a limitaciones de ocupación territorial por municipio, participación ciudadana en los grandes proyectos, tanto en su desarrollo como en el beneficio, impulso al autoconsumo y comunidades energéticas, o la obligación de comunicación previa a los ayuntamientos para evitar que las corporaciones locales se enteren por la prensa de los proyectos a desarrollar en sus concejos. Además, y estratégicamente más importante, si una empresa quiere llevar un proyecto renovable a un territorio, debería sentarse y escuchar a la comunidad. Tanto el ayuntamiento como agricultores, ganaderos, ecologistas y otras empresas afectadas deben abrir un diálogo donde den a conocer de primera mano cuáles son los problemas y necesidades de la zona. Se debe explicar con pedagogía cuál es el impacto, los beneficios y la participación necesaria para llevar a buen puerto estos proyectos, así como las exigencias medioambientales y cómo se van a respetar los derechos de los vecinos y la biodiversidad. This is the way.
Como segunda propuesta y complementaria a la anterior, la creación de un Fondo Soberano Autonómico Inspirado en el Noruego, que se nutre de los ingresos derivados de la explotación petrolífera. He de matizar que he visto propuestas de crear un fondo similar a nivel estatal. Sin embargo, en caso de que se impulse ( ojalá) , creo que habría que complementarlo con fondos autonómicos que fomenten una competencia saludable entre territorios. Este fondo debería financiarse mediante impuestos, concesiones y licencias, pero también con la propia inversión pública. Así se conseguiría que las regiones con mayor porcentaje de renovables sean también las más beneficiadas de las acciones derivadas de los fondos. Algo que con un único fondo estatal sería más complejo debido a la necesaria distribución más o menos homogénea de sus actuaciones. Sería importante agregar herramientas que permitan una mayor capacidad de maniobra a las entidades locales que, como decíamos antes, son simultáneamente el centro neurálgico del reto Net Zero y las grandes olvidadas en el proceso algo que sucede tanto por parte de la administración como de las grandes empresas.
A modo de ejemplo, en Xixón existe desde hace años un fondo de capital riesgo dotado con 5 millones de euros de financiación íntegramente municipal, destinado a invertir en proyectos empresariales de base tecnológica que fomenten actividades de I+D+i. El que suscribe ha intentado sin éxito impulsar la creación en paralelo de otro fondo orientado a proyectos relacionados con la transición energética y la descarbonización . Pero como digo, lo importante es que las posibilidades están ahí. Solo se necesita voluntad política para llevarlas a cabo.
La realidad es que necesitamos una transición energética aún más rápida que nos permita mantener la temperatura del planeta en términos compatibles con la vida. Sé que pensar en la salvación del planeta es algo demasiado abstracto como para que todo el mundo se sienta interpelado por ello, pero es que como bonus, esta transición supondrá para España (si la política no lo estropea) un salto de gigante en términos económicos. Los próximos años gracias a nuestro potencial solar y eólico y a nuestro espléndido aislamiento energético con el resto de Europa (recordemos el tope del gas y la excepción ibérica), los precios de la energía serán más bajos en la península que en Europa. Aunque las interconexiones crecerán, lo harán a menor ritmo que nuestra capacidad de instalar renovables. Esto supondrá que en un contexto de guerra comercial mundial con China y EEUU, y una estrategia europea de relocalización de la cadena de valor renovable y reindustrialización verde, España será receptora neta de una industria que busca precios competitivos para no perder cuota de mercado en un mundo en tensión. Los futuros de la energía nos dicen que, de momento hasta 2030, España y Portugal proporcionarán la competitividad necesaria para que Asturias haga una transición energética hacia una industria verde que cree empleo de calidad y atraiga inversiones a una región que ya goza del know how necesario para este reto.
