El Gobierno asturiano ha recordado este miércoles que tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como los más prestigiosos hacendistas de España han avalado la continuidad de la aplicación del impuesto de sucesiones, un tributo cedido a las comunidades autónomas que están apostando en muchos casos por su eliminación.
El Ejecutivo autonómico ha trasladado esta reflexión tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, de cuyos acuerdos no se ha informado, a través de un comunicado en el que apela a la responsabilidad fiscal de las comunidades dado que resulta “incoherente” que un territorio que reduce voluntariamente su capacidad recaudatoria exija después compensaciones al sistema de financiación.
En el caso del Impuesto de Sucesiones, el Gobierno recuerda que la OCDE advirtió de que, desde una perspectiva de equidad, y particularmente si está dirigido a transferencias de riqueza relativamente altas, “puede ser una herramienta importante para mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la concentración de riqueza”.
En línea similar se pronunciaron los principales hacendistas españoles en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria de 2021 al igual que ya lo habían defendido en el informe para la reforma del sistema de financiación autonómica de 2017 y el estudio coordinado por Manuel Lagares en 2014.
En este sentido, recuerda el Gobierno, en Asturies, donde se aplica un mínimo exento de 300.000 euros a las herencias en línea directa, la inmensa mayoría de las personas herederas en línea directa no tributan por el impuesto de sucesiones de forma que, según los cálculos de la Consejería de Hacienda, el porcentaje se limita al 0,69% y alcanza únicamente a las herencias más cuantiosas.
Además, la normativa asturiana bonifica al 99% el pago del impuesto de sucesiones en la empresa familiar, beneficio que también se aplica al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Así, los tributos que más afectan a la actividad empresarial (en concreto, sociedades y el IVA) son de titularidad estatal y la normativa vigente impide a las comunidades autónomas modificar la fiscalidad empresarial con el fin de garantizar la unidad de mercado.
Para el Principado, la suficiencia de recursos es imprescindible para asegurar el buen funcionamiento de la sanidad, la educación y los derechos sociales, pilares del estado de bienestar y garantía última de la igualdad real de oportunidades entre la ciudadanía por lo que considera irresponsable que se desboque la carrera de rebajas fiscales atizada por otros Ejecutivos autonómicos.
En este sentido, el Gobierno presidido por Adrián Barbón ha advertido de que la carrera de saldos fiscales entre comunidades “erosiona el estado de bienestar y, con él, la igualdad real entre la población española” y ha reiterado su apuesta por una armonización tributaria que evite esta competición tributaria a la baja, “que solo favorece a las autonomías más ricas”
Para el Ejecutivo asturiano, los recientes anuncios hechos por varios gobiernos autonómicos sobre nuevas rebajas fiscales, tanto en el impuesto de sucesiones y donaciones como en el de patrimonio, tienen especial relevancia cuando está previsto abordar la revisión del sistema de financiación autonómica en esta legislatura.
A su juicio, y en la línea del pacto alcanzado el pasado mandato en la Junta General entre todas las fuerzas parlamentarias salvo Vox, el nuevo modelo debe garantizar la equidad en la prestación de servicios en todo el Estado, sea cual sea el lugar de residencia.
De esta forma, reclama que el número de habitantes no puede ser el criterio exclusivo en la distribución de recursos sino que debe aumentarse la ponderación de otros factores como el porcentaje de población envejecida, la dispersión o la orografía, planteamientos que Asturies comparte con Galicia, Cantabria, Castilla y León o Castilla-La Mancha.
