La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró este miércoles que la intención del Gobierno actual es estudiar con las comunidades autónomas una “fórmula” permanente para gravar a las grandes fortunas con el objetivo de que aporten en una “medida proporcional” a las arcas públicas.
Así lo expresó en declaraciones a los medios tras ser preguntada por la recaudación de 623 millones obtenida este año por el impuesto temporal sobre las grandes fortunas y sobre la posibilidad de que el Ejecutivo haga permanente este gravamen, que por ahora está establecido para 2023 y 2024.
“Tenemos que estudiar su rendimiento y queremos hacerlo además al albur también del debate sobre la financiación autonómica porque los gravámenes sobre la riqueza y el patrimonio están expresados en diferentes figuras y tenemos que tener la capacidad entre todos de dialogar cuál es la manera más eficaz de hacer que esa fortuna pague”, dijo antes de exponer las prioridades de la presidencia española de la UE ante la comisión de Desarrollo Regional de la Eurocámara.
En esta línea, afirmó que “hasta que produzca este debate se mantendrá” el impuesto temporal de solidaridad y una vez que se haya hecho el análisis “tendrá que arrojar que las grandes fortunas tienen que aportar en la medida proporcional que están haciendo el resto de las rentas”.
“Con una u otra fórmula tendremos que ser capaces de mantener esa recaudación más allá de que elijamos una fórmula como la que tenemos o también demos participación a las comunidades autónomas sin que se pueda producir vaciamiento normativo”, subrayó la titular de Hacienda en funciones.
Con respecto a la recaudación de 623 millones del impuesto de solidaridad conocida este miércoles, Montero dijo que es un “buen dato” que representa un “objetivo político cumplido”, puesto que la intención era que “se respetara” la “proporcionalidad” en el pago de impuestos y el “principio constitucional” de que “el que más tiene, más tiene que pagar”.
“El hecho de que el Gobierno de España haya legislado en este sentido está posibilitando que viva donde viva una persona que está por encima de esos 3 millones de euros contribuya en alguna medida a financiar los servicios públicos y por tanto que no sea la clase media de nuestro país la que soporte una mayor carga fiscal”, defendió.
La ministra de Hacienda argumentó además que la recaudación obtenida haya sido la mitad de lo esperado por el hecho de que la estimación que se había hecho se basaba en el supuesto de que aquellas comunidades que tuvieran algún gravamen similar lo hubieran “prácticamente eliminado”.
En ese caso, explicó, se podrían haber recaudado hasta 1.400 millones, pero “ha habido comunidades autónomas que afortunadamente han mantenido sus figuras fiscales” y, en consecuencia, la recaudación no ha alcanzado su “potencial máximo”.
Por último, con respecto al recurso contra este impuesto que está valorando el Tribunal Constitucional, Montero recordó que se admitió a trámite “sin suspensión cautelar” porque “el Tribunal no cree que se esté vulnerando ningún principio fundamental”.
Sobre el fondo, afirmó que el Gobierno está “convencido” de que el gravamen “sigue absolutamente las competencias estatales” y “no va a tener ningún problema con el resto de figuras”.
