Movilidad: zona radiactiva en el gobierno Moriyón

La caída del recursos contra la sentencia del TSJA provoca una gran anomalía en materia de movilidad que podría conllevar sanciones del Estado.

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Víctor Guillot
Víctor Guillot
Víctor Guillot es periodista y adjunto a la dirección de Nortes. Ha trabajado en La Nueva España, Asturias 24, El Pueblo de Albacete y migijon.

El PSOE toma protagonismo después de estos últimos 100 días de gobierno de coalición entre Foro, PP y Vox. Esta semana solicitará la comparecencia del concejal de Movilidad, Pelayo Barcia, para que defina en qué estado se encuentra la política de movilidad y medioambiente en la ciudad tras los tres primeros meses de gobierno. Como decíamos la semana pasada, las Zonas de Bajas Emisiones se han convertido en Zonas Políticamente Radiactivas. La zona oeste, La Calzada, fue una zona que había que conquistar políticamente hace tres meses en unas elecciones. De aquella conquista hoy se desprende también el desbarajuste normativo que hay en la ciudad en materia de Movilidad.

El Gobierno municipal dejó caer el recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias hace unos meses, sentencia que declaró ilegal la ordenanza de Movilidad firmada por el ex concejal Aurelio Martín en el pasado mandato y que fue recurrida antes de que se celebraran las elecciones del 28 de mayo por Ana González. La norma reglamentaria que reordenaba la movilidad de Gijón conforme a los criterios de la Ley del Cambio Climático y la Ley de Movilidad Sostenible del Principado fue declarada ilegal por el Tribunal Superior al entender que carecía de una memoria económica suficientemente detallada.

Pelayo Barcia. Concejal de Foro.

La caída del recurso planteado por el anterior gobierno de Ana González sitúa a Gijón en una zona política y jurídicamente radiactiva. Automáticamente, pasa a ser otra ciudad más sin una ordenanza municipal adaptada a los criterios comunitarios en materia medioambiental. La anomalía jurídica proviene del Plan de Movilidad amparado bajo aquella norma que, en estos momentos, ya sólo podría estar justificado por la anterior ordenanza de 2002 y que estuvo en vigor hasta 2022. Dicha ordenanza norma fue aprobada y derogada por la siguiente y, obviamente, no contempla los objetivos de la Agenda 2030, provocando un desacople jurídico y normativo en el ordenamiento jurídico local, regional y nacional que hará muy difícil su cumplimiento.

José Ramón Tuero, del PSOE, Laura Tuero, de Podemos-Equo, y Aurelio Martín, de IU, concejales del mandato anterior

Esta distorsión jurídica entre la Ordenanza de 2002 y el Plan de Movilidad de 2022 podría dar al traste con los requerimientos establecidos por la UE y está por establecerse con suficiente certeza si podrían derivarse sanciones desde el Ministerio de Transición Ecológica o desde el Ministerio de Transportes. La nueva ordenanza había convertido hasta la fecha al municipio en uno de los mascarones de proa del municipalismo español adaptado a las necesidades consensuadas por la emergencia climática en Europa, pero también ha sido una de las causas por las que el PSOE perdió un buen puñado de votos en las últimas elecciones locales. La Zona de Bajas Emisiones de la Calzada fue objeto de confrontación entre el grupo municipal anterior y la dirección política socialista que salió de su último congreso, hace más de un año.

La política medioambiental de la ciudad fue la médula espinal del gobierno anterior y se ha convertido en una zona políticamente radiactiva. Lo hemos venido diciendo en NORTES desde hace tiempo. La situación jurídica en la que quedará la ciudad deberá ser bien argumentada por Barcia en el próximo pleno de octubre si no quiere quedar desautorizado por los hechos. Si el gobierno de Carmen Moriyón busca estabilidad y seguridad jurídica, aquí tiene un reto importante que deberá resolver con sus socios de gobierno.

Es difícil pensar que Pelayo Barcia se atreva a jugarse un mandato asumiendo sanciones con tal de mantener un desastre jurídico sólo por mantener el orgullo político de su organización. Quizá la negociación con otros grupos municipales (y no me refiero a sus socios) se imponga para reactualizar la ordenanza de 2002 y no dejar caer el Plan de Movilidad aprobado en el pasado mandato en el vacío jurídico. No está demás recordar que el Secretario de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, afirmó en la entrevista que celebramos juntos en julio que estaría dispuesto a pactar con el gobierno de Moriyón siempre que se respetaran sus planteamientos. En aquel momento, podría pensarse que el Secretario de la Agrupación Socialista de Gijón se estaba refiriendo a unos Presupuestos Municipales, pero quizá es oportuno comenzar a pensar que las negociaciones con PSOE o, quien sabe, con IU, se podrían estar anticipando. Estaremos atentos.

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